¿Encuestadores fallidos?

El plan original incluía a Zacatecas en el segundo grupo, determinado por la Comisión Nacional de Elecciones, para levantar las encuestas de evaluación que definirían a los coordinadores estatales para la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

El primer filtro, una encuesta telefónica, para depurar la lista de aspirantes para la que el diputado pevemista Carlos Puente y la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre tuvieron pase automático y quedó descartado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Los sondeos previos marcaban dos punteros: el diputado Ulises Mejía y la senadora Verónica Díaz. Los encuestadores del CEN morenista y dos firmas contratadas para levantar las “mediciones espejo” salieron a campo, durante la primera quincena de agosto.

Sin saber el resultado, el legislador zacatecano presentó una queja ante la más alta instancia, sustentada con “evidencia irrefutable”, que demostraba que los simpatizantes de Díaz habían obtenido la ubicación de los puntos de levantamiento —el diseño muestral es competencia de la Comisión partidista— y habían promovido la imagen de la parlamenta, exsecretaria del bienestar y exdelegada estatal de los programas federales.

Mejía exigió que el ejercicio demoscópico fuera repuesto. Y le fue concedido. También, la casa encuestadora que hizo el nuevo ejercicio, del que salieron los 10 indicadores que componen la evaluación y que ganó Díaz, aunque con una diferencia mínima.

En vez de respaldar a la designada para coordinar las fuerzas morenistas en Zacatecas, Mejía ha pedido un “careo de encuestas” sin entender un factor determinante: en las entidades catalogadas de alta competitividad por la directiva encabezada por Ariadna Montiel, se privilegiará a las mujeres.

Para el 2027, MORENA postulará al menos una decena de mujeres. En Nuevo León y Nayarit, las aspirantes registraron empate técnico.

Mejía regateó su apoyo a Vero Díaz y por la misma ruta decidió avanzar Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia de Tlaxcala capital, quien cuenta con mediciones en las que supera —aunque estaría en empate técnico, por el margen de error—a la senadora Ana Lilia Rivera.

Ambos podrían reclamar un premio de consolación… o escuchar el canto de las sirenas. A diferencia de Mejía, el alcalde tlaxcalteca ha optado por un ruidoso silencio y Raúl Morón, aspirante que compitió por la nominación en Michoacán arropado por un agrupamiento denominado Participación Popular de Michoacán, impugnó la nominación de Carlos Torre Piña ante instancias partidistas.

“Hasta que resuelvan podremos considerar concluido el proceso interno de Morena”, advirtió Morón, exalcalde de Morelia y exdirigente de la CNTE. Esa corriente magisterial puede presumir de haber obtenido una de las 17 coordinaciones en disputa, con la nominación de Elí César Cervantes Rojas en San Luis Potosí.

¿Una docena de candidatas morenistas en el 2027? La postulación de la senadora pevemista Jasmine Bugarín en Nayarit corresponde al principio de paridad —el ganador de la evaluación fue el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana—, pero también hubo la decisión de apostar por una propuesta que ampliaría el espectro de votantes.

Dos pevemistas son coordinadores estatales (Bugarín y Gino Segura, en Quintana Roo) y el gran perdedor de este ejercicio sería el PT, cuya directiva insiste en otra ronda de encuestas, para validar las decisiones de la cúpula morenista.

Efectos secundarios

¿PARITARIOS? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió seis acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra reformas decretadas por los congresos de Durango y San Luis Potosí que imponían una alternancia obligatoria de género en las candidaturas a la gubernatura, tras considerar que excedieron su facultad legislativa al imponer una regla automática que definía de manera anticipada el género de la persona que debía ser postulada en cada elección, lo que podía excluir a personas de uno u otro género de la posibilidad de contender. La decisión no limita el principio de paridad de género ni las acciones afirmativas para impulsar la participación política de las mujeres, sino que exige que estas medidas se armonicen para garantizar y asegurar la participación de todas en condiciones de igualdad, la autodeterminación de los partidos y el pluralismo democrático.