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Río Colorado: el Acta 334 y un acuerdo social

OpiniónEl Economista

La firma del Acta 334 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) merece celebrarse. En una de las mayores crisis de escasez de agua en la historia del río Colorado, México y Estados Unidos preservaron la cooperación binacional y acordaron compartir severas reducciones de entregas durante 2027 y 2028. No es un logro menor en una cuenca en que los desacuerdos entre los siete estados estadounidenses obligaron al gobierno federal a tomar la iniciativa.

El Acta 334 prolonga la construcción institucional iniciada con el Acta 306 y llevada a una dimensión inédita por las Actas 319 y 323: reconocer al Delta y su ecología ribereña como parte de la agenda binacional. México y Estados Unidos siguen siendo los únicos países que han acordado destinar agua a un ecosistema compartido entre ambos mediante un acuerdo internacional. La nueva acta mantiene el Grupo Binacional de Trabajo Ambiental, compromete aportaciones iguales de México, Estados Unidos y las ONG de la Alianza Revive el Río para conservar sitios restaurados y sostener investigación científica y monitoreo, y permite que el agua ambiental continúe almacenándose en la Reserva de Agua Mexicana.

Es valioso que, aun con escasez extrema, ambos gobiernos hayan evitado retrocesos y escuchado a la coalición de organizaciones mexicanas y estadounidenses que restaura el Delta. La Sección Mexicana de la CILA merece reconocimiento. Su eficacia descansa en un modelo institucional que favorece el diálogo técnico, la continuidad de funcionarios experimentados y la comprensión de la perspectiva del otro lado de la frontera. Esta nace del diálogo permanente entre contrapartes y del conocimiento directo de los desafíos de ambos países: lo que es difícil conocer desde un escritorio en Washington o Ciudad de México se facilita en la frontera.

Pero también debemos leer con claridad lo que cambió. A diferencia de las Actas 319 y 323, el Acta 334 dispone que toda el agua necesaria para mantener los sitios restaurados sea aportada por la coalición binacional de ONG. Los gobiernos contribuirán al financiamiento, pero no a ampliar el programa. El resultado refleja la crisis hidrológica y —probablemente— la incertidumbre política derivada de la falta de acuerdo interno en Estados Unidos. Tampoco es secreto que nuevas iniciativas ambientales deberán esperar un contexto político federal más favorable en aquel país.

Sin embargo, no conviene construir una estrategia sobre esa expectativa. La alternancia puede abrir oportunidades, pero también cerrarlas. En México resulta cada vez más difícil imaginar que la autoridad decrete agua para el ambiente sin acordarlo antes con los agricultores del Valle de Mexicali.

La tarea de fondo es que el ambiente deje de percibirse como interés particular de un sector y se reconozca como condición de viabilidad regional. Agricultura, ciudades, industria y gobiernos necesitan suelos sanos, menores emisiones de gases de efecto invernadero, cultivos mejor adaptados y mercados diversificados, acuíferos funcionales y corredores ribereños capaces de conservar biodiversidad y moderar el calentamiento global.

A corto plazo, destinar al ecosistema apenas 0.5% del agua que utiliza la sociedad en toda la cuenca sería una meta modesta pero fundamental. No se trata de quitar agua a la producción, sino de integrar la naturaleza a un modelo de desarrollo más resiliente; forjar acuerdos voluntarios entre sectores que generen beneficios económicos sin minar el recurso natural para las generaciones futuras.

El Acta 334 mantiene abierto el camino y demuestra el valor de la coordinación y las instituciones. El siguiente paso no es negociar que los gobiernos entreguen agua al ambiente, sino trazar políticas que reflejen el reconocimiento de la sociedad que el ambiente es inseparable de cómo producimos, usamos el agua y concebimos el futuro común de esta región.

¹ El autor es fundador y socio director de Centro Luken de Estrategias en Agua y Medio Ambiente, y miembro de la Alianza Revive el Río Colorado.

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