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Resumen del Plan Nacional de Conectividad 2026-2030
José F. Otero | TIC y Desarrollo
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum transformó el marco institucional y regulatorio de las telecomunicaciones en México, abandonando el modelo establecido por la reforma constitucional de 2013 en favor de uno más centralizado pero orientado al usuario. La lógica del cambio es directa: si la fórmula anterior no produjo los resultados esperados, un Estado más activo podría impulsar la masificación tecnológica.
La estrategia gubernamental se articula en tres documentos complementarios. El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 (PND) define los principios rectores del gobierno bajo el concepto del "Humanismo Mexicano", con el ciudadano como beneficiario central y el Estado como garante de los derechos sociales. El Plan Nacional de Conectividad 2026–2030 (PNC) traduce esa visión en una política sectorial específica para las telecomunicaciones. Por último, el Programa de Cobertura Social 2026 (PCS) operacionaliza el PNC mediante acciones concretas para el año en curso.
El PNC es el instrumento sectorial central. Su objetivo principal es alcanzar una conectividad universal, asequible y de calidad, con especial énfasis en las zonas marginadas y las poblaciones vulnerables. Para ello, propone ampliar la infraestructura terrestre y satelital, reducir las brechas territoriales y reconocer la conectividad como un derecho habilitador del desarrollo social y económico. La meta cuantitativa es aumentar la cobertura nacional de internet del 94% al 98% hacia 2030.
El PNC define una arquitectura institucional encabezada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como coordinadora, junto con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros actores. La implementación se articula en dos programas: el Programa de Cobertura Social y el Programa de Conectividad en Sitios Públicos.
El PCS identifica más de 9,000 localidades prioritarias sin cobertura, concentradas principalmente en el sur y el sureste del país. Las acciones para 2026 se distribuyen entre varias instituciones con metas específicas de población a conectar: la CRT busca beneficiar a 827,829 personas mediante mecanismos de descuento en asignaciones de espectro; PROMTEL apoyará la expansión de pequeños operadores para sumar 107,993 personas conectadas; también impulsará infraestructura social, comunitaria e indígena para alcanzar a 204,698 personas adicionales; y la coordinación ATDT/CRT/PROMTEL gestionará cobertura satelital en zonas de alta dispersión para 270,885 personas más. En total, el objetivo es conectar 1,411,405 nuevas personas antes del 31 de diciembre de 2026, con un cronograma que las entidades responsables deben presentar antes del 16 de mayo.
A pesar de las evidentes buenas intenciones, el PNC presenta problemas estructurales significativos. El más fundamental es una desconexión entre diagnóstico y solución: el plan reconoce que la brecha digital es multidimensional y abarca cobertura, calidad, precios, dispositivos, habilidades digitales y uso productivo, pero la respuesta propuesta se concentra casi exclusivamente en la expansión de la infraestructura y de los espacios públicos. Se ignoran más de dos décadas de análisis académico y técnico sobre los orígenes complejos de la brecha digital.
El PNC también incurre en confusiones conceptuales relevantes. Equipara la cobertura con el acceso efectivo, aunque reconoce que no son equivalentes, lo que puede inflar los resultados estadísticos sin mejorar la conectividad real de los hogares. Trata la conectividad en espacios públicos como sustituto del acceso domiciliario, cuando en realidad no lo es. Y aunque reconoce que más de la mitad de las personas sin internet enfrentan barreras económicas, no propone una política sólida de asequibilidad —subsidios, tarifas sociales— ni una estrategia clara para garantizar el acceso a dispositivos. Estas omisiones debilitan estructuralmente el plan, pues, sin atender costos y equipamiento, la conectividad seguirá siendo más teórica que real para los sectores más vulnerables.
Tampoco aborda adecuadamente el desafío técnico y financiero de conectar al último tramo de la población. Informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y del Banco Mundial advierten que conectar al último 10% de la población puede representar hasta la mitad de la inversión total en infraestructura de telecomunicaciones de un país. El PNC no ofrece una respuesta financiera a esa realidad.
La arquitectura institucional del PNC es altamente centralizada. Múltiples entidades concentran la toma de decisiones mientras los estados y municipios quedan subordinados, lo que reduce los contrapesos, aumenta el riesgo de captura política y genera tensiones potenciales entre objetivos regulatorios, sociales y operativos. La falta de claridad respecto a la independencia regulatoria del sector puede afectar la competencia, la calidad del servicio y la certidumbre para la inversión privada.
El rol de CFE resulta ambiguo: al combinar funciones de política social y de participación de mercado, sin reglas claras de neutralidad, puede generar distorsiones. Además, existe una fuerte dependencia de Altán y de la Red Compartida como eje de la estrategia, sin abordar sus riesgos financieros ni la urgente necesidad de migrar a 5G.
En cuanto a la gobernanza comunitaria, el diseño es predominantemente vertical. Aunque se mencionan operadores sociales e indígenas, no se les integra como eje central. En contextos rurales e indígenas, esto limita la efectividad, ya que faltan elementos clave como la participación comunitaria, el mantenimiento local y la pertinencia cultural y lingüística. La priorización territorial tampoco cuenta con criterios transparentes y verificables, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales influidas por factores políticos en lugar de criterios técnicos.
El plan carece de presupuesto por programa, de estimaciones de inversión y de fuentes de financiamiento explícitas. Esta omisión es crítica para una política de Estado a cinco años: lo convierte en un ejercicio más aspiracional que ejecutable. Los mecanismos de incentivo, como los descuentos en espectro, están poco definidos y carecen de plazos claros.
Los indicadores de seguimiento presentan debilidades igualmente graves: los datos históricos aparecen marcados como S/D, lo que sugiere que el sistema de medición no está listo para operar desde el primer año. El énfasis en la cobertura y en los espacios públicos puede facilitar la inflación de resultados visibles sin mejoras reales. La evaluación privilegia los productos y el número de localidades conectadas sobre resultados e impactos concretos, como educación, salud o ingresos. Las brechas de género e indígenas son reconocidas, pero no tienen metas ni indicadores específicos asignados.
Una omisión estructural es la ausencia de una estrategia de ciberseguridad y resiliencia integrada al PNC, pese a tratarse de una infraestructura crítica nacional. No se abordan medidas ante desastres, fallas masivas o ciberataques, ni la redundancia ni la continuidad operativa. Esto contrasta con el Plan Nacional de Ciberseguridad de México, que sí apunta a un país "ciberresiliente". La falta de integración entre ambos instrumentos debilita la coherencia de la política digital del país.
El PNC reconoce correctamente la naturaleza multidimensional del problema de conectividad, pero no traduce esa complejidad en intervenciones igualmente integrales.
La expansión de la infraestructura, aunque necesaria, no es suficiente. Todo el territorio mexicano ya tiene acceso a internet vía satélite, y el problema persiste. La pregunta que el gobierno aún no responde es qué valor diferencial aportará su intervención: cómo se educará a la población sobre los beneficios reales del internet, cómo se resolverán las barreras de asequibilidad y cómo se garantizará que la conectividad sirva para acceder a la telemedicina o a la educación y no simplemente para ampliar métricas de cobertura. El uso apropiado de la tecnología, y no su mera disponibilidad, es lo que reduce la pobreza.