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La prevención del lavado de dinero ya no es solo tarea de los bancos
Soraya Pérez | Entre números
Durante muchos años, la prevención del lavado de dinero (PLD) se entendió como una obligación prácticamente exclusiva de los bancos y demás instituciones financieras. Esa visión hoy resulta insuficiente, la sofisticación de las redes criminales, la digitalización de la economía y la creciente interconexión entre empresas han cambiado por completo el panorama: actualmente, cualquier organización que participe en una cadena de valor, procese pagos, comercialice bienes o servicios, o mantenga relaciones con clientes y proveedores, puede convertirse, sin saberlo, en un vehículo para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El lavado de dinero ya no es un problema que se quede dentro del sistema financiero; es un riesgo empresarial. Las cifras muestran la dimensión del desafío. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cada año se lava en el mundo un monto equivalente a entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto global, es decir, billones de dólares que terminan infiltrándose en la economía formal.
En México, aunque por la naturaleza del delito no existen cifras definitivas, organismos nacionales e internacionales coinciden en que el país enfrenta un riesgo elevado por su posición en el comercio internacional, la expansión de los medios de pago digitales, el crecimiento del comercio electrónico y la presencia de organizaciones criminales con capacidad para infiltrar actividades económicas aparentemente legítimas.
Lo preocupante es que, mientras las instituciones financieras han invertido durante décadas en fortalecer sus áreas de cumplimiento, monitoreo, análisis de riesgos y capacitación, miles de empresas grandes, medianas y pequeñas siguen considerando que la PLD es un asunto ajeno a su operación.
Una empresa puede verse involucrada en esquemas de lavado mediante proveedores ficticios, clientes con recursos ilícitos, operaciones inusuales, facturación simulada, adquisiciones, comercio internacional o incluso a través de empleados que desconocen las señales de alerta. El impacto no se limita a una posible sanción administrativa; puede traducirse en pérdidas financieras, interrupción de operaciones, investigaciones regulatorias y, sobre todo, un daño reputacional que muchas veces resulta irreversible.
La prevención, por tanto, debe dejar de verse como un requisito de cumplimiento y comenzar a entenderse como un elemento de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos. No se trata únicamente de cumplir con una obligación regulatoria, sino de proteger el patrimonio, la continuidad operativa y la confianza que clientes, inversionistas y socios depositan en las empresas.
El propio Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha insistido en que la protección de la integridad del sistema financiero depende de una participación activa del sector privado en su conjunto y de la adopción de un enfoque basado en riesgos que involucre a múltiples sectores económicos, no únicamente a los intermediarios financieros.
Hoy las empresas necesitan conocer mejor a sus clientes y proveedores, fortalecer sus procesos de debida diligencia, capacitar a su personal, identificar beneficiarios finales y aprovechar la tecnología para detectar operaciones atípicas antes de que representen un problema. La buena noticia es que construir una cultura de prevención no requiere que todas las empresas desarrollen estructuras tan complejas como las de un banco. Lo que sí exige es conciencia, liderazgo y el compromiso de entender que el cumplimiento normativo también protege la viabilidad del negocio.
En un entorno donde los riesgos evolucionan con rapidez, la prevención del lavado de dinero debe asumirse como una responsabilidad compartida. Porque proteger la integridad del sistema financiero también significa proteger la competitividad, la reputación y la confianza de las empresas mexicanas.
En este sentido, vale la pena destacar el esfuerzo de las instituciones financieras mexicanas, porque conscientes de que la prevención del lavado de dinero exige una visión compartida, están comprometidas en fortalecer la colaboración, así como el intercambio de información y de mejores practicas; un compromiso conjunto que permite construir un frente común que fortalece la integridad del sistema financiero mexicano y protege la economía formal frente a las finanzas ilícitas.