"Ni Perdón ni Olvido" desde el Legislativo

"Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla"

En los archivos de la pandemia quedarán dos relatos que se miran de frente: la narrativa periodística de Julio Scherer, que coloca el énfasis en la desmesura del poder presidencial durante la emergencia sanitaria, y la experiencia legislativa desde San Lázaro, donde documento con nombres, fechas e iniciativas la pasividad cómplice de la mayoría oficialista (Morena, PT y PVEM) y la batalla —muchas veces solitaria— del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la oposición por evitar muertes evitables. No son historias contradictorias, sino dos planos de una misma tragedia: el uso político de la pandemia y la renuncia del Estado a ejercer plenamente sus responsabilidades constitucionales en materia de salud.

Scherer describe un gobierno que decidió mirar hacia otro lado, minimizó el riesgo, administró la información con opacidad y convirtió la conferencia matutina en el verdadero Consejo de Salubridad General. Desde el Legislativo, esa percepción tomó cuerpo en un dato jurídico contundente: la autoridad primaria para declarar una emergencia sanitaria —el Presidente y el Consejo de Salubridad General— actuó tarde y mal.

Mientras el mundo encendía sus alertas, en México la epidemia se reconoció como enfermedad grave de atención prioritaria hasta el 23 de marzo de 2020 y se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor hasta el 30 de marzo, casi !tres meses después del primer aviso! desde Wuhan. En los hechos, antes que el máximo órgano sanitario del país reaccionaran ya la SEP, la UNAM y las universidades estatales, suspendiendo clases y cerrando aulas sin el paraguas jurídico de una declaratoria oportuna.

Ese desfase normativo no fue un accidente técnico, sino una decisión política: se privilegió el discurso tranquilizador sobre la construcción de capacidades reales para la contención, el diagnóstico masivo, la protección del personal de salud y la expansión de la infraestructura hospitalaria.

En contraste con la complacencia del bloque oficialista, en San Lázaro durante la emergencia el GPPAN y la posición en la Cámara de Diputados llegamos antes que el propio Ejecutivo a la agenda de emergencia. Desde marzo de 2020 se presentaron exhortos para convocar de inmediato al Consejo de Salubridad General, publicar normas oficiales, lineamientos y guías clínicas, y transparentar la compra de ventiladores e insumos médicos.

A lo largo de la LXIV Legislatura se pusieron sobre la mesa iniciativas concretas: un Fondo para la Atención de Emergencias Epidemiológicas con reglas de operación, vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y lineamientos del Consejo de Salubridad General; reservas estratégicas de medicamentos e insumos; protección laboral reforzada para el personal sanitario; y la obligación de garantizar la vacunación gratuita contra SARS CoV 2 para toda la población. Ninguna de estas propuestas fue improvisada: partían de la experiencia acumulada en salud pública y del mandato constitucional de proteger la vida como prioridad absoluta del Estado, pero todas fueron negadas (ni siquiera discutidas) por los diputados y senadores oficialistas.

En paralelo, se exigió mayor número de pruebas diagnósticas, fortalecimiento de la información epidemiológica, asignación de recursos extraordinarios a hospitales e institutos nacionales, y transparencia plena en los contratos de vacunas y equipos médicos. Se trató de construir, desde el Congreso, el andamiaje mínimo de una política sanitaria responsable ante una pandemia sin precedentes. Los Morenistas y rémoras aliados en el Congreso tomron la posición del avestruz con la cabeza debajo de la tierra e impidiendo la comperencencia de las autoridades.

Si Scherer narra la concentración del poder en una presidencia impermeable a la crítica, desde el Legislativo se constató el reverso institucional: una mayoría de Morena y aliados que renunció a ejercer su función de contrapeso. Con más del 61 por ciento de las curules, el bloque oficialista tenía la capacidad de impulsar correcciones de rumbo, revisar decretos y acuerdos, o exigir rendición de cuentas en tiempo real; eligió, en cambio, la disciplina partidista por encima de la evidencia científica y de las advertencias técnicas. Fueron en suma, una mayoría obediente y corresonsable del costo humano de más de 800 mil muertes por la pandemia.

La abolición del Seguro Popular y la improvisada creación del INSABI, sin diseño serio ni financiamiento sostenible, ya habían debilitado el sistema de salud antes del primer caso de COVID 19. Cuando la pandemia llegó, el resultado fue devastador: insuficiencia de camas de terapia intensiva, falta de ventiladores, carencia de equipo de protección para el personal de salud y un exceso de mortalidad que colocó a México entre los países más afectados del mundo.

Cada omisión legislativa de los oficialistas tiene marca contundente. La negativa a crear una reserva estratégica de insumos, a blindar al personal sanitario como sujeto de riesgo laboral grave, o a dotar de autonomía y presupuesto propio al Consejo de Salubridad General se tradujo en contagios evitables, en médicos y enfermeras trabajando desprotegidos, en familias que llegaron tarde a un sistema colapsado.

“Ni perdón ni olvido” no es una consigna de revancha, sino una ética mínima de responsabilidad democrática. Desde el Legislativo, esa ética se concreta en una tarea impostergable: reconstruir el marco jurídico sanitario para que ninguna autoridad pueda volver a improvisar frente a una emergencia de esta magnitud.

Las lecciones están claras: dotar al Consejo de Salubridad General de plena autonomía operativa y financiera, con una presidencia distinta al Secretario de Salud y una junta de gobierno donde participen dependencias clave, gobiernos estatales y la comunidad académica; diseñar un Programa Nacional de Preparación y Respuesta para Emergencias por enfermedades graves, con reservas estratégicas de insumos y protocolos de coordinación entre niveles de gobierno; garantizar, por mandato legal, la protección integral del personal sanitario, incluyendo equipo, condiciones laborales y apoyo psicoemocional en situaciones de riesgo extremo.

A ello debe sumarse la obligación de transparencia radical en adquisiciones, contratos y datos epidemiológicos; la definición de criterios técnicos para catalogar padecimientos como gastos catastróficos; y la creación de mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar, en tiempo real, las decisiones de la autoridad sanitaria. La memoria legislativa de la pandemia no puede quedar archivada como un anexo más en la Gaceta Parlamentaria: es el punto de partida de una reforma de Estado en materia de salud.

Scherer aporta la crónica del poder que decidió minimizar la muerte; desde San Lázaro se ofrece el expediente de las alternativas que sí existieron y fueron ignoradas. Juntas, ambas narrativas desmontan la coartada de la fatalidad: no fue inevitable llegar al número de muertes que hoy lamentamos.

Ni perdón ni olvido significa, para el Congreso, asumir que su responsabilidad no termina en registrar decretos fallidos, sino en construir un orden jurídico que proteja la vida por encima de cualquier cálculo político. La próxima pandemia no nos puede sorprender con el Consejo de Salubridad General apagado, un sistema fragmentado y una mayoría legislativa mirando al Presidente en lugar de mirar a la evidencia.

Si algo nos dejó la COVID 19 es la certeza que la omisión también mata, y en democracia, la omisión se escribe con nombre y apellido en el Diario Oficial de la Federación y en las Gacetas y Diarios de los Debates del Congreso de la Unión. Contra esa forma silenciosa de violencia institucional, el Legislativo tiene el deber de ser memoria, contrapeso y futuro. Ni perdón ni olvido.

Referencias:

• [1] 2026. La Pandemia. En: Scherer-Ibarra J, Fernández-Menézes J. Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder. CDMX. Editorial Planeta. Páginas 169-176.
• [2] 2024. Cap. 41. Experiencias y decisiones desde San Lázaro, en primera persona del singular. Ramírez-Barba EJ, Arias-Guzmán C, Arias-Franco S. En: Bernal-Gómez R. Hallazgos sobre el COVID-19. Evidencia Científica para la toma de decisiones. En: https://www.saludcoahuila.gob.mx/COVID19/covid_estrategia_coahuila.php. Páginas: 387-393.
• [3] 2022. Ramírez-Barba EJ. Contestatario: Crítica, debate y propuestas sobre nuestra salud y las políticas públicas. En: http://repositorio.ugto.mx/bitstream/20.500.12059/7649/1/contestatario_221203_digital.pdf 
• [4] 2024. Ramírez-Barba EJ. Legislando la Salud desde la Curul 083, un compromiso ciudadano. En: https://www.researchgate.net/publication/380660079_Legislando_la_Salud_desde_la_curul_083_un_compromiso_ciudadano

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y Presidente del Capítulo América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.