Lectura 5:00 min
Neurotecnologías: vacío regulatorio, dispositivos que leen el cerebro y derechos digitales
Maribel Ramírez Coronel | Salud y Negocios
En el marco de la Jornada de seguridad digital ciudadana, tecnologías emergentes y derechos digitales, organizada por la Comisión de Derechos Digitales del Senado que preside Luis Donaldo Colosio Riojas, se discutió un tema que ya no es ciencia ficción: qué pasa cuando dispositivos que se comercializan abiertamente en internet leen o estimulan actividad cerebral sin autorización sanitaria.
Hoy el 86% de los mexicanos usa internet desde los seis años de edad y ocho de cada diez usa celular inteligente. En ese contexto se realizó la mesa redonda Neurotecnologías y protección de datos cerebrales, moderada por Lina Ornelas, experta en privacidad y gobernanza de internet.
El debate dejó claro que ya no estamos hablando de un futuro lejano. Dispositivos que registran o estimulan actividad cerebral se venden hoy en México sin haber pasado por Cofepris.
El neurólogo Luis Espinosa Sierra, CEO de mi receta digital y cofundador de Healthtech México, lo dijo con una frase: “La innovación siempre antecede a la regulación”. Recordó que cuando Henry Ford sacó los autos en serie a las calles, todavía no existía reglamento de tránsito. Hoy ocurre algo similar con bandas para videojuegos que modulan escenarios a partir de la actividad eléctrica de la corteza cerebral, o con dispositivos como el Cefaly (un neuromodulador para migraña producido por una empresa belga) que se comercializa en plataformas digitales sin autorización sanitaria.
Jimena Puente, ex presidenta del INAI y panelista de privacidad del Banco Mundial, aportó un dato contundente: más del 70% de los dispositivos de neurotecnología tienen fines comerciales, no médicos. Un estudio de la UNESCO sobre 30 empresas líderes mostró que todas se reservaban control absoluto de los datos y de la información derivada; 29 podían transferirlos y comerciarlos de manera indefinida. Ninguna mencionaba la existencia de neuroderechos, pero justo es de lo que hay que empezar a hablar.
En el ámbito clínico la situación es distinta. Espinosa señaló que el patrón electroencefalográfico ya está protegido por la NOM-024-SSA3-2012 del expediente clínico electrónico. El problema es cuando el mismo tipo de dato tiene protección cuando se genera en un hospital, pero carece de ella cuando se obtiene a través de una app de consumo o un wearable de “bienestar” como puede ser un smartwatch.
Por otro lado, el consentimiento informado, base de la regulación sanitaria, se vuelve especialmente frágil. Carlos Languendik Muñoz, doctor en derecho y presidente de Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, lo describió como una ficción bajo las reglas actuales del mercado digital: no es libre (existe un “chantaje funcional”: aceptas o no usas la aplicación), no puede ser plenamente informado (las señales son crudas y las inferencias futuras desconocidas) y no es específico, porque la inteligencia artificial genera correlaciones secundarias que ni el usuario ni a veces el desarrollador anticipan. Una vez que el dato sirvió para entrenar un modelo, ya no hay revocación.
Este vacío regulatorio no sólo preocupa a especialistas en derechos digitales. La industria formal de dispositivos médicos también lo ha señalado. La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) y Canifarma han pedido de forma reiterada que la inteligencia artificial aplicada a dispositivos médicos sea evaluada por Cofepris. Ana Riquelme, directora general de AMID, ha explicado que el sector busca lineamientos específicos para aplicaciones en robótica, diagnóstico y monitoreo, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficacia del usuario frente a la velocidad de esta revolución tecnológica. El antecedente más cercano es positivo: en junio de 2024 Cofepris publicó lineamientos para regular el software como dispositivo médico, un proceso en el que Healthtech México tuvo un papel activo.
Espinosa no aboga por crear inmediatamente una nueva categoría de “neuroderechos”. Propone un enfoque más pragmático: investigar qué es realmente regulable (separar lo demostrado de lo especulativo), ser proactivos en alfabetización digital —un tema que califica de pendiente en México— y actuar de manera preventiva. En sus conclusiones convocó a impulsar tres aspectos concretos: educación digital para la población general, sensibilización sobre derechos digitales y fomento del pensamiento crítico desde la educación básica. “Cuando tengamos una generación de jóvenes con pensamiento crítico, tendremos un país mejor”..
El senador Colosio lo enmarcó con una frase: la seguridad digital ya no puede ser un conocimiento exclusivo de expertos. Debe formar parte de la alfabetización que comienza en la infancia. Hay países más avanzados incluso en Hispanoamérica: Chile ya dio un paso constitucional al proteger expresamente la actividad cerebral y la información derivada de ella (artículo 19, 2021). México aún no lo ha hecho.
La pregunta que queda sobre la mesa es práctica. Cofepris ya demostró que puede avanzar cuando hay colaboración público-privada, como ocurrió con el software como dispositivo médico. La industria (AMID y Canifarma) está pidiendo lineamientos para la IA aplicada a dispositivos. El foro del Senado visibilizó el riesgo de los dispositivos de consumo que hoy operan fuera de ese marco. Conforme lo dicho en el panel, anticiparse suele ser más barato —y más efectivo— que remediar. El reto es encontrar maneras de regular sin esperar a que las vulneraciones ocurran. Por eso que se sigan haciendo estas mesas y conversaciones entre expertos para que las audiencias abiertas nos enteremos.