Una liquidación polémica

Grupo Trafalgar concretó la compra y toma de control de Tenedora CI, la casa de bolsa vinculada a CIBanco, a pesar de la resolución judicial que prohibía expresamente vender, ceder, transmitir o desincorporar —directa o indirectamente— la participación accionaria de dicha entidad financiera.

La operación, aprobada por la CNBV el pasado 29 de abril se consumó formalmente mediante un esquema de capitalización por 115,090 millones de pesos, aprobado en la asamblea del 26 de junio, tras del que se emitió un paquete accionario idéntico al capital preexistente, que diluyó al 50% la participación de Tenedora CI y dejó a ambas partes como socias.

Una historia que se remonta a la acción de la red FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, entre ellas CIBanco, el 25 de junio de 2025. En octubre, el Diario Oficial de la Federación publicó la revocación de su autorización y el banco entró en liquidación. Era la crónica de una liquidación, que debía seguir un curso a partir de las restricciones dictadas, como medida cautelar y que debió atender el organismo regulador.

Un juez civil de la Ciudad de México —el titular del Juzgado Vigésimo Cuarto, en el expediente 467/2025— ordenó lo evidente: que nadie vendiera, cediera ni dispusiera de las acciones de CI Casa de Bolsa mientras se resolvía el pleito. Y aquí viene el primer dato que incomoda: esa orden no se quedó en un cajón. Fue notificada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 9 de diciembre de 2025, y otra vez el 27 de abril de 2026, según consta en el requerimiento formal enviado a Álvarez & Marsal. La CNBV sabía.

Dos días después de esa segunda notificación —el 29 de abril de 2026—, la CNBV autorizó al Grupo Trafalgar a quedarse con la casa de bolsa. El desenlace llegó por la vía notarial. El 25 de junio de 2026, mediante el instrumento 223,823 ante el Notario 121 de la capital, inscrito en el folio mercantil 501863, se otorgó a Trafalgar Internacional un poder con facultades de dominio. ¿Quién firmó ese poder a nombre de Tenedora CI? Su propia filial en liquidación —CIBanco— a través del IPAB como liquidador y de Álvarez & Marsal como apoderado.

Los registros públicos corroboran que en ambas sociedades —la financiera autorizada como adquirente y el holding que recibió el poder— José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles detenta 97% de sus acciones. Según registros de la SEC estadounidense de junio de 2026, Sánchez-Talavera fue nombrado presidente y director de una empresa del sector cannabis cotizada en Estados Unidos.

Nada de eso es delito. Pero, ¿y la debida diligencia?

Distintas versiones periodísticas coinciden en vincular a Trafalgar con Finsus, sofipo digital que ha reportado una cartera de 750,000 usuarios ante las autoridades reguladoras y ligada, por lazos familiares, al mismo entorno de CIBanco. Lo patrimonial, caso aparte: y es que anteriormente, activos de enorme valor fueron desincorporados de la masa concursal. Según el requerimiento a Álvarez & Marsal, un negocio fiduciario valuado en unos 2,009 millones de pesos se movió a través de un vehículo cuyas acciones se cedieron por 50,000 pesos. Ninguna de esas operaciones pasó por la asamblea de accionistas de Tenedora CI.

Los consejeros de Tenedora CI fueron removido. Y entonces se desató un maremágnum: el 19 de junio de 2026, un juzgado de distrito en Jalisco dio trámite a un amparo —850/2026— para resolver la disputa por el control corporativo. En esa instancia fue resuelta una negativa a la suspensión provisional, el 22 de junio, y también declararon infundada la queja, el 29 de ese mismo mes, para finalmente negar la suspensión definitiva, hace un mes.