¿Impuestos al patrimonio de los más ricos?

El gobierno mexicano enfrenta una inevitable crisis fiscal. Las pensiones contributivas y no contributivas, y los subsidios clientelares crecen exponencialmente, junto con desfalcos brutales al erario para cubrir la desgracia operativa y financiera de Pemex, y los subsidios a múltiples proyectos y negocios de los militares. Todo este gasto improductivo, sin embargo, constituye la esencia, razón de ser, y clave de supervivencia de régimen. El déficit público, en alrededor de 5% del PIB, la deuda pública que se acerca al 60% del PIB, y su explosivo costo financiero, son fiscalmente insostenibles, pero factores estructurales e inherentes a la naturaleza del régimen. La recaudación se mantiene en los niveles más bajos en la OCDE y de América Latina, en apenas 18% del PIB, en una economía estancada, y con un sector informal que supera el 55% de la fuerza de trabajo. El gobierno está urgido de dinero. Pero el empleo formal y el número de empresas registradas en el IMSS se reducen. Y una reforma fiscal sólo puede implicar aumentar el ISR para las empresas y los trabajadores, lo cual sería otro tiro en el pie, al tiempo que aumentar y generalizar el IVA a alimentos y medicinas sería políticamente suicida. El IEPS a las gasolinas no puede incrementarse sin golpear severamente el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. También, tiene límites obvios continuar recortando presupuestos en bienes y servicios públicos como seguridad, educación, salud, medio ambiente e infraestructura, ya gravemente degradados, para cubrir el déficit. Los contribuyentes reciben muy poco a cambio de sus impuestos, por lo que, lógicamente, hay una gran resistencia a pagar más. Conviene señalar el caso de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, que recientemente procedió a pagar 32 mil millones de pesos en impuestos, y que, esta misma semana, el gobierno anunció que se destinarían, no a inversión en servicios o bienes públicos productivos, sino a nuevos subsidios y dádivas clientelares (“Beca Gertrudis Bocanegra” para un millón de jóvenes votantes). En este contexto, la consolidación fiscal es sólo una entelequia retórica.

Es así que el gobierno, con toda probabilidad, considerará establecer impuestos a la riqueza o al patrimonio de los más ricos, como única alternativa aparentemente disponible para cuadrar sus finanzas. Los impuestos a la riqueza o al patrimonio no gravan directamente flujos de ingreso o consumo como es el caso del ISR o el IVA, sino el valor de acervos o activos, como acciones y participaciones en la propiedad de empresas, activos inmobiliarios, otras inversiones físicas y financieras, fideicomisos, fondos y sociedades de inversión, vehículos, obras de arte, objetos de lujo, y otros activos con diferentes mecanismos de valuación, grado de riesgo, liquidez y rendimiento. Estos impuestos a la riqueza o al patrimonio presentan varios problemas que es preciso apuntar. En primer lugar, sí significan una nueva imposición fiscal arbitraria sobre el ingreso generado por los diversos activos subyacentes, como ganancias de capital, dividendos e intereses, que ya fue gravado directamente a través del sistema habitual de Impuesto sobre la Renta. A menos que el contribuyente venda o remate sus activos o acervos de patrimonio o riqueza, el nuevo impuesto al patrimonio y a la riqueza será pagado con el propio flujo de ingreso anual. Por tanto, se trata de una doble tributación. Por ejemplo, una tasa de 5% de impuesto al patrimonio sobre un activo que genera 5% o menos de rendimiento anual antes de impuestos implicaría una tasa efectiva de 100% o mayor sobre el ingreso generado por el activo en cuestión, algo absurdo y confiscatorio.

En segundo lugar, impuestos a la riqueza, que han sido ya aplicados en otros países de la OCDE, al final se han desechado dados sus costos de recaudación exorbitantes y enorme carga administrativa, siendo que, en promedio, sólo han recaudado 0.2% del PIB, y que es endemoniadamente complejo valuar todos los activos o acervos. Por ejemplo, es tal vez imposible gravar de manera razonable la tenencia de acciones en los mercados de capital, dada la volatilidad diaria de su precio, y que se trata de valores no realizados – si no se venden las propias acciones. En tercer lugar, los impuestos a la riqueza reducen directamente los rendimientos después de impuestos de cualquier activo, por lo que golpean los incentivos para la inversión, y para la expansión de las capacidades productivas, así como el apetito por riesgo de inversionistas y empresarios. Son una penalización directa sobre la formación de capital, lo que castiga a la productividad, y por tanto al nivel de los salarios. Finalmente, los impuestos a la riqueza crean una distorsión que reconfigura carteras de inversión hacia activos menos productivos, difíciles de valuar y fáciles de encubrir o transferir al extranjero, o a vehículos off shore. La consolidación fiscal en México no puede lograrse a través de contraproducentes impuestos a la riqueza, sino con profundos recortes al masivo gasto público improductivo, y con un combate decidido a la economía informal.