Las grietas de la megacompra 2027-2028

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, como el titular de Birmex, Carlos Alberto Ulloa, que llevan 10 meses trabajando en la megacompra para resolver de una vez por todas el desabasto público de medicamentos y dispositivos médicos, tienen voluntad de hacer mejor las cosas en la compra para 2027-2028, pero tienen tantos frentes abiertos que al final la realidad está chocando contra un muro de exigencias inviables para los proveedores privados.

Volúmenes 45% mayores (en algunos casos el doble) respecto de los adquiridos previamente, precios que aprietan el margen hasta el hueso, falta de certeza en los pagos, cargas administrativas multiplicadas por 40 instituciones distintas y una logística que habla de 355 puntos de entrega o que confunde enlistando las 9,000 unidades de IMSS-Bienestar. 

El resultado es predecible: menos competencia, licitaciones que se quedan desiertas y, sobre todo, el riesgo innegable de que el desabasto no se resuelva el próximo año. Porque una cosa es anunciar la compra consolidada más grande de la historia —casi 6 mil millones de piezas y un presupuesto de 400,000 millones de pesos— y otra muy distinta es conseguir que los hospitales públicos realmente reciban los medicamentos en tiempo y forma.

Enrique Martínez, director de INEFAM, nos hace ver cómo los funcionarios quieren hacer tantos cambios para bien, pero en los hechos, como se quieren hacer a tanta velocidad, agravan la situación con cada capa de “mejora” agregada.

Ahí está el ambicioso cambio del aparato institucional que se pretende conseguir mirando hacia un solo sistema de salud, lo cual sólo puede verse como positivo, pero no se concreta de un año para otro y se queda latente. Otro acierto es la Nueva Ley General de Salud con capítulo de salud digital y compra pública que le da respaldo legal a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo en Salud y a Birmex. Pero mientras, algo fundamental como la homologación de contratos entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar sigue en pañales y no tiene para cuándo.

Otro acierto fue la depuración del catálogo de insumos -el CNIS- que excluyó 600 claves obsoletas— que abrió espacio a nuevas moléculas. Pero entre tanto ajuste, tanto cambio de reglas y tanta falta de coordinación entre las 40 instituciones que terminan participando, la demanda real sigue sin definirse con precisión.

Por ejemplo, la industria observa tendencias en comprar tratamientos más efectivos y costosos —GLP-1 para diabetes y control de peso, biotecnológicos para cáncer de pulmón que ya superan presupuestalmente al cáncer de mama, moléculas de alta especialidad que ganan terreno. Es buena noticia para el paciente que tenga la suerte de recibir terapias de última generación, pero no alcanzará para todos, porque se están pidiendo cantidades insuficientes. Esto no será eficiencia; es un riesgo directo de reducir cobertura. 

Hay un “primer tiro” de cantidades, dice Martínez, pero no está ni remotamente consolidado. IMSS-Bienestar todavía captura necesidades en hojas de Excel. ¿Cómo piden al proveedor planear su producción cuando le están duplicando la demanda sin sustento y con muchas imprecisiones?

La logística es otro capítulo de irrealidad. En la investigación de mercado se habla de 355 puntos de entrega, pero en el anexo técnico se incluye una lista de 10,000 puntos. En la práctica, cualquier proveedor interesado termina confundido y dudoso de participar.

Hay que decir que el desorden no es sólo geográfico: en 2025-2026 (después de que el actual gobierno anuló su primera megacompra) se registraron 400 procesos de compra fragmentados; es una cantidad inaudita frente a las 11 ó 12 licitaciones anuales que se hacían antes de la 4T. Si consideramos que una misma clave puede tener cuatro o cinco contratos simultáneos, y cada institución firma contrato por clave; hablamos de miles y miles de contratos. Pero ahora, además, las instituciones están abriendo nuevos contratos sin considerar los vigentes. El resultado es caos administrativo costoso para las instituciones públicas y para las empresas.

Ahora, como dice INEFAM, las cantidades solicitadas en el último estudio de mercado son tan volátiles que nadie se atreve a planear producción. Si el proveedor se prepara e invierte para entregar el doble y al final la institución solo consume el 8%, la empresa queda financieramente destrozada. Ejemplo concreto: el paracetamol inyectable. El Gobierno lo quiere pagar a precio de ganga cuando su costo de producción es alto. ¿Resultado? Pocos se animan a participar. Lo mismo pasa con las 50 claves de mayor consumo: en promedio solo 2.6 proveedores se atreven a entrar a la consolidada, cuando fuera de ella hay 10 surtiendo en el mercado.

Las exigencias matan la competencia que el Gobierno dice querer fomentar.

Lo mismo ocurre con la modificación al cálculo de contenido nacional: ahora se basa en costo neto, con bitácora obligatoria desde 2027. Las empresas tendrán que demostrar cada centavo. Todo muy estratégico para la revisión del T-MEC y el Plan México, pero también muy riesgoso para quien compite en genéricos o patentes de fuente única. ¿Quién quiere invertir cuando no sabe si le pagarán a tiempo ni si las cantidades que le exigen son reales?

En resumen: las condiciones contradicen los objetivos oficiales. Por un lado se exige producción nacional, por otro se elevan costos administrativos y se aprietan precios hasta asfixiar. Por un lado se habla de universalización y derecho a la salud, por otro se multiplica la burocracia y se deja a Birmex con una carga logística que históricamente no ha podido manejar. Considérese que Birmex aparte ni siquiera será pagador en 2027-2028, pues IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar aún seguirán pagando, con deudas arrastradas en particular de éste último que heredó el multimillonario tropiezo presupuestal del Insabi.

El Gobierno todavía está a tiempo. La negociación de medicamentos de patente y fuente única está corriendo. Para genéricos, las juntas de aclaraciones de la convocatoria (que debe publicarse en abril o mayo) son la última estación para corregir rumbos. Ahí se pueden ajustar cantidades, aclarar puntos de entrega, garantizar pagos en tiempo y flexibilizar condiciones sin perder control; reglas que realmente incentiven, no que ahuyenten. Porque si no, la megacompra más ambiciosa de la historia puede terminar siendo sólo otro anuncio rimbombante y otro capítulo de la misma historia: voluntad declarada, ejecución fallida y pacientes sin medicamento.

Sobre el comité de inversión y el contenido nacional 

El reglamento del Comité de Inversión, donde participan Secretaría de Salud, de Economía y la de Buen Gobierno y Anticorrupción, y coordinado por el subsecretario Clark, vincula preferencias a compromisos “voluntarios” de inversión: 2% en I+D, 1% en infraestructura, generación de empleo demostrable. Suena bonito. En la práctica, así como se ve, será caso por caso y abre la puerta a discrecionalidad. Lo mismo ocurre con la modificación al cálculo de contenido nacional: ahora se basa en costo neto, con bitácora obligatoria desde 2027. Las empresas tendrán que demostrar cada centavo. Todo muy estratégico para la revisión del TMEC y el Plan México, pero también muy riesgoso para una empresa que compite en genéricos o patentes de fuente única. ¿Quién quiere invertir cuando no sabe si le pagarán a tiempo ni si las cantidades que le exigen son reales?

Credencialización universal, otro plazo que se evapora

Otra vez pateando el bote. La famosa credencialización del Servicio Universal de Salud, que iba a arrancar el 1 de marzo (o el 2, según la versión oficial), ya se corrió al 2 de abril. Un mes de retraso que nadie explica con seriedad. Y eso que el Gobierno se puso la vara altísima: integración total entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, historial clínico en código QR, atención sin fronteras institucionales. Todas promesas que se oyen fabulosas, pero con el listado sólo mencionado hoy -la megacompra 2027-2028 en marcha, la nueva Ley General de Salud a medio digerir, la homologación de contratos en pañales y el IMSS-Bienestar todavía capturando datos en Excel-, es previsible lo que viene: más prórrogas, más “estamos avanzando” y más excusas. Al paso que vamos, la credencial universal terminará siendo una promesa que acaso se logre concretar en el último minuto del sexenio. Mientras tanto, muchos pacientes reales siguen tronándose los dedos viendo para qué opción privada les alcanza… 

Cáncer cervicouterino en México, es prevenible y sigue matando 

Cada año en México se diagnostican +10,300 nuevos casos de cáncer cervicouterino, y 95% de ellos vinculados a infecciones persistentes por genotipos de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH). Una enfermedad completamente prevenible y, si se detecta temprano, curable. Su evolución silenciosa hace que el tamizaje periódico sea fundamental. La Estrategia Global de la OMS para su eliminación insiste en 3 pilares: vacunación, detección con pruebas de alta precisión y tratamiento oportuno de lesiones precursoras. Hoy existen herramientas más efectivas, como la citología de base líquida —que incrementa en 64.4% la detección de lesiones de alto grado respecto al Papanicolaou convencional— y las pruebas moleculares que identifican 14 genotipos de VPH de alto riesgo, incluyendo los 16 y 18, responsables del 70% de casos mundiales. La combinación de vacunación, tamizaje moderno y seguimiento clínico es la mejor oportunidad para reducir drásticamente esta enfermedad. Pero la clave está en implementar estos avances de manera masiva y consistente en todo el sistema público de salud. No hacerlo sigue costando vidas que no deberían perderse.