Fertilidad en América Latina: el problema de desarrollo que ningún ministerio cree que le corresponde

Hay cifras que tardan una generación en volverse políticas públicas. La caída de la fecundidad en América Latina es una de ellas. Durante años la leímos como una buena noticia —y en gran parte lo es—: menos embarazos adolescentes, más años de escolaridad, más mujeres en el mercado laboral. Pero la velocidad del fenómeno superó la capacidad de nuestros Estados para entender lo que implica.

La región atraviesa la transición demográfica más rápida del mundo. Y mientras discutimos si esto es un problema o una conquista, se nos escapa la pregunta que sí tiene respuesta de política pública: ¿cuántas personas en nuestros países quieren tener hijos y no pueden? Esa brecha —entre los hijos deseados y los hijos posibles— no es una preferencia cultural. Es, en buena medida, un problema de acceso a servicios de salud que decidimos no financiar.

Un fenómeno global con dos extremos

El análisis del Global Burden of Disease publicado en The Lancet proyecta que hacia 2050 unos 155 de 204 países no alcanzarán la fecundidad necesaria para sostener su población, y que hacia 2100 esa condición alcanzará al 97% de ellos (GBD 2021 Fertility and Forecasting Collaborators, The Lancet, 2024). Anticipa un mundo partido en dos: la fecundidad alta concentrada en África subsahariana —que reuniría más de la mitad de los nacimientos del planeta— mientras el resto envejece.

En el extremo opuesto están Corea del Sur y varios países del sur de Europa y del este de Asia. La novedad es que América Latina ya ingresó a ese grupo: Chile, según sus estadísticas vitales, se ubica en torno a 0,99 hijos por mujer, territorio de fecundidad ultrabaja. Argentina, Uruguay, Cuba y Costa Rica transitan caminos parecidos.

Y no se trata solo de países pequeños. Brasil pasó de 2,32 hijos por mujer en 2000 a 1,57 en 2023, según las proyecciones de población del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) basadas en el Censo 2022; en 2024 registró 2,38 millones de nacimientos, una caída de 5,8% respecto del año anterior, la mayor en dos décadas y el sexto retroceso consecutivo. México llegó a 1,60 hijos por mujer y registró 1,67 millones de nacimientos en 2024, 8,5% menos que en 2023 y cerca de 30% menos que en 2015, de acuerdo con el INEGI. Las dos mayores economías de la región, que reúnen más de la mitad de su población, ya están bajo el nivel de reemplazo. Esto dejó de ser un fenómeno del Cono Sur.

No es un dato sanitario. Es un dato fiscal, previsional y laboral. Menos cotizantes o contribuyentes por jubilado, menos matrícula escolar, menos fuerza de trabajo en dos décadas. Los ministerios de Hacienda de la región construyen sus proyecciones sobre supuestos demográficos que están quedando obsoletos más rápido de lo que se actualizan.

Por qué se posterga, y qué ocurre cuando se posterga

Las razones son múltiples y ninguna es médica en su origen: costo de la vivienda, precariedad laboral, ausencia de sistemas de cuidado, jornadas incompatibles con la crianza, y una distribución del trabajo doméstico que sigue recayendo sobre las mujeres. El resultado es un desplazamiento sostenido de la edad en que se busca el primer hijo.

Ahí es donde la biología entra en escena, y donde el problema social se convierte en problema clínico. El registro latinoamericano de reproducción asistida muestra con crudeza este desplazamiento: las mujeres de 40 años o más ya representan el 35,7% de los ciclos de tratamiento en la región, mientras las de 34 años o menos cayeron al 24% (Zegers-Hochschild et al., Reproductive BioMedicine Online, 2025). Llegamos tarde. Y llegar tarde significa tratamientos menos efectivos, más ciclos, más costo y más frustración.

La composición de esa caída es reveladora. En Brasil, el análisis de serie de nacidos vivos muestra que el descenso se concentró en adolescentes y mujeres jóvenes de menor escolaridad, mientras los nacimientos en mujeres de mayor edad aumentaron (Coutinho y Souza, Revista Brasileira de Estudos de População, 2024). Es decir: bajó la fecundidad no deseada y subió la fecundidad postergada. La primera es un logro. La segunda es una demanda clínica que alguien tendrá que atender.

Conviene además desarmar un equívoco persistente: esto no es un asunto de mujeres. La evidencia clínica atribuye aproximadamente un tercio de los casos a factor femenino, un tercio a factor masculino y un tercio a causas combinadas o no identificadas (Raperport et al., The Obstetrician & Gynaecologist, 2026; Agarwal et al., The Lancet, 2021). Y el componente masculino se deteriora: el metaanálisis más completo disponible documenta una caída de 51,6% en la concentración espermática (cantidad o densidad de espermatozoides presentes por mililitro) entre 1973 y 2018, y es el primero en confirmar esa tendencia también en Sudamérica y Centroamérica (Levine et al., Human Reproduction Update, 2023). Un sistema que diagnostica solo a la mujer mira, en el mejor de los casos, un tercio del problema.

El mapa del acceso: la ley importa más que la necesidad

Si la prevalencia de la infertilidad afecta a cerca del 17,5% de la población adulta en todas las regiones del mundo (Organización Mundial de la Salud, 2023), el acceso al tratamiento no se distribuye de la misma forma.

El registro regional documenta que la utilización de técnicas de reproducción asistida va desde 643,3 ciclos por millón de habitantes en Uruguay hasta 28,8 en Guatemala (Zegers-Hochschild et al., Reproductive BioMedicine Online, 2025). Veintidós veces de diferencia dentro de la misma región. Y toda América Latina permanece muy por debajo del umbral de 1.500 ciclos anuales por millón de habitantes, que el estándar internacional (establecido originalmente por la European Society of Human Reproduction and Embryology y adoptado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida) estima necesario para responder a la demanda existente.

La correlación no es misteriosa. Uruguay cuenta desde 2013 con una ley de reproducción humana asistida y financiamiento público. Argentina promulgó ese mismo año la Ley 26.862, que obliga a la cobertura integral en los subsistemas público, de seguridad social y privado, sin discriminar por estado civil ni orientación sexual: el estándar más avanzado de la región. En el otro extremo, Chile —con la fecundidad más baja de América Latina— carece de ley específica y de cobertura pública para alta complejidad. En Colombia el acceso se resuelve por vía judicial, caso a caso.

Hay además una coincidencia que debería incomodarnos: los dos países más grandes de la región son también los de marco regulatorio más débil. En Brasil la reproducción asistida se ordena por resoluciones del consejo profesional más que por ley, con provisión pública mínima, pese a concentrar el mayor volumen absoluto de ciclos de América Latina. En México no existe regulación federal específica y las sucesivas iniciativas legislativas siguen sin resolverse. Escala sin reglas no produce acceso: produce mercado.

El patrón es inequívoco: donde hay ley y financiamiento, hay acceso; donde no, el tratamiento se convierte en un bien de mercado reservado a quien puede pagarlo o litigarlo. Eso es exactamente lo contrario de lo que entendemos por cobertura universal en salud.

Lo mismo vale para las políticas que sostienen la crianza. Uruguay construyó un Sistema Nacional Integrado de Cuidados; varios países avanzaron en licencias parentales compartidas y en extensión de salas cuna. Son piezas del mismo tablero: de poco sirve financiar un tratamiento si la persona que logra ser madre o padre enfrenta después un país sin infraestructura de cuidado.

El argumento que Hacienda sí entiende

Aquí está el punto que la discusión regional suele omitir. La medicina reproductiva es una de las pocas intervenciones sanitarias cuyo retorno fiscal ha sido calculado de forma explícita, con resultados consistentes entre países. El análisis de la reforma de subsidios a fertilización in vitro implementada en Taiwán en 2021 estimó un retorno de 5,6 unidades monetarias por cada unidad invertida, medido en impuestos netos a lo largo de la vida de las personas nacidas, y de 21,8 veces la inversión considerando impuestos brutos (Chen et al., Human Reproduction, 2025). Los modelos de contabilidad generacional aplicados en Europa llegan hace años a conclusiones equivalentes (Connolly et al., Human Reproduction, 2009).

Dicho en el lenguaje de un ministerio de Finanzas: financiar reproducción asistida no es gasto corriente, es inversión con retorno medible en la base tributaria y en el sistema previsional. Cuando el propio análisis advierte que las autoridades sanitarias tienden a tratar la infertilidad como una prioridad menor y a racionar su financiamiento, está describiendo con precisión lo que ocurre en nuestra región.

De ahí se sigue algo incómodo: este no es un expediente exclusivo del Ministerio de Salud. Involucra a Hacienda, porque define la base de cotizantes futuros; al Trabajo, porque la participación laboral femenina depende de que la maternidad no sea penalizada; a Desarrollo Social, porque los sistemas de cuidado son la condición material de la crianza. El dato más elocuente no está en un hospital sino en una sala de clases: en México la matrícula de preescolar pasó de 4,93 millones de niños en el ciclo 2016-2017 a 4 millones en 2024-2025, casi un millón menos en ocho años. Mientras cada cartera lo considere problema de la otra, no habrá política alguna.

Lo que corresponde hacer

La agenda es concreta y no requiere inventar nada. Primero, visibilizar: medir y publicar cuántas personas necesitan tratamiento, cuántas acceden y con qué resultados, con registros nacionales comparables. Sin ese dato, la discusión seguirá siendo anecdótica. Segundo, incorporar la medicina reproductiva a los planes de beneficios explícitos, con criterios clínicos, límites definidos y evaluación de tecnologías sanitarias, como se hace con cualquier otra prestación. Tercero, diagnosticar a la pareja completa, no solo a la mujer. Cuarto, articular la cobertura con políticas de cuidado, licencias y compatibilidad laboral, porque el tratamiento sin ese soporte resuelve la mitad del problema.

América Latina no tiene un problema de natalidad. Tiene una distancia creciente entre los hijos que su gente dice querer y los que logra tener, y esa distancia la estamos administrando como si fuera un asunto privado. No lo es: es una decisión de política pública que ya tomamos por omisión. La pregunta que queda es cuántos años más vamos a tardar en reconocer que el acceso a la medicina reproductiva no es un lujo de algunos, sino una condición del desarrollo de todos.

* Columna escrita en colaboración con Constanza Salas, economista de la salud, especialista en políticas de acceso y evaluación de tecnologías sanitarias.

* El autor es experto en políticas públicas en salud, ha trabajado para diversas asociaciones e industria relacionada con estas materias, desempeñándose también a nivel académico. Actualmente dirige Thera Health Policy & Access.

Referencias