España anuncia plan contra crisis de vivienda

Madrid. El gobierno español presentó el martes medidas para enfrentar la crisis de vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el Ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría.

El Consejo de Ministros del martes había levantado una gran expectativa entre los cientos de activistas que acampan en la turística Puerta del Sol de Madrid. Instalados ahí por cuarta noche consecutiva, reclaman soluciones para facilitar el acceso a la vivienda ante un mercado con unos precios disparados en los últimos años.

Su indignación estalló tras el desalojo la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que se vio obligada a abandonar el piso en el que vivía desde hacía siete décadas, después de que una empresa de inversión lo adquiriera.

Ante la conmoción desatada, el gobierno anunció la suspensión de los desalojos de “personas vulnerables sin alternativa habitacional” hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan, dos de las principales demandas de los manifestantes.

Pero estas medidas -anunciadas tras intensas negociaciones dentro de la coalición gubernamental- se incluirán en dos textos que deberán votarse ahora en un Parlamento muy fragmentado, a menos de un año de las elecciones previstas para 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró en un vídeo publicado en X “un paquete ambicioso de medidas” que según resaltó, también establece como prioridad “acabar con la especulación y los abusos en el mercado de la vivienda”.

Congreso decidirá

Entre sus principales objetivos, el gobierno pretende “paralizar compras especulativas” e identificar los “fondos buitre” para prohibirles “que sigan mercadeando con un bien esencial” como la vivienda, expresó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no detalló qué instrumentos utilizarán para ello.

Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios comprando inmuebles y de reducir la oferta para los residentes.

El Ejecutivo prevé igualmente la "regulación" de los alquileres de temporada y de habitaciones, indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en X.

El Congreso de los Diputados celebrará el viernes un pleno extraordinario para debatir y votar estos decretos ley, según precisó Rodríguez, que llamó a todas las formaciones políticas, incluida la oposición de derechas y de extrema derecha, a formar una “mayoría social” para aprobar ambos textos.

Mientras, en Madrid, donde los manifestantes se preparaban por la noche para una cuarta jornada de ocupación de la Puerta del Sol, las autoridades regionales habían dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para desmantelar este campamento considerado “ilegal”.