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La factura del estancamiento

OpiniónEl Economista

Imagine una papelería de barrio, de esas que sobreviven entre el regreso a clases y las copias a un peso. Su dueña la fundó hace veinte años, se dio de alta en Hacienda y durante dos décadas pagó puntualmente sus impuestos. Este año ya no pudo. Con las ventas en picada y los márgenes evaporados, el ISR se volvió impagable. Hoy solo acepta efectivo, dejó de facturar y se deslizó, sin quererlo, hacia la informalidad. Es un caso ficticio, pero describe una realidad que miles de pequeñas y medianas empresas, el 99% de las unidades económicas del país y siete de cada diez empleos, viven todos los días.

La evidencia dura la aportó esta semana México Evalúa. Mariana Campos documenta que la recaudación del ISR cayó 6.2% real anual en el primer semestre de 2026: el segundo peor desempeño en 26 años, solo superado por el desplome de 2009, en plena crisis financiera global. El detalle es aún más revelador: el ISR empresarial se hundió 11.8% en el primer trimestre; es decir, 61.4 mil millones de pesos que dejaron de llegar a las arcas públicas, mientras las retenciones de nómina crecieron 7.4%. Traducción: las empresas ya no generan utilidades y son los trabajadores formales quienes sostienen los ingresos del Estado. Como advierte Campos, ese amortiguador no es infinito: no hay empleo formal sin empresas formales que lo sostengan.

Los datos oficiales confirman el diagnóstico. Según el INEGI, la economía creció apenas 0.6% en 2025 y acumula 1.2% en la primera mitad de 2026. La inversión fija bruta suma dos años de caídas, con un retroceso anual de casi 3%. El IMSS reportó la pérdida de 19,550 empleos formales en julio, con apenas 243 mil creados en el año, un ritmo anémico para un país que necesita generar cuatro veces más. Y los especialistas encuestados por el Banco de México prevén un crecimiento de solo 1.2% este año, estiman que el país no rebasará el 2% sino hasta 2028 y elevaron de 21.5% a 28.2% la probabilidad de contracción en el tercer trimestre.

Este cuadro no nació con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero tampoco lo ha corregido. Heredó de Andrés Manuel López Obrador un sexenio con el crecimiento promedio más bajo en décadas, una inversión pública concentrada en obras insignia de dudosa rentabilidad, un déficit fiscal histórico y una reforma judicial que sembró incertidumbre jurídica justo cuando el nearshoring exigía certeza. A casi dos años de gobierno, la continuidad ha pesado más que la corrección: sin reforma fiscal, sin un estímulo serio a la inversión privada, con Pemex absorbiendo recursos que el erario ya no tiene, y con la apuesta de que el consumo y las remesas sostengan solos el paisaje.

El problema es que la aritmética fiscal no perdona. Casi seis de cada diez pesos que ingresa el Gobierno provienen del ISR. Si las utilidades se comprimen, la recaudación cae; si la recaudación cae, se financia con deuda o se recorta el gasto; y si además las empresas asfixiadas migran a la informalidad (como nuestra papelería), la base tributaria se encoge de manera permanente.

Es el círculo vicioso perfecto: estancamiento que erosiona ingresos públicos que, a su vez, limitan la capacidad del Estado para detonar crecimiento.

La lección es incómoda pero urgente: no habrá finanzas públicas sanas sin empresas rentables, ni empresas rentables sin certidumbre, Estado de derecho e inversión. Cada papelería que deja de facturar es un contribuyente menos, un empleo formal en riesgo y un síntoma más de un modelo que no está funcionando.

El foco rojo del ISR no es una estadística: es la factura del estancamiento, y la estamos pagando todos.

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