Ante el estancamiento de la economía, lo peor sería soltar el gasto público

El cierre de las finanzas públicas de 2025 no tiene sorpresas. Según la SHCP, fue muy parecido a lo que había anticipado desde septiembre pasado cuando se publicó el programa macroeconómico para este año. No obstante, el estado de las finanzas públicas no deja de ser preocupante. La reducción del déficit, o “consolidación fiscal”, reconocida como necesaria incluso por el gobierno, quedó corta. El déficit público, que en 2024 fue el más elevado en 35 años, cerró en 4.8% del PIB cuando se había programado de 3.9% (en su versión más amplia, requerimientos financieros del sector público); cifras mayores a las de 2013-2018, 3% en promedio, y a las de 2019-2023, 3.7.

Los ingresos del erario fueron mayores a lo programado, destacando los tributarios, que resultaron 0.5 punto porcentual del PIB mayores a lo previsto. Pero ello no se reflejó en una mejoría fiscal, ya que el gasto público se desvió en mayor medida del programa: 26.4% vs 25.5 por ciento.

En comparación con otros países, el déficit público en 2025 no es significativamente menor. Incluso es mayor que países como Alemania, los nórdicos, Chile, Perú, Costa Rica, Tailandia e Indonesia. Tampoco la deuda pública bruta, 57% del PIB, es particularmente menor; más bien es comparable a las de Colombia y Costa Rica, y mayor a las de Chile, Perú, Indonesia y Filipinas, por ejemplo.

En resumen, el ajuste o consolidación fiscal sí se llevó a cabo, pero lejos de lo que sería deseable y sigue siendo una fuente de riesgo macroeconómico. Más aun ante el estancamiento de la actividad económica y sus pobres perspectivas. La encuesta del Banco de México indica una expectativa de crecimiento de 1.3% para 2026 y de alrededor de 1.8% para los próximos 10 años, y la confianza empresarial sigue en declive. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento menor al del mundo y de las economías emergentes y en desarrollo en 2026 y 2027.

En ese entorno, la concentración del gasto público en programas sociales y obras de dudosa rentabilidad llevará probablemente, tarde o temprano, a la insostenibilidad de las finanzas públicas.

Mientras tanto, el gobierno parece preocupado por la falta de crecimiento. Recientemente, la presidente se ha reunido con economistas, banqueros y otros empresarios, presumiblemente con el fin de ver cómo se puede reactivar la economía.

Como se ha señalado antes en este espacio, la inversión y el crecimiento no resultan de reuniones, firmas de acuerdo y fotografías. Resultan de un ambiente propicio para ello, con los bienes públicos necesarios: certidumbre, procesos judiciales claros y seguros, legalidad, estado de derecho, infraestructura útil y seguridad energética, entre otros. Eso es lo que hay que generar cuanto antes, además de inversión en capital humano —educación y salud— y seguridad pública de manera perdurable.

Pero el régimen no parece dispuesto a hacerlo. Sigue enfocado en asegurar votos para su permanencia. Ante ello, la tentación puede ser intentar reactivar la economía vía el gasto público. En la situación actual, ello aceleraría la insostenibilidad fiscal y elevaría el riesgo de una crisis macroeconómica.