Convertir en “commodity” al mercado de carbono

Es indispensable reducir las emisiones de CO2, pero también, capturar o disminuir el CO2 que se encuentra en altas concentraciones en la atmósfera. Esto último sólo puede hacerse práctica y económicamente a través de proyectos forestales (los árboles absorben el CO2 de la atmósfera). En ello, el mercado de carbono puede ser una herramienta fundamental, en particular, ahora que Estados se ha retirado del Acuerdo de París e materia de cambio climático. Pero, para que un mercado de carbono exista y funcione eficazmente se requiere de instituciones sólidas de gobernanza climática, y regulación técnica y financiera. Desgraciadamente, los mercados de carbono hoy fallan de manera ostensible. Esto, en gran parte, porque los créditos o “bonos” de carbono resultantes de proyectos forestales difieren mucho de los mercados internacionales de mercancías estandarizadas (commodities). Los créditos de carbono son títulos que no tienen liquidez, no son homogéneos, no existen precios observables por cada unidad de cuenta (un crédito o “bono” de carbono que ampare una tonelada de CO2 absorbida o capturada), ni un mercado secundario, ni instrumentos de comercialización especializados (no son fungibles), y no permiten una cobertura creíble de riesgos. Tampoco es posibles valuar inequívocamente co-beneficios, como la biodiversidad. No ofrecen certeza jurídica, ni transparencia suficiente, ni una escala que pueda ser relevante climáticamente. No implican obligaciones legales exigibles de captura y almacenamiento permanente de carbono; sólo representan intenciones bilaterales entre compradores y desarrolladores de proyectos. Sirven básicamente para que empresas adquieran mejor reputación y un perfil de sostenibilidad frente a gobiernos, clientes y mercados financieros, aunque, es verdad, pueden ser contabilizados como compensación de emisiones en estrategias de neutralidad de carbono.

El carbono almacenado en bosques no tiene derechos de propiedad claros (¿quién es el dueño?), y carece de figuras legales de custodia, de exclusión o de entrega o transferencia. Además, los proyectos de captura forestal de carbono adolecen de falta permanente de monitoreo y evaluación del desempeño. ¿Quién es responsable si la captura de carbono se revierte con un incendio, o un desmonte, o a causa de una plaga? Si un proyecto forestal de captura de carbono fracasa, el comprador de los créditos de carbono no tiene posibilidad de demandar una compensación o reemplazo. (Las cosas son más graves tratándose de proyectos de reducción de emisiones, o de emisiones evitadas, que son, en lo fundamental fantasías contrafactuales). Todos los problemas anteriores se suman a pruebas complicadas de adicionalidad (que la captura de carbono no hubiera ocurrido en ausencia del proyecto), y ausencia de fugas (que las emisiones no se trasladen a otro sitio). Si un comprador quiere salir del mercado y vender sus créditos de carbono, le es prácticamente imposible, no hay liquidez, lo que acaba por minar todavía más al mercado, en vez de disciplinarlo. Un crédito de carbono que no puede ser objeto de compra-venta y que no es valuado objetivamente de manera transparente no puede integrarse a los estados financieros de una empresa, ni contabilizarse contra a sus pasivos. En suma, los créditos de carbono no representan verdaderos activos contables para las empresas que buscan compensar emisiones o lograr cero emisiones netas en 2050. La gestión del riesgo también es un problema serio en los proyectos forestales de captura de carbono, y en los créditos o “bonos” de carbono asociados. Actualmente se crea un fondo de reemplazo, o “colchón” de seguridad en cada proyecto para cubrir eventualidades de reversión de los créditos de carbono, por ejemplo, incorporando superficies de restauración forestal más allá del proyecto en sí. Sin embargo, tales colchones carecen de soporte jurídico, no están capitalizados, y no poseen un mecanismo para disparar y procesar o compensar el riesgo de reversión. ¿Quién va a pagar en caso de reversión de la captura de carbono y, de aumento en las emisiones y concentraciones de CO2 en la atmósfera del planeta? Imposible que paguen los propietarios de la tierra (frecuentemente, comunidades), u ONG económicamente precarias que desarrollan los proyectos en un ambiente de incertidumbre con comunidades rurales que tienen procesos muy volátiles de decisión, y que no ofrecen certeza jurídica a largo plazo. Además, es muy difícil asegurar que el propio colchón de carbono sobreviva ante presiones de uso de la tierra por actividades agropecuarias.

¿Qué hacer? Mark Roston de la universidad de Stanford ha propuesto rentar o arrendar carbono en vez de comprarlo. Es decir, empresas compradoras serían las arrendatarias, y el desarrollador del proyecto o los propietarios de la tierra serían los arrendadores. Esto resolvería el problema de permanencia con procedimientos continuos de monitoreo y verificación de carbono en bosques, se conservaría un derecho ejercible a lo largo del tiempo, y sería posible transferirlo en el mercado, o sea, el crédito de carbono se convertiría así en un activo contable. Todo esto exige una nueva arquitectura institucional multilateral. Luchar eficientemente contra el calentamiento global requiere de mercados “commoditizados” de créditos de carbono derivados de proyectos forestales.