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El conflicto es generacional
El envejecimiento poblacional agrava las desigualdades entre generaciones, pues las pensiones absorben recursos públicos que financian los jóvenes, mientras aumentan las presiones fiscales, laborales y de vivienda.
Jorge A. Castañeda | Columna invitada
En Europa estallan las protestas por el costo de la vivienda y los presupuestos de educación; en Estados Unidos, preocupa la sustentabilidad del gasto público, particularmente de Social Security y Medicare; y en México, la insuficiencia fiscal del gobierno es cada vez más evidente. Aunque parecen fenómenos aislados, detrás de ellos existe uno de los grandes conflictos de esta era del que pocos hablan: las transferencias económicas entre generaciones y sus injusticias, según el lente con que se mira.
En el fondo, la cuestión es cuál debe ser el balance de transferencias económicas entre generaciones a través del Estado. Esta disputa no es nueva, pero la crisis demográfica y el aumento de la esperanza de vida la están agravando, quizá hasta llevarla a un punto de quiebre.
El caso más grave es Francia. Su gasto en pensiones de beneficio definido, financiadas pay as you go, superó el 14% del PIB en 2025 y seguirá creciendo. Estas no son más que transferencias de jóvenes que hoy trabajan y pagan impuestos a personas mayores de 62 años, cuyo nivel de vida promedio ya es similar al del resto de la población. Con semejante gasto en pensiones, incluso un Estado que gasta 57% del PIB se ve obligado a hacer recortes en otras áreas, como la educación.
La crisis de vivienda en España también refleja este conflicto, personificada por la ya fallecida Maricarmen Abascal. Unos culpan al capitalismo rapaz y otros a los socialistas, pero nadie menciona que ocupó un piso céntrico durante unos 70 años, impidiendo que ahí viviera una familia joven, con o sin subsidio o renta controlada. Una de las causas de la falta de vivienda es que la gente vive más y, por ende, ocupa sus hogares por más años.
En EU, con toda la generación del baby boom en edad de retiro, casi cuatro de cada diez dólares del presupuesto federal se destinan a mayores de 65 años. En 2025, el gobierno gastó 43,700 dólares por cada uno y 4,300 por cada menor de 26, según el Penn Wharton Budget Model: diez veces más, a favor de grupos relativamente más ricos. La riqueza de los hogares de 75 años o más pasó de 5% arriba del promedio en 1983 a 55% en 2022. La cuenta tiene fecha: en 2032 se agotaría el fondo de Social Security y, bajo la ley actual, las pensiones tendrían que recortarse 22%. Los boomers defienden sus beneficios con el argumento de que pagaron por ellos toda su vida; los jóvenes responden que ninguna cuota justifica recibir mucho más de lo aportado, menos si ellos no tendrán beneficios equivalentes.
México va corriendo hacia la misma discusión. El Estado tiene carencias fiscales que urge resolver, pero buena parte de su debilidad se debe a que en 2027 el 23% del presupuesto, cerca de 6% del PIB, se destinará a pensiones de todo tipo, financiadas casi por completo con recursos fiscales. Hoy, los jóvenes, sobre todo asalariados del sector formal, pagan un ISR altísimo y con deducciones limitadas para financiar pensiones del IMSS, Pemex y las Fuerzas Armadas.
Es una discusión ética para la que, al menos yo, no tengo respuesta. ¿Deben los jóvenes mantener a los mayores durante cada vez más años, a costa de sus ingresos y bienestar? ¿O al revés? Lo cierto es que este conflicto será omnipresente en la política económica mundial, no solo por las transferencias entre generaciones, sino por sus efectos en el empleo y la vivienda, entre otros ámbitos. A la larga, veremos si las poblaciones mayores, que votan más y defienden mejor sus intereses, mantienen sus privilegios o si el mundo reconoce que simplemente no habrá recursos suficientes para pagarlos.