El canon de la arrogancia: el costo político de la injusticia epistémica

Cuando la ciencia tarda décadas —o siglos— en reconocer una verdad evidente, no todo el retraso se explica por la frase “errar es de humanos”: a veces el conocimiento madura lento porque faltan instrumentos, datos o métodos para verlo con claridad. A veces, la tardanza es el precio normal de aprender. Pero cuando la evidencia es robusta y aun así se posterga, ahí sí opera un régimen de validación. Un sistema de filtros que decide qué se vuelve visible, cuándo y para quién. La filósofa Miranda Fricker llamó injusticia epistémica a esa violencia silenciosa que le quita el habla a un sujeto no por falta de pruebas, sino por falta de estatus. En la jerarquía del conocimiento, no importa tanto qué se dice, sino quién lo dice, en qué idioma lo hace y a qué club pertenece.

Para que la medicina aceptara en los años 80 que una simple bacteria estaba detrás de la úlcera péptica, Barry Marshall no solo presentó datos y pruebas: llevó el argumento al límite con un autoexperimento —bebió un cultivo de Helicobacter y documentó la infección y la gastritis— para quebrar la incredulidad de una élite acostumbrada a explicarlo todo “por estrés”. Pero ¿qué pasa cuando el investigador no tiene la posibilidad de arriesgarse así o no posee el pasaporte adecuado para ser escuchado?

Con Lynn Margulis la injusticia epistémica toma otra forma. Al cuestionar la suficiencia de la genética y proponer la endosimbiosis como clave para entender el origen de la complejidad celular, Margulis no solo ofreció una teoría: reformuló el problema. La evidencia se acumuló, pero el reconocimiento tardó. Y esa demora deja una lección útil para la medicina: las ideas no circulan solo por su fuerza explicativa; circulan a través de filtros. En su caso, esos filtros combinan frontera disciplinaria, sesgo de género y canon biológico.

Aquí es donde el drama de la ciencia se vuelve político. El sistema científico no es una meritocracia de ideas, sino una estructura selectiva. Más que prejuicios individuales, lo gobiernan métricas, circuitos de citación, filtros editoriales (gatekeeping) y traducción regulatoria. Esta inercia institucional genera una brecha temporal que se mide en años de demora, políticas tardías y recursos mal asignados.

El punto no es repartir culpas, sino entender cómo se administra el reconocimiento —y qué costos tiene esa administración. Para entender esta brecha, propongo una taxonomía del reconocimiento: desde la corrección funcional que Marshall forzó en menos de 20 años, hasta la corrección generacional (20 a 50 años) y la arqueológica (más de medio siglo), donde la verdad llega cuando el autor ya es solo un nombre en una lápida.

Una figura que concentra varias capas de la injusticia epistémica es Sigismund Peller (1899—1976). Su biografía es un catálogo de exclusiones. Médico judío que huyó del nazismo, Peller llegó al mundo anglosajón con una tesis revolucionaria: el cáncer no era solo un error biológico celular, sino un fenómeno profundamente ligado a la clase social, el trabajo y la pobreza. Y además dejó una lección incómoda sobre cómo viaja —y se demora— una verdad: en 1923 formuló en alemán una idea clave sobre la definición de la mortalidad perinatal; pero el reconocimiento real llegó hasta 1948, cuando la reescribió en inglés. No cambió la verdad: cambió el pasaporte.

Peller sufrió lo que Fricker denomina injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. Por un lado, el prejuicio de identidad: inmigrante, con acento y origen religioso, quedó fuera del circuito de reconocimiento dominante. Por el otro, la medicina de mediados del siglo XX —obsesionada con la bacteriología y una genética todavía incipiente— no tenía todavía “palabras” ni marcos para entender la epidemiología social. Para muchos, Peller no hacía “ciencia de verdad”, sino sociología con bata. Su exclusión operó como preservación del dogma: aceptar a Peller implicaba admitir que la salud pública era también justicia social, no solo laboratorios. Su reconocimiento fue generacional: primero tardó 25 años en cruzar la barrera del idioma; después, casi medio siglo en cruzar la barrera conceptual, hasta tratar el código postal como un factor de riesgo tan decisivo como muchos marcadores biológicos.

El anglocentrismo actúa como un filtro que descarta saberes brillantes simplemente por el idioma en que fueron concebidos. Carlos Finlay (1833—1915), el médico cubano que identificó al mosquito como vector de la fiebre amarilla en 1881, es el ejemplo arquetípico. Sus hallazgos, publicados originalmente en español en los Anales de la Academia de Ciencias Médicas de la Habana, fueron tratados como curiosidades tropicales por la ciencia imperial. Tuvo que llegar una comisión estadounidense (la Comisión Reed) casi veinte años después para "validar" lo que Finlay ya había resuelto. La corrección, en este caso, fue un acto de apropiación: el mundo recuerda a Reed, pero Finlay quedó relegado a la nota al pie de página de la historia durante décadas. El canon dominante era y es en inglés. ¿Por qué lo seguimos perpetuando?

Lo mismo ocurrió con Tu Youyou, científica china. Su descubrimiento de la “artemisinina” para combatir el paludismo —basado en textos antiguos de medicina tradicional— tardó en ser reconocido en los circuitos dominantes. No tenía un doctorado occidental, no hablaba inglés fluido y publicaba en revistas chinas durante la Revolución Cultural. La corrección arqueológica llegó con su Premio Nobel en 2015, pero el desfase en el reconocimiento y en la adopción internacional de su hallazgo recuerda que la injusticia epistémica no es un detalle académico: puede traducirse en costos sanitarios masivos, especialmente en el Sur Global.

La brecha de la implementación

Pero el daño más profundo de esta injusticia no ocurre en las revistas científicas, sino en la legislación. El propósito último de la ciencia es que el conocimiento se traduzca en leyes, reglamentos y costumbres que protejan la vida. Sin embargo, la inercia institucional es pavorosa.

Recordemos el escorbuto: desde principios del siglo XVII se sabía que los cítricos prevenían el escorbuto, pero la Marina británica tardó más de un siglo en volverlo norma. Más de cien años de burocracia epistémica. En tiempos modernos, la Hipótesis de Barker sobre los orígenes fetales de las enfermedades adultas sufrió un destino similar.

David Barker mostró en los años 80 que la desnutrición en el útero programaba al individuo para la diabetes y la hipertensión. Si esa evidencia se hubiera integrado antes, habríamos llegado antes a políticas más ambiciosas sobre nutrición materna, desarrollo temprano y prevención de riesgo cardiometabólico. La tardanza de 30 años en legislar sobre la nutrición prenatal no fue un descuido; fue la resistencia de un sistema que no quería ver a un precursor que desafiaba la responsabilidad individual de la salud.

El caso del plomo en la gasolina y las pinturas ilustra perfectamente el costo político de la injusticia. Desde principios del siglo XX, existían testimonios de trabajadores y médicos de campo sobre la neurotoxicidad del plomo. Sin embargo, la industria —poseedora del capital epistémico y financiero— logró que el legislador ignorara estas voces bajo el argumento de que eran "anécdotas no científicas". Esa demora regulatoria se asoció con una disminución del coeficiente intelectual promedio y con daños acumulativos en poblaciones enteras. Aquí, la injusticia epistémica se traduce en daño generacional.

El olvido de los nunca reivindicados

Nuestra taxonomía de la corrección es, en el fondo, una lista de sobrevivientes. Son pocos los que, por azar o persistencia, lograron que el sistema les devolviera el nombre. Pero el panorama más desolador es el de los nunca reivindicados. Por cada Barker o cada Peller que finalmente entró en los libros de texto, hay miles de enfermeras cuyas innovaciones en cuidados fueron atribuidas a médicos varones; miles de sanadores indígenas cuyos conocimientos botánicos fueron patentados por farmacéuticas sin mencionar su origen; y miles de técnicos de la periferia global cuyos aportes originales fueron canibalizados por el "centro" académico, donde se concentra el prestigio que consagra.

Ese saber fue "traducido" al lenguaje del poder, borrando al emisor original en el proceso. Esta es la forma más extrema de injusticia epistémica: no solo se ignora el conocimiento, sino, además, se aniquila la memoria de quien lo produjo.

Epílogo

La injusticia epistémica no se cura con un Nobel tardío, un reconocimiento póstumo ni con una disculpa institucional. Se combate reconociendo que el conocimiento es un territorio en disputa, donde el poder pone los muros. La “corrección tardía” que hemos visto puede parecer un triunfo de la verdad, pero llega a destiempo: cuando el autor ya no puede celebrarlo y la sociedad ya pagó el precio.

Necesitamos una ciencia que no pida pasaporte, que no exija un inglés perfecto y que no desprecie el saber de quien no tiene un título de élite. Debemos pasar de una ciencia que “valida” desde el centro a una ciencia capaz de abrir sus filtros. Porque el costo de la arrogancia no se mide en teorías descartadas, sino en años de demora, políticas tardías y sufrimiento evitable. La validación puede fabricar autoridad; la autoridad no puede fabricar verdad. No es que la evidencia llegue tarde; a veces el canon la hace esperar.

Referencias para profundizar la lectura

• Fricker, Miranda. (2017). Injusticia epistémica: El poder y la ética del conocimiento. Trad. Ricardo García Pérez. Herder (Barcelona)
• Eugene Garfield, “Delayed Recognition in Scientific Discovery: Citation Frequency Analysis Aids the Search for Case Histories”. Current Comments, 1989: Vol. 12: 154-160.