Sistema político y desarrollo

Es claro, después de más de una década de la última gran reforma del sistema político mexicano en 1997, que éste no está creado para promover el desarrollo económico. Más bien, está diseñado para que los partidos políticos, sus líderes y sus miembros en el poder sean jugadores, que se apropian de rentas y simultáneamente protegen a otros grupos, que también persiguen la apropiación de rentas. Tenemos un sistema político en el que sus jugadores, sea al nivel federal o a los niveles inferiores de gobierno, estados y municipios, no son responsables por sus actos. De ahí que resulte necesaria su transformación.

Entre los muchos aspectos que se requieren modificar destacan la reelección de funcionarios públicos electos y la asignación de recursos públicos a los partidos políticos.

Primero, lo relativo a la reelección. En el sistema político mexicano, la ausencia de reelección de funcionarios públicos deriva en que ninguno de ellos, en lo individual, sea responsable por sus actos. La actuación individual no recibe un premio si ésta se traduce en un mayor nivel de desarrollo o de bienestar, como tampoco experimenta un castigo si con sus actos se entorpece el desarrollo.

Como resultado, con el esquema actual, los premios y castigos son para el partido en su conjunto. Si el electorado percibe que las propuestas y actos de gobierno mejoraron su bienestar, es probable que en el siguiente proceso electoral el partido sea premiado en las urnas.

Por el contrario, si el electorado percibe que la actuación de los miembros de un partido en particular promovió legislación o realizó actos de gobierno que les redujeron sus libertades individuales o repercutieron en un menor nivel de bienestar, en el siguiente proceso electoral serían castigados.

En consecuencia, para generar el incentivo para que cada uno de los funcionarios públicos electos actúe de una manera socialmente responsable y que ello se traduzca en un mayor nivel de desarrollo económico y de bienestar, es necesario permitir la reelección inmediata, incluyendo el Presidente de la República, gobernadores de los estados, presidentes municipales así como legisladores federales y locales. Ellos, en lo individual, recibirían el premio o el castigo.

La propuesta ya ha sido discutida en el Congreso de la Unión y no ha sido aprobada porque para a los líderes partidistas ello implicaría perder sus rentas. En consecuencia, el sistema de incentivos no está alineado con el objetivo de desarrollo económico.

Segundo, la asignación de recursos públicos a los partidos políticos. Con la restricción presupuestal dura que tienen las finanzas públicas mexicanas, la exorbitante cantidad de recursos presupuestarios que se le transfieren a cada partido es claramente ineficiente y hasta insultante. Resulta inaudito que, en un país en el cual la ineficiencia del diseño del sistema tributario se deriva en ingresos tributarios estructuralmente débiles, los partidos políticos reciban cada año carretadas de recursos que tienen un significativo costo de oportunidad, ya que se podrían haber asignado a otras necesidades como educación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera.

El argumento de que ello es necesario para blindar a los partidos de contribuciones indeseables, particularmente aquellas provenientes del crimen organizado, es en realidad un argumento muy débil y lo que esconde es la intención de los líderes partidistas de maximizar la apropiación de rentas.

De ahí que sea indispensable tomar la decisión de Estado y reducir la asignación presupuestal a los partidos.

ikatz@eleconomista.com.mx