Lectura 4:00 min
Presupuesto y Derechos Humanos
Los ajustes económicos no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos; realizados con cuidado pueden impulsar el crecimiento económico y la protección de los grupos sociales vulnerables
Desde hace más de un siglo, México se ha comprometido jurídicamente a tutelar la dignidad humana. Primero, con la entrada en vigor de la Constitución Política de 1910 y años más tarde, con la firma de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador.
Aunado a ello, la reforma constitucional del 10 junio del 2011 en materia de derechos humanos forjó un hito para la protección de las personas en nuestro país. Al ampliar su reconocimiento y sentar principios y obligaciones para las autoridades, los derechos humanos se convirtieron en el eje central del quehacer del Estado y como tal, la disponibilidad de recursos económicos resulta una cuestión de la mayor trascendencia para lograr su efectividad.
Particularmente, el logro de la plena efectividad de los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se encuentra directamente vinculado con el presupuesto público del país y la manera en como éste se programa, distribuye, ejerce y evalúa. No es realizable el derecho a la salud, por ejemplo, sin un sistema de protección que cuente con un número suficiente de servicios hospitalarios; o bien, resultaría complicado asegurar el goce pleno del derecho a la vivienda digna o el acceso al agua potable, sin la infraestructura adecuada.
Pocas naciones han atendido este vínculo; destacables son los casos del Reino Unido y Sudáfrica, que cuentan con instituciones facultadas específicamente para evaluar el grado en que los gobiernos cumplen con sus obligaciones de derechos humanos a través de sus decisiones presupuestarias.
En México el análisis del presupuesto y la dignidad humana aún debe fortalecerse, pues queda claro que todavía existen retos para lograr verdaderamente la progresividad en la satisfacción de los derechos humanos: de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre los años 2012 y 2014, el número de personas en situación de pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones, lo que significa que la mitad de la población en el país enfrenta alguna carencia en el acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, alimentación e incluso es desfavorecida por el rezago educativo.
Sabemos que hoy nuestro país enfrenta un escenario económico global complejo que implica reducciones inminentes al gasto del gobierno federal. Ante este difícil panorama, resulta imperante colocar la dignidad humana como eje central de las metodologías que sustentan la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del presupuesto. Sobre todo con el propósito de que dichos ajustes no afecten los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, entre otros, como lo son las niñas, niños y adolescentes; las personas con discapacidad; las mujeres, los migrantes; las poblaciones desplazadas y los adultos mayores.
El propio Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha señalado con relación a los ajustes económicos que éstos no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos; por el contrario, el ajuste llevado a cabo cuidadosamente puede crear condiciones necesarias para impulsar tanto el crecimiento económico como la protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
A fin de promover la trascendencia de este impostergable compromiso, en junio pasado la CNDH firmó un Convenio de Colaboración con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México en cuyo marco se está llevando a cabo un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal. Y más recientemente, en septiembre, se llevó a cabo un seminario sobre la temática.
Sólo a través de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos es que México puede hacer frente a su deber primario de protegerlos, respetarlos y garantizarlos. Reconocer su importancia es cimentar la ruta hacia la dignidad humana.