Patente de corso militar

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó hace unos días que México no aceptará la recomendación que emitió la Organización de las Naciones Unidas para que sean los tribunales civiles y no castrenses los que investiguen y sancionen las violaciones a derechos humanos cometidas por militares asignados a tareas de seguridad pública y rechazará que exista un patrón de impunidad en su actuación.

Es verdaderamente preocupante la manera desafiante y renuente con la que las autoridades civiles enfrentan a los organismos de derechos humanos internacionales para defender la actuación de los militares. Lo es también el hecho de que desde hace tiempo, el gobierno federal no atiende las recomendaciones de esos organismos sobre violaciones a los derechos humanos en el país.

Gracias a todo ello, los militares adquieren cada vez más atribuciones extra constitucionales. Poco a poco gozan de una mayor impunidad y las violaciones que cometen en contra de los civiles se hacen a un lado o se esconden, debido a que parecen estar legitimados por una guerra anticrimen que aún no ha sido definida.

Son ya varios los militares que ocupan los puestos de seguridad en diversos municipios del país y los operativos en los que participan les suponen una jerarquía que está sobre cualquier autoridad de seguridad estatal o local, tal como se ha demostrado recientemente en los operativos realizados en Michoacán, Nuevo León y Veracruz.

Parece claro también que el gobierno federal no ha resistido la tentación a usar el poder militar para sacar raja política durante esta contienda electoral, mientras la figura presidencial se está convirtiendo en el único actor político de peso en el país, dado el ataque de desprestigio que están sufriendo los partidos políticos. Pareciera que se está gestando el huevo de la serpiente de un golpe de mano autoritario en el país. El primer paso ha sido brindar a las fuerzas militares una patente de corso para que hagan lo que se les dé la gana en nuestra vida civil.

Resulta lamentable que la mayoría de los partidos políticos y la mayoría de nuestros intelectuales no hayan atendido este corrimiento autoritario del régimen, y que por el contrario, ocupados en corresponder con la demanda de seguridad ciudadana, hayan acabado por legitimar la impunidad armada.

Es también preocupante que algunos grupos de la sociedad civil llamen a no votar y con ello a desmantelar la institucionalidad democrática del país. No resurgirá de esa destrucción la ciudadanía, lo único que nos estará esperando serán los soldados.