OHL, ?concesión ilícita

El gobierno de Rafael Moreno Valle decidió rescatar, sin indemnización de por medio y por causa de utilidad pública la concesión que le fue adjudicada, durante la administración de Mario Marín, a la empresa constructora española OHL.

La noticia es una bomba y no es muy difícil prever que tendrá impactos múltiples.

Es un nuevo caso en el que una empresa extranjera se ve involucrada en presuntos actos de corrupción, pues aunque explícitamente el gobierno estatal no ha hecho imputaciones al respecto, no es muy difícil imaginar cómo una empresa puede obtener una concesión, sin competir con otros.

Se trata de una acción -de acuerdo con la fundamentación legal del gobierno estatal- que deja al descubierto un esquema de adjudicación directa totalmente ilícita y expone los tratos irregulares que habría logrado una de las empresas constructoras españolas más importantes en México.

Seguramente, la acción del gobierno poblano generará una reacción legal por parte de la empresa e incluso podría pensarse en una repercusión a nivel internacional.

No es expropiación, ?es rescate

Pero hay que aclarar: no se trata de una acción expropiatoria.

No es comparable, por ejemplo, con lo que el gobierno argentino está haciendo en el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el que, de manera unilateral, el gobierno de ese país decide quedarse con los activos de la empresa Repsol.

En este caso, no se está expropiando activo alguno de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL).

El rescate de la concesión no tiene por objeto primordial afectar bienes de los particulares, sino proteger los bienes de uso común del Estado en beneficio de la colectividad. El rescate es una extinción anticipada de la concesión en función del interés público.

Es un caso en el que en el tránsito de un gobierno a otro se detectan serias irregularidades cometidas por la administración gubernamental saliente para la adjudicación directa, la modificación unilateral del título de concesión por parte de la empresa y el incumplimiento del mismo, con todo y todo.

Inversión no cumplida

Se trata de una obra en la que se invertirían 189 millones de euros, equivalentes a alrededor de 1,213 millones de pesos y tendría que haber sido entregada en diciembre del 2009.

Transcurrieron en exceso cuatro años y ni siquiera se inició la construcción que se planteó originalmente y sigue siendo una necesidad. Por eso la decisión del gobierno de Puebla de retirar a la empresa española el contrato a 30 años para construir y operar el libramiento norte de la ciudad de Puebla.

Le retira el contrato sin indemnización económica alguna de por medio.

Utilidad pública, fundamentos

¿Por qué decide rescatar la concesión el gobierno poblano?

Porque viola los principios constitucionales y las leyes secundarias.

El gobierno detectó una serie de irregularidades graves detectadas en la adjudicación de la obra.

En el documento en el que se toma la decisión, los argumentos los fundamentan José Cabalan Macari Álvaro, secretario de Administración y Roberto Juan Moya Clemente, secretario de Finanzas.

Exponen que el gobierno estatal encontró que se trata de una licitación completamente ilícita al no haberse convocado a otros participantes.

Es decir, adjudicó directamente a OHL sin haber sido sometido a un concurso en el que varias empresas constructoras ofertaran sus propuestas.

Además de eso, OHL entregó el proyecto dos meses después de suscribir el título de concesión y OHL no liberó el derecho de vía en seis meses como ofreció originalmente.

Y tampoco entregó la fianza por 57 millones 990,000 pesos a favor de la Secretaría de Finanzas. OHL sólo depositó 200,000 pesos de los 550 millones de pesos que tenía que aportar a un fideicomiso privado para la liberación del derecho de vía.

El exgobernador Mario Marín permitió que OHL modificara el título de concesión en dos ocasiones.

Ésa es la historia de un negocio que no fraguó.

Es el caso de un engaño para los poblanos.

CUENTOS VERAS

Buenos pronósticos de banqueros

No habrá inestabilidad por las elecciones pronostica la Asociación de Bancos de México (ABM) que encabeza Jaime Ruiz Sacristán en tanto que la American Chamber, desde la perspectiva de la economista en jefe Deborah Riner no ve riesgo para la inversión extranjera derivado del proceso electoral. Desde la perspectiva de ambas influyentes organizaciones, el próximo Presidente de la República mantendrá la estabilidad macroeconómica. Ojalá.

Twitter: @marco_mares

marcomares@eleconomista.com.mx