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Opinión

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Mayor competencia, para un crecimiento sostenido

La crisis económica actual nos obliga a buscar de manera urgente soluciones que impulsen el crecimiento económico sostenido. Sin embargo, el problema del escaso crecimiento de la economía mexicana data de varias décadas y su origen no es coyuntural, sino estructural.

El Grupo Huatusco, un grupo plural de economistas con diferentes visiones, ha llegado a la conclusión de que el Estado mexicano ha sido capturado por grupos de poder y buscadores de rentas y ha perdido su capacidad para conducir a la economía por una senda de crecimiento con equidad .

Algunos economistas consideran que para enfrentar la crisis se necesita más Estado y menos mercado; otros sostienen una posición inversa. Lo cierto es que, para que la economía funcione bien, se necesita que tanto el Estado como el mercado operen de manera que las decisiones económicas individuales contribuyan al interés público. Esto se logra cuando la intervención gubernamental se dirige a proteger el proceso de competencia o a replicar sus resultados en aquellos mercados donde esto no sea posible. Existen principalmente tres razones que explican lo anterior.

En primer lugar, cuando hay competencia, el ingreso real de los consumidores es mayor y la distribución del ingreso es menos desigual. Carlos Urzúa, académico del ITESM, ha estimado que 30% del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia. En estos mercados, los consumidores gastan alrededor de 40% más en su canasta de consumo que si hubiese competencia. Es decir, si no hay competencia, los consumidores se ven obligados a pagar precios que están por encima de los que resultarían bajo condiciones de competencia.

Segundo, la competencia impulsa la competitividad de la economía, fomenta la inversión y el empleo y genera mayor crecimiento económico. El año pasado, México pasó de la posición 52 a la 60 en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Si se realiza una desagregación de este índice, podría observarse que buena parte de las variables que explican la caída en la competitividad de la economía nacional están relacionadas con la falta de competencia.

Finalmente, cuando existe competencia, los recursos públicos tienen un mayor impacto multiplicador. Por ejemplo, desde hace poco más de dos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió cambiar su mecanismo de asignación en la compra de medicamentos por uno en el que se promoviera mayor competencia, lo que ha significado ahorros de alrededor de 19,600 millones de pesos.

El problema de la falta de competencia en México y su impacto sobre el crecimiento económico ha sido identificado no sólo por la Comisión Federal de Competencia, sino por diversos organismos internacionales como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, así como por instituciones de investigación nacionales e internacionales como el IMCO y el Foro Económico Mundial.

Asimismo, diversos participantes en el Foro México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, como Denisse Dresser, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz y Macario Schettino, lo han indicado con mucha claridad.

Para consolidar la competencia en los mercados se requieren acciones legislativas concretas. Por un lado, se requiere crear un marco regulatorio procompetitivo en telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía.

Por otro lado, deben promoverse instituciones reguladoras cada vez más fuertes e independientes, que estén separadas de las decisiones políticas y que sus resoluciones se apeguen estrictamente a consideraciones técnicas y económicas. Evidentemente, al mismo tiempo es necesario fortalecer la rendición de cuentas de estos reguladores ante la sociedad.

En lo que se refiere específicamente a la Comisión Federal de Competencia, existen tres puntos centrales para fortalecerla: mayores sanciones económicas; sanciones penales para casos de prácticas monopólicas absolutas, y la posibilidad de que los consumidores reclamen daños y perjuicios.

Actualmente, la sanción esperada que enfrentan los agentes económicos por realizar prácticas monopólicas absolutas resulta menor que el beneficio esperado que obtendrían en caso de cometerlas. Por ello, se requieren sanciones económicas más fuertes para disuadir de manera más efectiva a los agentes económicos de violar las disposiciones en materia de competencia.

En México, las sanciones monetarias previstas en la ley de competencia están por debajo de las que se imponen en otros países, en los cuales se prevén multas hasta por 10% de las ventas anuales del infractor.

Segundo, es necesario hacer aplicables las sanciones penales para los responsables de realizar prácticas monopólicas absolutas, como se prevé en las legislaciones de países más desarrollados en esta materia como de Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Japón, Canadá, y Reino Unido, entre otros.

En tercer lugar, se necesitan medios efectivos para que los consumidores y empresas afectadas por una práctica monopólica puedan reclamar daños y perjuicios a los agentes económicos que las hayan cometido.

En estos tres ámbitos ya existen propuestas de reformas que están en discusión en distintas comisiones del Congreso de la Unión. La aprobación de estas medidas consolidaría la política de competencia, lo que permitiría elevar el ingreso real de los consumidores, fomentaría la competitividad, la inversión y el empleo, y conduciría a la economía mexicana por una senda de crecimiento más elevado y sostenido. En otras palabras, se trata de reformas que anteponen el interés público a cualquier interés particular.

*Presidente de la Comisión Federal de Competencia.

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