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Opinión

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La política de la innovación

En la búsqueda de crecimiento y desarrollo, la innovación ha tomado una relevancia específica cuando se piensa en ella como una solución a los problemas económicos y sociales a los que nos enfrentamos.

La desigualdad, el cambio climático, la escasez de recursos naturales, nichos de mercado históricamente desatendidos, entre otros, han llevado al mundo a buscar soluciones creativas.

En lo que se ha establecido como el inicio de la Cuarta Revolución Industrial, las soluciones se caracterizan por la convergencia de los espacios digitales con los físicos y biológicos, así como el crecimiento tecnológico acelerado.

Tecnologías como big data, blockchain, machine learning, inteligencia artificial o el Internet de las Cosas están cada vez más presentes en sectores como el financiero, automotriz, político o educativo.

No obstante, su evolución no ha ido de la mano de su comprensión. Por un lado, el sector privado crea proyectos o implementa tecnologías para cubrir el mercado. Por otro lado, el gobierno las regula de manera reactiva.  Finalmente, la sociedad se apropia de las mismas pero en ocasiones también las padece porque, en conjunto, no se camina al mismo ritmo.

Los avances tecnológicos que conlleva la innovación sugieren nuevos paradigmas económicos, sociales, legales, éticos, entre muchos otros, mismos que deben ser analizados bajo una nueva óptica, pues los instrumentos y mecanismos existentes, no necesariamente son útiles.

La política de la innovación no es un cúmulo de ideas, sino un marco para la implementación de éstas y un concepto que sigue evolucionando. De pensar en una visión industrial, de tecnologías o de investigación, está virando a usar otras prácticas o instrumentos para su desarrollo e implementación.

Por ejemplo, en las últimas décadas se ha pensado que los instrumentos fiscales incentivan la investigación y el desarrollo tecnológico, pero se ha observado que no necesariamente es así. A la par, se han desarrollado instrumentos como impuestos, subsidios, capacitaciones, entornos de emprendimiento, demanda inducida, premios, regulación, estandarización, entre otros, que aún se están analizando.

En México, recientemente se ha escuchado sobre la regulación de diversos sectores en donde se está innovando, desde la movilidad hasta las finanzas. Se ha generado debate al respecto sobre la provisión de servicios innovadores y la incapacidad de gobiernos y empresas para llegar a acuerdos que permitan vislumbrar el potencial de desarrollo de estos nuevos mercados.

En el sector financiero nacional se reguló a las criptomonedas y las fintech con una visión muy mesurada, reduciendo el entorno de emprendimiento y protegiendo los sectores tradicionales. Cuando en realidad, ambos atacan nichos de clientes distintos. De trabajar en conjunto y converger, tendrían el potencial de cambiar un sector de raíz, en beneficio mutuo y, sobre todo, de la sociedad.

En el tema de movilidad, en la Ciudad de México, se sigue debatiendo sobre los sistemas de transporte mediante aplicaciones móviles, la privacidad y el uso de la información de sus usuarios. Se han establecido impuestos y regulaciones que han debilitado al transporte del “último kilómetro”.

Podría citar más ejemplos, pero lo relevante es que esa realidad futurista nos alcanzó y la política de la innovación tiene un futuro por venir.

No estamos preparados aún para ello. Los debates éticos sobre vehículos autónomos o las implicaciones de riesgo moral por modelos predictivos llegarán, por lo que habrá que urgir a nuestras autoridades, empresas y sociedad a que trabajemos de manera conjunta para sacar el mayor provecho de la innovación para México.

*El autor es consultor.

@pedrolichtle

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