Estado de excepción

En México formalmente no hay estado de excepción , y sin embargo el poder público actúa como si lo hubiera. Hasta donde se sabe, México no ha sufrido una invasión de otro país, tampoco hay alguna fuerza o hecho que perturbe gravemente la paz pública, o existe un conflicto o peligro grave. Y las anteriores son las únicas causas, según el artículo 29 de la Constitución, por las cuales se puede restringir o suspender los derechos y las garantías que los mexicanos tenemos.

Y sin embargo, aunque formal y públicamente no se han declarado suspendidas las garantías ni la restricción de derechos, en la práctica así se han aprobado varias de las reformas recientes, especialmente la energética.

La discusión y la aprobación de la reforma energética ocurrió en el Congreso de la Unión y en la mayoría de congresos estatales en un entorno de extremas medidas de seguridad. En la capital de la república, los senadores aprobaron una iniciativa turnada por el Ejecutivo cercados por 1.2 kilómetros de vallas metálicas de dos metros de altura y por 3,400 policías. Este dispositivo extraordinario de seguridad se repitió en la Cámara de Diputados durante la discusión de la reforma energética.

Los cercos metálicos y la presencial policial se repitió en los congresos locales, en las sesiones convocadas para avalar el dictamen de la reforma enviada por la Cámara de Diputados; en los congresos de Jalisco, Puebla y San Luis Potosí hubo agresiones a los manifestantes. En Campeche los diputados cambiaron de sede para evitar a ciudadanos opositores a la reforma.

Los diputados federales y locales o tuvieron qué disfrazarse de policías, choferes o incluso entrar al recinto legislativo por la azotea para llegar a la discusión sobre dicha reforma.

En la Cámara de Diputados, tras concluir el periodo ordinario de sesiones, se instaló otro dispositivo que incluye cinco cordones de seguridad conformados por vallas metálicas de más de tres metros de altura, unidades de seguridad y camiones del Agrupamiento a Caballo que sirven como barreras de contención , según reportó Excelsior (17 diciembre).

Es decir, la reforma energética, un cambio constitucional extremadamente relevante para el presente y futuro del país, se discutió en recintos legislativos amurallados por vayas metálicas y fuerzas de seguridad, y se impidió a los ciudadanos que atestiguaran un debate crucial.

Si la reforma energética aprobada traerá tantos y positivos resultados como dicen y se gastaron millones de pesos en su publicidad para tratar de convencer a la población de sus beneficios, ¿por qué no se dejó a los ciudadanos que libremente entraran a los congresos (la casa del pueblo según la teoría liberal) y escucharan los argumentos de los legisladores?

Estos dispositivos de seguridad se instalaron también en la discusión de otras reformas (por ejemplo la educativa) y en otras ceremonias de los poderes públicos (como en la toma de poder de los presidentes o cambios de legislatura).

Es decir, cada vez es más común que los poderes públicos operen en estas condiciones extremas de vigilancia y seguridad y que impiden que los ciudadanos participen en dichos actos y discusiones, restringiendo con ello sus derechos y garantías.

Lo que ocurre en México le da la razón al filósofo político italiano Giorgio Agamben. Según este autor, el estado de excepción , ese laso que se –que se supone provisorio- en el cual se suspende el orden jurídico, se ha convertido durante el siglo XX en forma permanente y paradigmática de gobierno .

El totalitarismo moderno , la instauración de un estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física de no solo de los adversarios políticos sino que categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político .

Como vemos, se trata de algo mucho más grave que abrir el sector energético al lucro privado, se trata también de una grave restricción de los derechos políticos de los mexicanos.

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