El PRI y su propuesta contra la corrupción

Pocas cosas llaman la atención del actual proceso electoral como la dispersión en la campaña del virtual candidato del PRI. Los temas, los tonos, las propuestas, las respuestas parecen responder exclusivamente a lo que dicen los grupos de enfoque, al supuesto mercado electoral, no a una idea clara de lo que se quiere hacer con el poder, ni de cómo obtenerlo en democracia. Es una campaña tecnocrática, sin convicción, vergonzante de sus siglas partidistas y bajo la sombra de provenir de un gobierno impopular. La reciente propuesta de legislación en materia de combate a la corrupción es la mejor muestra. La iniciativa en realidad abunda en disposiciones que ya existen en otros ordenamientos o que fueron propuestas por otros partidos, pero bloqueadas por el PRI.

Fue el PRI, de hecho, el que impidió que en la nueva ley de responsabilidades de servidores públicos se estableciera la obligación de los funcionarios de hacer público su patrimonio, por eso la promesa del 3de3 no se concretó. Meade, con Emilio Gamboa de fondo, repite lo que hizo Peña hace seis años, proponer combatir la corrupción por medio de cambios legales, lo que no se cumplió. Lo que ha hecho el gobierno, en cambio, es impedir que el llamado sistema nacional anticorrupción funcione, o el menos no alcance para investigar temas como el financiamiento de las campañas del PRI o el entorno cercano del presidente.

La promesa de combatir la corrupción en México no puede ser creíble sin exigir que se proceda contra Emilio Lozoya, involucrado por confesiones juradas en el escándalo de corrupción más documentado de la historia del continente, tampoco sin exigir una investigación profunda de las acciones del secretario de Comunicaciones o un deslinde del envío de fondos a gobiernos estatales para pagar las campañas del PRI. Para que la propuesta anticorrupción sea creíble sería necesario que el candidato del PRI se deslindara del gobierno de Peña Nieto, de otra manera hablar de contrición es sencillamente contraproducente. En realidad, el marco legal actual, el que se creó con el sistema, pero también el que ya existía, es suficiente para combatir la corrupción, el tema es tener la voluntad y las decisiones políticas para lograr ese objetivo. Es por eso que la única manera de acreditar, desde el gobierno, compromiso con el combate a la corrupción es mostrarlo.

Es verdad que se ha procedido en contra de exgobernadores por el mal uso de recursos, pero solamente cuando perdieron elecciones y los excesos fueron más que evidentes. En realidad, por años se consintió a gobiernos estatales, con ilimitados recursos discrecionales, aún cuando las irregularidades eran evidentes desde hace tiempo. En ese juego también participaron, con entusiasmo, legisladores y gobernadores de PAN y PRD, que por medio de los famosos moches desviaron recursos públicos. No sería exagerado señalar que los grupos que ahora dominan ambos partidos financiaron su supremacía con cargo a dichos fondos. En el fondo, lo que construyó la coalición que ha gobernado el país es un pacto de impunidad que, a pesar de cambios legales, de avances en temas de transparencia, la corrupción se mantiene como la norma del ejercicio de lo público.

La propuesta del PRI no suma al debate, no solamente por redundante, sino también por reduccionista. A estas alturas deberíamos estar hablando de cómo reducir la discrecionalidad en el manejo presupuestal, de cambios en la ley de obras y adquisiciones, de mejor evaluación, de centros de costos, de catálogos de infraestructura, de auténtico control legislativo sobre el gasto. El problema es que como la campaña del PRI no pretende construir una oferta, sino reaccionar a lo que supuestamente dicen las encuestas, entonces carece de substancia y, al final, no sirve como alternativa.