Contra los monopolios

Cuando Fernando Sánchez Ugarte era titular de la Comisión Federal de Competencia (CFC), perdió una oportunidad de oro para darle a México una auténtica aerolínea de bandera, al oponerse a la fusión de Aeroméxico y Mexicana.

Eduardo Pérez Motta, el actual comisionado presidente, ha ido más allá del llamado del deber para tratar de imprimir respetabilidad a la CFC, pero sus esfuerzos se topan con un Congreso mezquino, que no tiene la claridad para darle dientes a la instancia reguladora pues prefiere defender intereses empresariales.

Hace poco la CFC, en otro intento por defender al consumidor, declaró colusión de precios de los cuatro principales productores de cemento: Cemex, Holcim Apasco, Cruz Azul y Moctezuma. La airadísima reacción, en especial de Cemex de Lorenzo Zambrano, refleja cómo las empresas prefieren gastar enormes sumas en litigios y amparos que bajar precios.

Poco antes de dejar la Casa Blanca el año pasado, George Bush hijo introdujo uno de los típicos madruguetes de los gobiernos salientes, una orden ejecutiva que en esencia relajó las acciones antimonopólicas del gobierno, en claro beneficio de los cuates y socios de Bush en el sector de las grandes empresas.

El combate a los monopolios es uno de esos temas con fuerte carga ideológica, lo que explica porqué genera tanta retórica y florituras verbales. El que fue el zar antimonopolios de Bush, Thomas Barnett, justificó el relajamiento de las reglas afirmando que los reguladores deben evitar interferir en la competencia benéfica que impulsa la innovación y el crecimiento económico , aunque ello implique manipulación de precios y mercados en detrimento del consumidor.

Aunque se tardó más de 100 días en descubrir el desaguisado, Barack Obama ayer canceló la orden ejecutiva de Bush, ampliamente considerada como factor de debilitamiento de las leyes antimonopolios, y ordenó una lucha sin cuartel contra conductas monopólicas ilegales.

En el vecino país, la supervisión antimonopólica está dividida entre la División Antimonopolios del Departamento de Justicia, a cargo de Christine Varney, y la Comisión Federal de Comercio (FTC), que preside Jon Leibowitz, lo que más se parece a la CFC.

Al anunciar el rechazo a la ley de Bush, Varney fue enfática en que el cambio de filosofía manda una clara señal a todos los sectores involucrados de que la división antimonopolios analizará, de oficio , todo caso en que los monopolistas tratan de utilizar su poder dominante para evitar la competencia y perjudicar al consumidor.

Cabe destacar que cuando el gobierno de Bush implementó a la brava su orden ejecutiva promonopolios, la FTC en pleno, incluyendo a Leibowitz y sus tres comisionados quienes sirven periodos de siete años, se opuso a la directriz, pero les echaron montón desde el Departamento de Justicia, entonces a cargo del Procurador General Michael Mukasey, y la norma se aplicó.

Apoyos Banca-Nafin

Al anunciar el esperado programa de apoyos ABM-Nafin por 14,000 millones de pesos, el presidente de los banqueros, Ignacio Deschamps, afirmó que el esfuerzo conjunto de la banca comercial y de desarrollo podría beneficiar a unas 12,000 microempresas y casi 5,000 pequeñas y medianas, recordando que un objetivo clave es preservar los empleos del sector.

El titular de Nafin y Bancomext, Héctor Rangel Domene, explicó que el enfoque del plan es impulsar una recuperación más rápida de las empresas afectadas por la contingencia sanitaria. Se trata de canalizar recursos hasta por 10,000 millones de créditos nuevos y 4,000 millones en reestructuras.

Habrá créditos nuevos por 5,000 millones de pesos a MIPYMES afectadas en sus flujos por la baja en la actividad económica en el Distrito Federal y zonas turísticas más afectadas.

Dichos apoyos se otorgarán a través de la banca comercial, con garantía Nafin; serán hasta por 2 millones de pesos por acreditado, con plazos de gracia de capital, tasas fijas menores a las del mercado y sin garantías reales.

También habrá créditos a empresas turísticas. Se dispondrá de 2,000 millones a través de Bancomext, para garantizar créditos de 2 a 30 millones por empresa, a través de la banca comercial, apoyo crediticio y garantías para el sector de aviación por otros 3,000 millones.