30 años de justicia constitucional electoral

Hace 30 años nació el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como la máxima instancia en la resolución jurisdiccional de conflictos sobre las elecciones en México.

EL TEPJF ha sido esencialmente un tribunal ciudadano, no solo porque el 66.27% de las demandas que se somete a su consideración se presenta por ciudadanas y ciudadanos.

Es un tribunal ciudadano porque, en los hechos, ha protegido los derechos de la ciudadanía en general y, en especial, de personas pertenecientes a sectores que se encuentran en condición de desventaja histórica o social en nuestro país, incluso en ausencia o anticipándose a su reconocimiento por la ley.

En efecto, la lectura cuidadosa de sus sentencias en todos estos años demuestra esa constante: ha protegido los derechos humanos de las mujeres; personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, personas naturalizadas o con doble nacionalidad, personas migrantes y residentes en el extranjero.

El TEPJF ha tutelado igualmente derechos de personas en prisión preventiva; ciudadanos jóvenes; niños, niñas, adolescentes, cuyos derechos (sin contar todavía con ciudadanía) se han visto involucrados en la dinámica electoral; personas pertenecientes a minorías políticas, así como ciudadanos que buscan acceder a la justicia en defensa de su efectiva participación política.

Por poner solo unos ejemplos: de manera pionera, reconoció la suplencia total de la queja para pueblos y comunidades indígenas, y efectos jurídicos del principio de autodeterminación y de su sistema normativo interno (SUP-JDC-11/2007); vinculó a los partidos políticos a postular al menos siete candidatas mujeres a las gubernaturas, al estimar que la falta de regulación no debía traducirse en incumplimiento de su derecho a acceder a dichos cargos (SUP-RAP-116/2020 y acumulados).

Reconoció que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar bajo el principio de presunción de inocencia (SUP-JDC-352/2018 y acumulado); ordenó al INE establecer medidas afirmativas para garantizar condiciones de igualdad en las diputaciones federales, con la participación política de personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes (SUP-RAP-121/2020 y SUP-RAP-21/2021).

Protegió las candidaturas de personas transgénero, reconociendo que la autoadscripción y la identidad de género deben ser respetadas en el registro (SUP-JDC-304/2018); determinó que los formatos de registro para consejerías electorales debían incluir una casilla para personas no binarias, y que las cuotas de la comunidad LGBTQ+ no podían obtenerse restando espacios a las mujeres (SUP-REC-277/2020).

Recientemente, resolvió que un integrante del SPEN del INE, diagnosticado con trastorno del espectro autista, tenía derecho a ajustes razonables en el procedimiento laboral sancionador en su contra (SUP-REC-103/2026). Pueden mencionarse innumerables casos más.

Sentencias como las descritas nos llevan a hacernos la siguiente y trascendental pregunta: ¿cómo puede y debe entenderse la legitimidad de un tribunal de estas características ante la sociedad mexicana?

La legitimidad de la justicia electoral se construye día a día mostrando por qué y para qué sirve a la ciudadanía. No se construye ni se defiende respondiendo a ataques motivados por razones políticas o directamente partidistas, ajenas a la función jurisdiccional. Tampoco se construye defendiendo al TEPJF de críticos o detractores irreflexivos, mediante contestaciones retóricas o discursivas.

La legitimidad del TEPJF se demuestra a través del servicio efectivo que ha prestado a las personas y a sus derechos humanos en estas tres décadas de existencia.

Treinta años después, la mejor defensa del Tribunal Electoral no es un discurso. Es su archivo.