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24,622 cuentas congeladas, ¿y después qué?
Eduardo Ruiz-Healy | Ruiz-Healy Times
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el viernes cifras que muestran un avance sólido en el combate financiero contra la delincuencia organizada. Desde octubre de 2024 ha incorporado a 2,395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas e inmovilizado 24,622 cuentas por 8,670.8 millones de pesos. De ellas, 7,861 están vinculadas con organizaciones criminales: 31.9% del total.
En los últimos tres meses de 2024 fueron bloqueadas 184 cuentas; en 2025, 6,942, y entre enero y agosto de este año, 17,496. Durante años, muchos afectados recurrieron al amparo para recuperar su dinero. Entre 2019 y 2022 se desbloqueó alrededor del 80% de los recursos inmovilizados, aunque no todos por amparos.
Eso cambió con la reforma a la Ley de Amparo publicada el 16 de octubre de 2025. Ahora no procede la suspensión provisional en los casos previstos por la ley y la definitiva solo puede concederse sobre recursos cuya procedencia lícita quede acreditada. El 12 de agosto pasado, la Suprema Corte reforzó este esquema al determinar que la UIF puede bloquear cuentas a partir de investigaciones nacionales cuando existan indicios razonables y suficientes de posibles operaciones ilícitas.
La UIF existe desde 2004, pero no siempre actuó con la misma intensidad. Santiago Nieto la convirtió, entre 2018 y 2021, en una institución mucho más agresiva, aunque después los tribunales liberaron buena parte de los recursos. Omar Reyes dispone ahora de algo que ninguno de sus antecesores tuvo: una Ley de Amparo más restrictiva y criterios de la Corte que fortalecen los bloqueos.
Pero bloquear cuentas no equivale a derrotar financieramente al crimen. La inteligencia financiera funciona bien cuando el dinero pasa por bancos, empresas, transferencias y prestanombres, pero mucho menos frente a la economía criminal que sigue operando con efectivo. El cobro de piso es el ejemplo más evidente. Desde que comenzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en julio de 2025, la UIF ha inmovilizado 1,443 cuentas relacionadas con este delito.
Existe un problema mayor. Congelar una cuenta es una medida cautelar, no una sentencia. La UIF puede detectar operaciones sospechosas, identificar empresas y prestanombres y congelar dinero, pero convertir esa inteligencia en una condena exige que la Fiscalía General de la República investigue, reúna pruebas y lleve los casos ante los tribunales.
Y aquí surge un problema de transparencia. En los sitios oficiales de la UIF y la FGR no son fácilmente detectables estadísticas actualizadas que permitan saber cuántas denuncias de la UIF fueron judicializadas, cuántas terminaron en condena y cuánto dinero bloqueado terminó en manos del Estado. Sin esos datos es imposible medir la eficacia completa de la estrategia.
Las 24,622 cuentas bloqueadas impresionan, pero no bastan. Lo importante es saber cuántas denuncias llegan ante un juez, cuántas terminan en condena, cuántos de los 8,670.8 millones de pesos se pierden definitivamente para los delincuentes y cuántas estructuras financieras son desmanteladas.
El gobierno de Sheinbaum ha fortalecido el primer eslabón. Ahora falta demostrar que puede completar los demás. Congelar es un avance; decomisar, condenar y desmantelar las redes financieras es la verdadera prueba.
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