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México endurece criterios para deuda verde, social y ODS
La SHCP publicó el Marco Soberano de Financiamiento Sostenible 2026: amplía etiquetas, incorpora taxonomía y reportes, y define gasto elegible ligado al Presupuesto de Egresos de la Federación para atraer capital climático y social
Sustentabilidad
El gobierno federal ajusta su estrategia de finanzas sostenibles con el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible 2026, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La actualización se plantea como respuesta a una exigencia creciente de los mercados: no basta con colocar deuda “etiquetada”; ahora se requiere trazabilidad del gasto, alineación técnica y reportes consistentes que permitan evaluar resultados.
El marco 2026 parte de una base que México construyó desde 2018 al vincular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al incorporar la Agenda 2030 a su planeación nacional. Con ese antecedente, Hacienda busca convertir la conexión “presupuesto–metas” en una arquitectura financiera más clara: identificar Gastos Sostenibles Elegibles (GSE) dentro del PEF y asignarlos a emisiones que se presenten como instrumentos sostenibles.
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El diagnóstico oficial es que la brecha de financiamiento para acelerar el cumplimiento de los ODS exige un salto de escala. La Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible estima 13.6 billones de pesos entre 2023 y 2030 para apoyar los ODS, lo que implicaría movilizar 1.7 billones de pesos cada año. En ese escenario, el nuevo marco busca dos efectos:
• Ampliar el universo de inversionistas
• Elevar el estándar de información para sostener la demanda en el tiempo.
La herramienta central para homogeneizar criterios es la Taxonomía Sostenible de México. El documento la define como el sistema de clasificación para identificar actividades económicas sostenibles, facilitar la canalización de inversiones y mejorar la comparabilidad de datos. El movimiento es relevante para el mercado local e internacional, porque reduce ambigüedad en la discusión sobre qué cuenta como “sostenible” y qué evidencia debe presentarse para sostenerlo.
Estándares
En paralelo, Hacienda declara alineación con estándares de mercado global: Principios de Bonos Verdes y Sociales 2025 y la guía de Bonos Sostenibles de la International Capital Markets Association, además de principios de préstamos verdes y sociales 2025. Con ello, el marco 2026 busca que la estructura mexicana sea comparable con lo que inversionistas institucionales revisan en otras jurisdicciones.
En términos operativos, el marco habilita emisiones bajo etiquetas ODS, verde, social y azul, y suma etiquetas temáticas como transición, naturaleza, biodiversidad, adaptación, resiliencia climática, entre otras. Esta ampliación responde a una realidad: el financiamiento sostenible ya no se limita a mitigación; incorpora gestión de riesgos físicos, conservación, agua y resiliencia ante desastres, además de prioridades sociales.
El elemento presupuestario se mantiene como ancla. Los GSE se definen como programas presupuestarios incluidos en el PEF y aprobados anualmente por la Cámara de Diputados, alineados a ODS específicos. La lógica es: el sustento de la etiqueta no será una lista genérica de proyectos, sino gasto público identificado en el presupuesto. Además, el marco reconoce que la ejecución de ese gasto no es uniforme: puede implementarse por dependencias, autoridades locales, empresas u hogares, y financiar activos físicos (infraestructura, edificios, hospitales) o intangibles (educación, salud, innovación).
Inversionistas
Hacienda subraya un punto de estructura: el servicio de la deuda (capital e intereses) no depende de la selección o del desempeño de los GSE. Es decir, la etiqueta no cambia el riesgo soberano del instrumento. Esta separación es relevante porque mantiene el formato tradicional de deuda pública y permite demandar mayor transparencia en recursos.
Un ajuste con implicaciones políticas y técnicas es el criterio geoespacial. El marco establece que, para determinados GSE —en particular los clasificados como gasto social— se usará información territorial para dirigir recursos hacia regiones con mayores brechas de avance en ODS. La medida apunta a hacer visible el componente distributivo del financiamiento: no sólo “qué” se apoya, sino “dónde” se busca incidir.
La segunda palanca es el reporte. Hacienda plantea reportar anualmente la alineación de los GSE con la taxonomía, bajo un enfoque multinivel y en coordinación con dependencias involucradas. La evaluación distinguirá si un gasto es elegible, parcialmente alineado o alineado, de acuerdo con criterios técnicos, y prevé publicar resultados cada año.
El marco también integra referencias a compromisos climáticos. México actualizó su NDC (Nationally Determined Contribution) con el objetivo de reducir emisiones 35% a 2030 (vs Business As Usual ‘BAU’), y prevé medidas sectoriales para abatir alrededor de 140 millones de toneladas de CO2e en 2030. En biodiversidad, se incorporan metas e hitos nacionales para orientar acciones.
La señal del marco 2026 es que el mercado sostenible entra a una fase de “auditoría permanente”: asignación presupuestaria, taxonomía, territorialidad y reporte anual.