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Gobiernos estatales y municipales, limitados financieramente en metas climáticas
Especialistas llaman a la implementación de una Plataforma País para atraer financiamiento a proyectos de reducción de emisiones.
Los gobiernos locales son responsables en la mitigación al cambio climático en el transporte.
Los gobiernos estatales y municipales de México enfrentan limitaciones para contribuir al cumplimiento de las metas climáticas nacionales, pese a que son responsables de implementar políticas públicas en sectores clave para la mitigación y adaptación al cambio climático como transporte, gestión de residuos, desarrollo urbano y uso de suelo.
La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), presentada en noviembre del 2025 en la Conferencia de las Partes (COP) 30, organizada por las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC), “es la hoja de ruta climática más ambiciosa de la historia del país”, reportó la organización Iniciativa Climática de México (ICM).
Con metas en reducción de emisiones para 2030-2035 y emisiones netas cero para el 2050, “cuyo cumplimiento requiere movilizar 13.6 billones de pesos en financiamiento”, sólo el sector eléctrico alcanzar 45% de generación limpia para el 2030 y exige la tracción de 150,000 millones de pesos anuales en inversión privada, “una cifra que no se alcanzará con los flujos actuales”.
En el marco del primer foro Hacia la Plataforma de País de Inversión para el Desarrollo y la Acción Climática en México: Contribución desde la Sociedad Civil, representantes del sector público, organismos internacionales, sector financiero, academia y sociedad civil para hacer un llamado a concretar una Plataforma de País (CP), un mecanismo de financiamiento y apoyo técnico para el desarrollo de un país.
Estas plataformas son planes de inversión climática cuya meta es atender de manera simultánea la generación de empleo, combate a la pobreza y “el desarrollo económico y social, pero con un enfoque de justicia y equidad”, también permite la atracción de financiamiento internacional.
Ajustes
El desarrollo de una CP para México requerirá de ajustes, si bien esta figura se plantea bajo la directriz del gobierno federal “no depende exclusivamente de la figura presidencial ni de una administración específica”, se sostiene en el establecimiento de un Comité Directivo multidisciplinario.
“Su gobernanza debe incluir tanto a autoridades nacionales como a representantes estatales”, de forma que su implementación refleje la diversidad territorial, así como las prioridades y necesidades particulares de las diferentes regiones del país, “este componente es clave para evitar que el mecanismo se perciba como un instrumento centralizado”.
Aunque las Plataformas País se desarrollaron para abordar el cambio climático y la transición energética, casos de éxito en otros países muestran que pueden integrar la conservación de ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales en las políticas y planes de inversión nacionales, de igual forma “deben incorporar las principales políticas y programas en materia de adaptación a los principales impactos que el cambio climático ya está causando”.
Para algunos sectores se recomienda elaborar planes de reconversión laboral, diversificación productiva local, capacitación, protección social y participación comunitaria, “éstos deben ser considerados componentes centrales”, recomienda ICM; “se tiene que involucrar a gobiernos subnacionales y municipios desde el diseño” para acelerar su ejecución”.
Plan México
El Plan México podría entrar en contradicción con los compromisos climáticos del país si no se integran criterios de sostenibilidad en su diseño e implementación, ya que acciones como la expansión de la generación eléctrica con gas natural, la construcción de carreteras y aeropuertos, y el impulso a la producción agrícola e industrial podrían incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en lugar de reducirlas.
La experiencia internacional demuestra que la figura de CP puede atraer “volúmenes de financiamiento” hacia bjetivos climáticos específicos.
“Se debe consensuar con el gobierno federal, subnacional y otros tomadores de decisión los objetivos, sectores, metas y áreas de inversión que la CP priorizará”, en línea con los objetivos de emisiones, la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México.