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En marzo inicia construcción de desaladora en Baja California
La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza plantea certificar el proyecto.
Playas de Rosarito, BC. La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza analiza la certificación de la construcción de la planta desalinizadora considerada la más grande de América Latina, en Playas de Rosarito, con capacidad para producir 4,400 litros por segundo, y para la cual se invertirán 463.1 millones de dólares, que comenzara a edificarse en marzo del 2018.
De acuerdo con la institución, el proyecto propuesto consiste en el diseño, construcción y operación de una planta para producir 2,200 litros por segundo en una primera etapa o 50 millones de galones diarios.
Incluye la construcción y operación de un acueducto de dos tuberías de 29 kilómetros de longitud, con un diámetro de 42 pulgadas, para transportar el caudal de la desaladora a los tanques de almacenamiento “El Florido” y al Tanque “3”, ambos ubicados en Tijuana.
También plantea ampliar la capacidad del Tanque de almacenamiento “3” de 10,000 a 20,000 metros cúbicos (2,642 a 5,284 galones) de agua.
El proyecto se implementará en virtud de una Asociación Público-Privada y el agua potable producida servirá para cubrir la demanda de agua de una parte de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, sustituyendo el flujo suministrado por el Acueducto del Río Colorado-Tijuana.
El proyecto estratégico para la construcción, operación y mantenimiento de una planta desalinizadora de agua de mar en Playas de Rosarito permitirá garantizar su disponibilidad para las expectativas de crecimiento de la Zona Costa del Estado, que incluyen Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
Aprobación de decreto
La semana pasada, el Congreso de Baja California aprobó un decreto propuesto por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, en el que planteó el pago de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) a la empresa Aguas de Rosarito SAPI (responsable de la construcción de la desaladora) un monto máximo de contraprestación de 149.3 millones, para un monto total de inversión de 9,072.9 millones de pesos.
El plazo máximo del contrato será por 37 años, y los recursos serán de la recaudación de los servicios de la CESPT, pero de no contar con ese dinero se podrán utilizar los ingresos del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
A pesar de que el presidente de la junta directiva del Distrito de Agua de Otay de San Diego en California, Mark Robak, ha declarado que tienen la intención de comprar agua de Estados Unidos y que incluso han platicado con autoridades mexicanas al respecto, el dictamen 95 condiciona la aprobación del decreto a la prohibición de comercializar agua con algún país extranjero.
Además, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado, Manuel Guevara Morales, dijo que el contrato por medio del cual las comisiones estatales de servicios públicos estarán adquiriendo los volúmenes de agua convenidos con el consorcio Aguas de Rosarito, le impide a la empresa vender agua a ningún otro ente que no sea el Gobierno de Baja California.
De igual forma, manifestó que las leyes impiden al estado de Baja California la venta de agua a otro país, pues ese tipo de gestiones se tendrían que realizar por los gobiernos federales de ambos países, y en dependencias federales como la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Comisión Nacional del Agua, afirmando que incluso existen limitaciones legales que requerirían cambios constitucionales.