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Tras disparo de más de 200%, IMSS cierra huecos legales en Modalidad 40 para frenar abusos de despachos

Las nuevas restricciones aplican únicamente a las solicitudes que ingresen a partir de la publicación de la resolución y no tendrán efectos retroactivos.

.Pexels.

Frente a un crecimiento exponencial de más de 200% -entre 2018 y 2026- que amenazaba con escalar a niveles financieros insostenibles, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinó cerrar las lagunas y vacíos legales en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40. El mecanismo, diseñado para proteger a trabajadores de edad avanzada que pierden su empleo, terminó distorsionado por despachos financieros que lucran con el financiamiento de cuotas al tope legal.

Así lo confirmó en entrevista José Luis Carazo, representante del sector obrero (CTM) ante el Consejo Técnico del IMSS, quien aseguró que la medida no elimina el derecho de los asegurados, sino que busca erradicar huecos normativos en la Ley del Seguro Social (LSS) que abrieron la puerta a cobros abusivos, sobreendeudamiento y un boquete a las finanzas del sistema de pensiones.

"Yo lo pondría así,  se está poniendo freno a un abuso, pero no desaparece ni desaparecerá la modalidad. Lo que se busca es regularla para que auténticamente beneficie a quienes, conforme al espíritu del legislador se puso, a los trabajadores a punto de jubilarse, no a un grupo de inversionistas o de financieros que, basándose en este hueco de la ley, se están beneficiando", subrayó Carazo.

De acuerdo con el consejero de la CTM, el costo y uso de esta figura encendió focos rojos en el instituto por la velocidad de su incremento. Explicó que actualmente se registra un crecimiento de más de 201% y en unos cuantos años que, con el envejecimiento paulatino de la población, el impacto podría irse hasta el 400%, una cifra insostenible para las finanzas y las reservas del instituto.

Carazo detalló que la falta de un tope claro frente al último salario devengado permitió el florecimiento de intermediarios que financian aportaciones artificialmente altas a cambio de garantías que comprometen el patrimonio de las familias.

"Hay más de 36 empresas dedicadas a esto, buscando siempre el huequito en la ley. Se perciben muchos abusos, incluso en el sentido de que le quitan a la gente hasta los pocos bienes que tenga, su auto o en algunas ocasiones su casa o departamento, porque les piden las escrituras de garantía para prestarles el dinero", denunció el representante sindical.

Asimismo, apuntó la asimetría que provocaba el vacío legal frente al trabajador común, cuestionando qué aseguradora en el mundo permitiría cotizar con 100 pesos para otorgar después beneficios por 1,000 sin quebrar de inmediato. Remarcó que el esquema terminó beneficiando a ejecutivos con salarios divididos o a despachos financieros, en lugar de servir al trabajador de a pie que no tiene ingresos suficientes para pagar cuotas elevadas.

Ante la incertidumbre que la medida pueda generar entre la derechohabiencia, Carazo precisó que las nuevas restricciones aplican únicamente a las solicitudes que ingresen a partir de la publicación de la resolución y no tendrán efectos retroactivos.

En ese sentido, quienes ya se encuentren inscritos y pagando la Modalidad 40, así como los pensionados que ya reciben su mensualidad bajo este esquema, conservarán íntegras sus condiciones contratadas. Para las nuevas incorporaciones, los asegurados podrán seguir haciendo uso de la modalidad, pero con un incremento acotado a un máximo de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional respecto a su último salario registrado, evitando saltos salariales artificiales. Además, el Consejo Técnico fijó un plazo de hasta seis meses para concluir los estudios actuariales y presentar el marco regulatorio definitivo.

"Solo el 10% de los trabajadores formales inscritos en el Seguro Social tienen más de 56 años. Muchos pierden el empleo a esa edad y les faltan cuatro o cinco años para jubilarse; a ese sector es al que tenemos la obligación de proteger", concluyó Carazo.

Periodista dedicada a los temas laborales, empleo, sindical. En El Economista Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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