Conanp considera inviable el Royal Beach Club de Royal Caribbean en Cozumel; ayuntamiento no transparenta su postura

Cancún, QRoo.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) considera inviable el proyecto Royal Beach Club Cozumel que la naviera Royal Caribbean pretende construir en la isla.

Los argumentos están plasmados en la opinión técnica emitida por la dependencia con oficio F00.9.DRPYyCM/SUTCMR/199/2026, que forma parte del procedimiento de evaluación ambiental con bitácora 23QR2025U0054 que analiza la Semarnat para determinar si concede o no la autorización de impacto ambiental. El documento fue obtenido vía transparencia por organizaciones ambientalistas de Cozumel.

La opinión establece que el proyecto de 17.42 hectáreas para 4,000 turistas diarios se ubica parcialmente dentro del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, en la Zona III de Uso Intensivo, en la Zona Federal Marítimo Terrestre y Zona Arrecifal, y contraviene el Decreto y el Programa de Manejo del área protegida.

Entre los argumentos centrales, firmados por el director regional Juan Carlos Romero Gil, se señala que el club de playa prevé 2,000 camastros y 24 palapas tipo palafito de 4.6 metros de altura, que no son movibles y son consideradas infraestructura fija, pese a que el decreto de esta reserva natural prohíbe la instalación de infraestructura de cualquier índole que afecte formaciones coralinas.

Otra objeción es la densidad turística excesiva. El programa de manejo del área natural protegida solo permite turismo de baja densidad en esa zona, sin embargo el club duplicaría la visitación del parque. Actualmente el PNAC recibe unos 4,000 visitantes al día para actividades de buceo y snorkel y el proyecto sumaría otros 4,000 sin que el promovente analice los impactos acumulativos.

La Conanp documentó además dos nidos de tortuga marina junto al muelle existente. La instalación de palafitos, camastros, luces directas al mar y la compactación de arena por la operación violaría la NOM-62-SEMARNAT-2012 para protección de tortugas y la Regla 56 del Programa de Manejo que prohíbe modificar la línea de costa, remover dunas y rellenar manglar.

El riesgo hídrico es otro punto crítico. Con 4,000 usuarios diarios, la planta de tratamiento y los pozos de inyección propuestos no garantizan el manejo de aguas residuales. El acuífero de Cozumel es altamente permeable y sin filtro natural, por lo que la dependencia advierte un enriquecimiento de nitrógeno y fósforo que provocaría la muerte de manglar, pastos marinos —con Thalassia testudinum en categoría de Protección Especial— y arrecifes, ya mermados por los huracanes de 2020 y 2024, el Síndrome Blanco desde 2019 y los eventos de blanqueamiento registrados desde 2023.

A ello se suma el daño a la pradera marina, que inicia a pocos metros de la playa y no rebasa los tres metros de profundidad. El flujo de embarcaciones para trasladar a los visitantes causaría remoción constante de sedimentos, cuando en el Parque solo pueden atracar embarcaciones autorizadas por la Conanp con calado menor a dos metros.

La opinión también advierte sobre la privatización de playa pública. La colocación masiva de camastros en Playa Sur, una de las más usadas por la población local por su acceso libre, reduciría el espacio público y contraviene la Ley General de Bienes Nacionales que garantiza tránsito libre y gratuito en playas.

Finalmente, señala la pérdida de selva y afectación a especies endémicas, al no garantizar la conservación de 70% de vegetación nativa que exige la Regla 54. En el sitio habitan especies protegidas y endémicas como el mapache enano de Cozumel y el vireo de Cozumel, no consideradas en la Manifestación de Impacto Ambiental.

La Conanp observó también que parte del predio ya presenta remoción de suelo por la demolición del antiguo club y que se detectó operación con visitantes sin contar con la autorización de impacto ambiental.

Opacidad municipal

Dentro de esta misma evaluación, la Semarnat le pidió también la opinión técnica al Ayuntamiento de Cozumel, como parte del mismo proceso de evaluación ambiental del proyecto.

Mediante una solicitud de transparencia con folio 1411288500033526, por parte de organismos ambientalistas, se le pidió al gobierno municipal hacer pública su opinión sobre el Royal Beach Club, con sus anexos y su acuse de envío a la Semarnat.

El ayuntamiento cozumeleño emitió una respuesta inentendible, apelando al principio de exhaustividad de la ley que implica que el comité de Transparencia sesione para determinar si la información requerida existe o no; al mismo tiempo añade que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; "el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información (sic)".

En ningún momento el documento revela la información solicitada y sólo añade que el solicitante está en su derecho a inconformarse con la "respuesta".

Es decir, hasta hoy, la postura oficial del gobierno municipal sobre un proyecto de 75 millones de dólares en su territorio sigue sin ser pública.

En qué consiste el proyecto

El proyecto Royal Beach Club Cozumel consiste en un club de playa de día, sin pernocta, con capacidad para 4,000 turistas diarios, con restaurantes, albercas, bares, camastros y palafitos sobre una superficie de 17.42 hectáreas, de las cuales 1.11 hectáreas están en Zona Federal Marítimo Terrestre.

La inversión anunciada por la gobernadora Mara Lezama en marzo de 2024 es de más de 75 millones de dólares y es promovido por Desarrolladora Turística L.18 de México, filial de Royal Caribbean.

Es la misma compañía que impulsa el proyecto Perfect Day México en Mahahual, al sur de Quintana Roo, con una inversión estimada entre 600 y 1,,000 millones de dólares, que hasta ahora se encuentra suspendido y enfrenta amparos de pobladores que recientemente fueron revividos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión de fondo por posibles afectaciones ambientales.