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Certificación laboral en el sector agroexportador, desafío para mejorar estándares manteniendo competitividad
La propuesta del Ejecutivo Federal para implementar una Certificación Laboral Agroexportadora se perfila como una acción determinante para la posición de México frente a la revisión del T-MEC.
La propuesta del Ejecutivo Federal para implementar una Certificación Laboral Agroexportadora se perfila como una acción determinante para la posición de México frente a la revisión del T-MEC. Esta iniciativa busca consolidar la credibilidad del sector agroalimentario mexicano, que actualmente figura como uno de los principales proveedores de alimentos para el mercado estadounidense y el mundo.
Al respecto, Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), advirtió que el éxito de esta política dependerá estrictamente de su diseño operativo. Para el directivo, este mecanismo debe ser una herramienta estratégica que demuestre el cumplimiento de estándares internacionales en sostenibilidad y materia laboral, aprovechando que el sector exportador es uno de los pocos generadores consistentes de divisas para la economía nacional.
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Sin embargo, Anaya enfatizó que el liderazgo agroalimentario del país no puede sostenerse únicamente sobre la carga regulatoria del sector productivo. “La certificación laboral no debe convertirse en una carga administrativa o financiera adicional que recaiga exclusivamente sobre el sector exportador, ya que ello podría afectar la competitividad internacional de uno de los sectores más dinámicos del país”, indicó.
Para que esta implementación sea efectiva y no ponga en riesgo la capacidad productiva, el directivo de GCMA señaló que es indispensable que el gobierno federal acompañe el proceso con reglas claras, una implementación gradual y, sobre todo, estímulos que faciliten la formalización laboral, “el apoyo debe ser particularmente específico para los pequeños y medianos productores que forman parte integral de las cadenas de exportación”.
Juan Carlos Anaya sostuvo que si México decide elevar sus estándares de manera verificable, es legítimo exigir condiciones equivalentes en los campos agrícolas de Estados Unidos que compiten directamente con la producción mexicana.
La postura del organismo consultor es que la certificación debe transformarse en una verdadera ventaja estratégica. Según palabras de Anaya, sólo mediante una visión de responsabilidad compartida, donde la política cuente con incentivos del Estado y establezca condiciones de reciprocidad con los socios comerciales, podrá fortalecerse la competitividad del campo mexicano en el comercio internacional.