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Petroleras deberán invertir para repeler crimen

Los inversionistas que desarrollen proyectos energéticos planteados en la reforma deberán analizar los riesgos de seguridad pública respecto de la infraestructura y proyectos, lo que significa que las empresas tendrán que invertir en estrategias de seguridad en México tanto como lo hacen en sus operaciones en otras partes del mundo.

Los inversionistas que desarrollen proyectos energéticos planteados en la reforma deberán analizar los riesgos de seguridad pública respecto de la infraestructura y proyectos, lo que significa que las empresas tendrán que invertir en estrategias de seguridad en México tanto como lo hacen en sus operaciones en otras partes del mundo, expuso el Woodrow Wilson Center.

En su informe Responder a las expectativas de la industria petrolera: los desafíos de seguridad en el noreste de México y las respuestas del gobierno , el Instituto México de este centro detalló que las dos entidades con más planes en el rubro energético, Tamaulipas y Veracruz, son también las que mayor crecimiento en la presencia del crimen organizado han tenido en los últimos años.

Como una muestra, está el robo de hidrocarburos por parte del crimen organizado en ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en estos dos estados, que el año pasado reportaron 935 tomas clandestinas, la cuarta parte del total nacional.

Tamaulipas tiene cuatro centros procesadores de gas, además del polo petroquímico en Altamira, la refinería Madero y los centros de tratamiento y distribución de Reynosa y Madero; esta entidad es la mayor proveedora de gas del país, gracias a que el complejo Burgos aporta 26% de la producción nacional.

En el caso de Veracruz, cuenta con dos complejos gaseros, además de la refinería de Minatitlán, cinco petroquímicas y 18 terminales de almacenamiento, mientras que en sus 11 puertos es responsable de 52% de todas las exportaciones de México.

Sin embargo, el estado de paz y bienestar en Tamaulipas se deterioró de 20 a 40% en la última década y tan sólo en abril del 2014 se reportaron 35 incidentes mortales relacionados con el sector energético. En Veracruz se deterioró de 5 a 20% con el incremento de la presencia de cárteles como el del Golfo y Los Zetas.

Estas dos entidades abarcan buena parte de los recursos prospectivos y reservas que se licitarán en la Ronda Uno de contratos para exploración y producción de hidrocarburos en el país, por lo que el gobierno ha tomado medidas para mejorar las condiciones, tarea que no será sencilla y que implicará un desembolso adicional para los inversionistas, según el informe.

El jueves pasado, el Senado aprobó la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que incluye las figuras de sabotaje y terrorismo contra las instalaciones petroleras y establece penas de hasta 35 años de prisión por robo de combustibles.

kgarcia@eleconomista.com.mx

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