Homologación catastral atraerá mayor inversión en municipios

Durante los últimos seis años, del 2007 al 2012, la Federación canalizó para el Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 2,274 millones de pesos (cerca de 60 veces lo destinado para el Programa de Vivienda Digna este año: 37 millones de pesos). A pesar de los recursos asignados y los esfuerzos aislados a nivel municipal, aún se perciben atrasos profundos en la forma en que las alcaldías manejan sus estadísticas sobre el tema.

Ante este panorama, el Senado de la República, respaldado por la Cámara de Diputados, analizará el dictamen que avala al Congreso de la Unión expedir la ley general que armonice y homologue el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y catastros municipales, la cual sentaría las bases para generar un listado digital detallado, transparente y único de todos los predios del país.

Especialistas consultados coinciden en que, de llevarse a cabo, sería una legislación de gran calado debido a su impacto positivo en las finanzas públicas, particularmente en la recaudación; el desarrollo urbano y económico; la certeza jurídica; la atracción de inversiones, y el combate al crimen. Tiene la importancia de una reforma estructural sin serlo y sin acaparar la atención de una , destaca Manuel Núñez Velasco, asesor económico en la Cámara de Senadores.

LOS ANTECEDENTES

Desde el pasado sexenio, en el 2007, legisladores de ambas cámaras buscaron adicionar una fracción al Artículo 73 constitucional, el cual describe las atribuciones del Congreso, que les permitiese expedir dicha ley, ya que la materia corresponde al ámbito estatal. No obstante, esto no había logrado concretarse.

Luego de ser retomada y reenviada recientemente por el senador priísta Raúl Cervantes Andrade a la Cámara de Diputados, el pasado 18 de julio en el periodo extraordinario de sesiones, dicha reforma fue aprobada con ligeros cambios.

Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, asegura que las modificaciones fueron de forma y no de fondo , al ser cuestiones de redacción, por lo que se espera que el Senado apruebe los cambios y envíe el proyecto a los 32 congresos locales, donde deberá ser aprobada por al menos la mitad más uno.

Así, el Senado tendrá, junto con el consenso de un Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral, 180 días para construir esta nueva ley general de armonización y homolgación de los registros públicos y catastros municipales, donde se tocarán temas como qué deberá contener la base de datos, quiénes pueden acceder a ella, cuándo y cómo se actualizará y de dónde provendrán los recursos para hacerlo, explica Núñez Velasco.

REGISTRO ÚNICO PARA DAR CERTEZA

El proyecto de ley da cuenta que la armonización y homologación de los registros públicos y de los catastros sería un proyecto difícil de lograr sin una ley general, debido a que cada entidad federativa y municipio, en el marco de su libertad y soberanía constitucionales, han diseñado instituciones registrales disímbolas .

Núñez Velasco, quien trabajó junto con el senador Cervantes Andrade, adelanta que aunque faltan muchos detalles por definir, se pretende que esta base de datos nacional, apoyada de una plataforma digital –facilitada por la reciente reforma en el sector de telecomunicaciones-, pueda incluir la localización de los predios, nombre del dueño, uso de suelo y un código que los identifique tipo Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada terreno en México. Esto aportaría una certeza jurídica sin precedentes, asegura.

Ambos destacan tres ejes sobre los cuales esta nueva ley tendrá un impacto favorable: el financiero para municipios, al poder ofrecerles un registro confiable de los predios en sus demarcaciones para ejercer un cobro del impuesto Predial más eficiente y exacto; el de seguridad, al aportar el conocimiento de quién es dueño de qué y localizar posibles focos de lavado de dinero, y el desarrollo urbano y económico, al contar con un compendio certero de los usos de suelo y los predios localizados y poder explotar así su potencial, lo cual también evita cambios arbitrarios y corruptos para beneficio de la especulación de tierras.

El problema en el país es que no existe una ley así, la problemática es que los registros públicos donde está la propiedad de los bienes no están actualizados y muchos municipios trabajan todavía en papel, hay una inseguridad jurídica bárbara , expresa Núñez Velazco.

DEBE CONSIDERAR DIFERENCIAS

Aunque reconoce que esta iniciativa es de suma importancia, José Oliver Ambía López, director de la licenciatura en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey, destaca que ésta deberá acoplarse a los diversos escenarios municipales, donde en algunos se carece de la más elemental infraestructura tecnológica.

Para el catedrático, temas como el financiamiento, acceso a tecnologías, criterios para el cobro del impuesto Predial y su ajuste anual deben ser detallados con suma claridad, teniendo siempre en mente las grandes disparidades entre municipios ricos y pobres y la falta de dinero de estos últimos para costear un sistema tan complejo.

LOS BENEFICIOS

• Simplificaría procedimientos y agilizaría trámites, lo que permitiría reducir los tiempos y costos de operación.
• Se lograría mayor seguridad para el patrimonio inmobiliario de los mexicanos, para el régimen jurídico de las personas morales, civiles y mercantiles, así como para el comercio nacional e internacional.
• Se reducirían los conflictos jurídicos que, a su vez, disminuirían los costos por impartición de justicia.
• Se actualizarían los valores catastrales para que el cobro del impuesto Predial sea progresivo y equitativo.
• Se ofrecería al usuario consultas a través de medios electrónicos en cualquier parte del país.
• Se generaría la posibilidad de una base de datos para la planeación local y regional.
• Se incentivaría la inversión y atracción de capitales, ya que se tendría una mayor transparencia en las actividades y actos que se inscriben en el registro público.

Puntos claves

Los términos que estable el dictamen aprobado son:

1. La ley propuesta es para efectos de armonización y homologación de la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas.
2. La base de datos podrá incluir localización de los predios, nombre del dueño, uso de suelo y una clave tipo CURP.
3. Los protocolos, sistemas informáticos, procesos y procedimientos comunes para el registro inmobiliario serán aprobados en el seno de un Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral.
4. El Consejo emitiría las reglas de operación para acceder a los apoyos financieros que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la modernización de los catastros.
5. Los registros públicos y los catastros serán constituidos como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propio, dejando a las legislaturas estatales que determinen libremente su estructura organizacional y gobierno corporativo.
6. Los municipios que no tengan capacidad para administrar sus catastros; los gobiernos estatales lo harían previa firma de un convenio.

erick.ramirez@eleconomista.mx