Fisco pierde al año más de 500,000 millones de pesos por esquema de factureras: Procurador Fiscal

“En la empresa facturera o la que prestó ilegal no cabe la regularización. Ellos son criminales, peligrosos, y si presentamos las querellas contra ellos, no hay acuerdos reparatorios ni perdones”.

Amparos no prosperan.

A 11 meses de la reforma fiscal penal, Carlos Romero calcula, sin dar una cifra precisa, que se han presentado alrededor de 190 amparos; sin embargo, estos medios no han prosperado a favor de ellos.

“Creo que va por buen camino. Es una reforma vanguardista. Creo que todos los ataques que hubo, en el momento en que se aprobó la reforma, han quedado callados ante la implementación que hemos llevado”.

Previó y después de la aprobación de esta reforma fiscal penal, algunas organizaciones indicaron que era un tipo de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes e, incluso, que sería utilizada para la persecución política.

Para Romero Aranda, los resultados de esta reforma han sido la autoregularización de varios contribuyentes e, incluso, que las personas dejen de comprar las facturas falsas, algo que se refleja en la recaudación ya que, si bien estamos en medio de una crisis, los ingresos por estas contribuciones no han caído como en otros años cuando la economía mostraba contracción.

Se darán plazas y prestaciones

Alistan reforma contra outsourcing en el gobierno federal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con otras autoridades, alistan una nueva reforma en contra del outsourcing, pero ahora enfocada al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, detalló Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En entrevista, el encargado de la Procuraduría refirió que estas modificaciones estarían en una reforma aparte de la que, actualmente, se dialoga con el sector privado y la cual se espera se discuta en el Legislativo en el siguiente periodo de sesiones.

La nueva reforma contra el outsourcing, añadió, se presentaría antes de que acabe el año y ayudaría a que todos los trabajadores que son contratados en el gobierno tengan sus prestaciones sociales, se les reconozcan sus derechos laborales y no se les menoscabe.

De esta manera, quienes estén haciendo actividades esenciales para el gobierno tendrán que ser regularizados, para lo cual se darán plazas y las prestaciones de seguridad social a las que, como cualquier trabajador de la economía formal, se tiene derecho.