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Reformas y expropiaciones encienden alertas en el sector de vivienda de la CDMX
Con más burocracia, regulaciones fiscales y expropiaciones, el sector habitacional en la capital enfrenta un panorama que, según expertos, amenaza la oferta existente
Ante la serie de reformas que han impactado en el sector inmobiliario de la Ciudad de México —que van desde cambios constitucionales hasta nuevas regulaciones fiscales—, especialistas advierten que el sector vivienda en la capital atraviesa un momento de incertidumbre.
De acuerdo con Juvenal Lobato Díaz, especialista en Derecho Constitucional y Tributario, entre el cambio a la constitución referente a la propiedad privada, la modificación al código fiscal para que los inmuebles de lujo reporten su uso, el tope a las rentas tipo Airbnb y finalmente las expropiaciones, levantan dudas sobre el rumbo del sector inmobiliario.
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El experto destacó que, si bien tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la vivienda están reconocidos en la Constitución, el segundo es programático, lo que implica que su cumplimiento debe darse a través de políticas públicas equilibradas.
“La preocupación es la manera en cómo se van a dar estos cambios, porque parece que todo está encaminado a que, con el pretexto del derecho a la vivienda, se desconoce el derecho a la propiedad privada”, puntualizó.
Entre burocracia y corrupción
De acuerdo con Ignacio Morales Lechuga, notario público, el origen de la crisis de vivienda en distintas ciudades es la escasez de oferta, problema que se agrava cuando el Estado interviene de manera restrictiva.
El especialista recordó que hasta el gobierno de Marcelo Ebrard el trámite de una licencia de construcción para proyectos de vivienda en la Ciudad de México tardaba entre cuatro y seis meses.
En contraste, en la actual administración levantar un inmueble puede demorar entre dos y cuatro años, un escenario que, según Morales Lechuga, también ha dado pie a una “enorme corrupción alrededor de la construcción”.
“Los datos catastrales reflejan la caída en el sector: en el 2023 apenas se dieron de alta 6,600 cuentas catastrales nuevas, una cifra baja para una ciudad con más de nueve millones de habitantes y la presión demográfica del área metropolitana”, expuso Morales.
Asimismo, agregó que el clima regulatorio restrictivo ha provocado que varios desarrolladores trasladen sus proyectos a otras ciudades o incluso al extranjero, lo que provoca una fuga de inversión en la Ciudad de México.
Riesgo en expropiaciones
Por su parte, Lobato Díaz explicó que las expropiaciones impulsadas por la administración de Clara Brugada para recuperar vivienda deteriorada generan más dudas que certezas.
“Si bien se hace a través de un decreto expropiatorio, la solicitud se dirige hacia los poseedores u ocupantes, no a los propietarios. Son detalles que no hay que perder de vista para saber cómo se podrán proteger los dueños”, alertó.
Ambos especialistas coincidieron en que para enfrentar la crisis de vivienda en la Ciudad de México se requieren reglas claras y certeza jurídica, elementos esenciales para incentivar la inversión privada y garantizar un desarrollo urbano sostenible.