Presentan iniciativa en el Senado para nuevas medidas de prevención de la discriminación laboral

Pese a su prohibición en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la discriminación laboral sigue siendo un problema en las empresas; por ello en el Senado de la República se promueve una iniciativa de reforma en materia de prevención, igualdad de oportunidades e inclusión en las empresas.

La iniciativa plantea la obligación en los centros de trabajo de capacitar de manera periódica a su personal para “prevenir, identificar, atender y eliminar la discriminación y las violencias en el ámbito laboral”, especialmente a personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación.

“La discriminación limita el acceso al empleo, obstaculiza la permanencia y el desarrollo profesional, restringe las oportunidades de ascenso y profundiza las brechas económicas y sociales que enfrentan amplios sectores de la población”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.

Asimismo, la propuesta impulsada por la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, de la bancada de Morena, señala la obligación de las empresas con 50 personas trabajadoras o más para implementar y mantener políticas y medidas para la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Dichas medidas tendrán como fin impulsar acciones de prevención y atención de la discriminación, así como para para capacitar al personal y establecer mecanismos internos para la atención y seguimiento de posibles actos de discriminación.

“Pese a la amplitud del marco normativo vigente, las personas continúan enfrentando barreras para acceder a un empleo, desarrollarse profesionalmente o conservar su trabajo”, menciona la propuesta.

Por ello, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la encargada de establecer los parámetros a seguir, pues la propuesta de reforma plantea que la dependencia tendrá la encomienda de establecer los lineamientos generales que permitan a las empresas cumplir con la obligación.

Lineamientos sobre discriminación dependerán del análisis de la STPS

Los lineamientos tendrán que ser emitidos 120 días después de la entrada en vigor de la reforma, para lo cual se requiere que después de su aprobación, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La iniciativa promovida por la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega señala que los lineamientos emitidos por la STPS deberán considerar el tamaño del centro de trabajo, la actividad económica y la capacidad operativa para facilitar su cumplimiento y evitar cargas desproporcionadas, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

En contraste, las empresas contarán con un plazo de 12 meses, contados a partir de la publicación en el DOF, para atender los lineamientos generales de la Secretaría, lo cual implica implementar y adecuar las políticas y medidas señaladas en la iniciativa de reforma.

Vale la pena señalar que, en el caso de los centros de trabajo que a la entrada en vigor de la reforma ya cuenten con políticas, protocolos, códigos de conducta, programas de capacitación, mecanismos internos de atención u otras medidas orientadas a prevenir la discriminación, podrán seguir utilizándolos, siempre y cuando sean compatibles con los lineamientos de la STPS.

¿Por qué una reforma sobre discriminación laboral?

Aunque la LFT ya prohíbe la discriminación en los entornos laborales, la normativa no ha sido suficiente para frenar los casos. De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), promotor de la iniciativa impulsada por la senadora, al menos un 70% de los casos de discriminación se originan en entornos laborales.

“Los centros de trabajo constituyen uno de los espacios donde con mayor frecuencia se vulnera el derecho a la igualdad”, se lee en la exposición de motivos de la propuesta, que detalla que la igualdad no solo implica prohibir actos discriminatorios, sino también adoptar “medidas positivas” para desmantelar condiciones estructurales que perpetúan las desigualdades.

La Copred destaca que no atender el problema genera altos costos para las organizaciones; además, incrementa la rotación de personal, deteriora el clima laboral, dificulta la atracción y retención de talento y aumenta los riesgos legales y reputacionales.

De esta forma, destaca que el objetivo de la propuesta de reforma no es reconocer nuevos derechos, obligaciones o crear nuevas categorías protegidas, sino fortalecer la eficacia del derecho a la igualdad y la no discriminación mediante la incorporación textual de obligaciones preventivas dirigidas a las personas empleadoras.

“La presente iniciativa no pretende incrementar cargas administrativas innecesarias ni sustituir los mecanismos de tutela ya existentes. Su propósito es fortalecer la eficacia del marco jurídico vigente mediante la incorporación de mecanismos preventivos”, subraya la propuesta.

De esta manera y con el fin de impulsar la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, la iniciativa publicada en la Gaceta del Senado plantea reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 16, así como adicionar la fracción XXXI Bis al artículo 132, ambos de la LFT. Por ahora está pendiente de su avance legislativo en el Congreso.