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Tribunal británico confirma orden del Gobierno que exige el acceso a los datos de Apple
El Gobierno británico ha emitido una orden para eludir el cifrado y acceder a los datos de los clientes que obran en poder de Apple, según confirmó este jueves un tribunal de Londres.

El fabricante del iPhone ha adoptado una postura más cautelosa respecto a los envíos desde principios de septiembre.
El Gobierno británico ha emitido una orden para eludir el cifrado y acceder a los datos de los clientes que obran en poder de Apple, según confirmó este jueves un tribunal de Londres, que rechazó el argumento de que revelar su existencia pudiera perjudicar la seguridad nacional.
El Gobierno había afirmado que no podía pronunciarse sobre la existencia de la orden, conocida como "notificación de capacidad técnica", ya que aplicaba una política de "ni confirmar ni desmentir" en materia de seguridad.
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Sin embargo, el Tribunal de Poderes de Investigación señaló que, dada la cantidad de información que ya era de dominio público, confirmarla no causaría ningún daño, o muy poco.
Ni el Gobierno británico ni Apple hicieron declaraciones inmediatas al respecto. La organización Liberty, que impugnó la orden del Gobierno junto con Privacy International, calificó la sentencia de "victoria para la transparencia".
En enero del año pasado, Reino Unido emitió una notificación inicial sobre lo que se conoce como "puerta trasera" para permitirle el acceso a copias de seguridad cifradas en la nube de datos de ciudadanos estadounidenses y británicos.
Esa exigencia se retiró tras meses de negociaciones con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, pero en julio Londres emitió una segunda notificación que se aplicaba únicamente a los clientes de Apple en Reino Unido.
Apple presentó un nuevo recurso contra el Gobierno ante el tribunal, un órgano judicial especializado, pero no había podido dar detalles públicos sobre los motivos debido a restricciones legales.
Los grupos de defensa de los derechos civiles y Apple habían señalado al tribunal, en una vista celebrada en septiembre, que la política del Gobierno británico de "ni confirmar ni desmentir" constituía una afrenta a la transparencia judicial e impedía un debate público significativo.

