El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a 10 de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en la comunidad madrileña de Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.

En un comunicado, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y tampoco advirtieron de que sus empresas tenían una actividad sospechosa.

Fuentes de CaixaBank negaron cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y defendieron que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.

La entidad sostiene que “cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de blanqueo de capitales”.

El juez, que ha citado a un representante legal de la entidad el 26 de abril para tomarle declaración, basa su investigación en sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Sepblac (comisión de prevención de blanqueo), que describen “una renuente falta de control y de reacción apropiada” por parte del órgano antiblanqueo de CaixaBank en las sucursales cercanas al polígono y también de la zona del Rastro madrileño.

Hay “indicios claros”, dice, de que la entidad permitió el lavado a través de “masivas operaciones” que introducían en el circuito bancario “millones de euros en efectivo” que luego se transferían a China y Hong Kong. Esto se hacía con operativas que “ayudaban” a que las transacciones “pasaran inadvertidas” al Banco de España y al Sepblac.

Este órgano de inteligencia financiera cifró en 99.1 millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong en el periodo investigado, del 2013 al 2015, pero CaixaBank sólo comunicó indicios de blanqueo en dos de los 193 clientes que hicieron estas operaciones.

De este dinero, 41.6 millones fueron transferencias ordenadas por personas vinculadas a la trama Emperador liderada por Gao Ping y que investiga también la Audiencia Nacional.

Según el juez, la investigación parte por un lado de la causa contra la filial en España del banco chino ICBC por blanqueo que lleva la Audiencia Nacional y, por otro, de los casos contra tramas chinas como Emperador o Snake.

En estas últimas investigaciones, los tribunales requirieron información a CaixaBank y otras entidades en las que los miembros de las redes tenían cuentas.

Las sucursales implicadas de Caixabank, que “se prestaron a ser canales de blanqueo de dicha organización y otras que se están identificando”, hicieron “caso omiso” a estas peticiones.

“Frente a esta pasividad de CaixaBank, 18 entidades financieras ante el mismo comportamiento emitieron las comunicaciones debidas y cancelaron las cuentas”, destaca el comunicado.

Tras estas peticiones de la Audiencia Nacional, CaixaBank no realizó “exámenes especiales” ni comunicó nada al Sepblac “respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando, transfiriendo 31.7 millones de euros”, añade el juez.

Los directores de las sucursales, por su parte, permitieron estas operativas sospechosas y que “otras personas distintas al titular de la cuenta firmaran las operaciones de ingreso y transferencias”, que se usaran permisos de residencia y DNI caducados y se presentaran poderes incompletos.

El incumplimiento de CaixaBank, dice Moreno, fue “contumaz y no episódico”, ya que recibió una primera advertencia del Banco de España en el 2013 y en el 2015 hizo una auditoría interna con recomendaciones “insuficientes” respecto a tres de estas sucursales, un informe que se envió a la “alta dirección del banco” y que apreció indicios de blanqueo en 82 sociedades y ocho personas.

Los órganos antiblanqueo de CaixaBank no estaban dotados, dice el juez, “de personal ni entrenados para ser eficaces”, unos fallos “graves” conocidos por “todo el personal directivo” de la entidad, sobre todo por el entonces responsable de cumplimiento normativo.