Cuando César Duarte Jáquez era gobernador de Chihuahua (2010-2016), invirtió 65 millones de pesos (recursos cuyo origen nunca pudo comprobar) en un fideicomiso que daría origen al Banco Progreso, cuya participación lo colocaba como uno de los accionistas.

El nuevo banco, nacido entre escándalos, fue aprobado en el 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero aún no cuenta con la autorización para iniciar operaciones.

El hoy exgobernador de Chihuahua es perseguido por la Interpol y señalado por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones, situación suficiente para que, por el momento, el aval de la CNBV para que inicie operaciones esté retrasado. La autoridad debe hacer un escrutinio a cada uno de los accionistas del banco.

Banco Progreso iniciaría operaciones a pesar de haber realizado acciones cuestionables relacionadas con funcionarios de la administración duartista, a través de las instituciones que se fusionaron para dar paso a esta entidad financiera.

En marzo del 2014, la CNBV autorizó la fusión de la sociedad financiera popular (sofipo) Akala, la casa de cambio Única y la Unión de Crédito Progreso para constituir Banco Progreso, sin que hasta el momento la misma autoridad anuncie el inicio de operaciones

Banco Progreso Chihuahua (...) se enfocará en atender las necesidades de los segmentos de mipymes, industria agroalimentaria, personas físicas e instituciones financieras no bancarias, a través de la oferta de diversos productos y servicios de crédito, captación y divisas , se puede leer en el comunicado expedido por la CNBV en el 2014, cuando dio a conocer la aprobación para la fusión de la casa de cambio, la sofipo y la unión de crédito todas pertenecientes a Grupo Progreso para dar paso al banco.

Pero el inicio de operaciones de Banco Progreso, en caso de que se dé, sería en el marco de una investigación que la fiscalía de Chihuahua reabrió hace algunos meses sobre la forma en que la administración duartista involucró recursos públicos en la unión de crédito.

Irregularidades

De acuerdo con una solicitud de información que se conoció por medios locales, el gobierno de Chihuahua realizó del 2007 a octubre del 2014 poco más de 350 transferencias tanto a la unión de crédito como a la sofipo,por un monto de 80,000 millones de pesos.

Estas transferencias podrían haber pasado inadvertidas; sin embargo, se señaló la cercanía de la administración duartista con la unión de crédito, pues algunos de sus directivos ocuparon cargos públicos en el tiempo que se realizaron dichas transferencias.

Por ejemplo, Jaime Herrera Corral, quien desde el 2010 ocupó el cargo de director general de la unión de Crédito Progreso y en el 2012, al margen de su puesto en la entidad financiera, fue nombrado secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua.

Aunque tiempo después Herrera Corral dejó la dirección general de la unión de crédito para que el presidente de ésta, Sergio Enrique Becerra Rodríguez, asumiera dicho cargo, el también exsecretario de Hacienda continuó cercano a la entidad en su función como representante legal y en entrevistas otorgadas entre el 2012 y el 2014 se presentó como director general.

Asimismo, en el 2012, adelantándose a la autorización de la constitución de Banco Progreso, el entonces gobernador César Duarte Jáquez constituyó, junto con su esposa, un fideicomiso, el cual firmó sin leer (según dijo en entrevistas a medios locales cuando se le cuestionó si era socio del banco), a pesar de que depositó 65 millones de pesos con la orden de que se adquirieran acciones de la entidad bancaria una vez que ésta iniciara operaciones, cosa que hasta el momento no se ha concretado.

Grupo progreso, el origen

La intención de Grupo Progreso para formar un banco de nicho comenzó desde el 2010, con la llegada de Herrera Corral a la dirección general de la unión de crédito. Pero expresar a la CNBV en ese entonces a cargo de Guillermo Babatz la intención de formar un banco tuvo un precio: transparentar sus números.

En ese mismo año, la unión de crédito reconoció la existencia un fondo irregular que estuvo fuera de su balance por varios años, sin que la autoridad tuviera conocimiento de ello, donde se metió cartera vencida y se utilizó para la compra, venta y construcción de inmuebles relacionados a empresas de Grupo Progreso.

El reconocimiento de dicho fondo hizo que Mario González Espinosa saliera de la dirección general de la unión de crédito para que llegara a ese puesto Herrera Corral, con experiencia en el sector financiero, y así comenzó el camino para formar el banco.

Debido al reconocimiento de la existencia de este fondo irregular, la CNBV le exigió a la unión de crédito llevar a cabo medidas correctivas e integrar los números a la contabilidad de la entidad financiera.

Al 30 de junio del 2011, estas omisiones de registro (el fondo irregular) se integraron a la contabilidad de la unión por un monto de activos de 774 millones de pesos, pasivos por 767 millones de pesos y una pérdida de 82 millones de pesos , se puede leer en un memorándum expedido por la CNBV donde se señala a González Espinosa como responsable de la existencia de dicho fondo.

Megamulta

Luego de que la CNBV conociera la existencia del fondo irregular, esta autoridad dio un seguimiento más cercano a la unión de crédito y en julio del 2013 anunció una multa millonaria a la entidad financiera por casi 11.6 millones de pesos.

Entre los problemas detectados se encontró que la entidad registraba en su contabilidad cartera vigente cuando por su calidad era cartera vencida; realizó operaciones con personas físicas que no contaban con actividad empresarial, y recibió préstamos de personas que no contaban con la calidad de socio, entre otros.

A pesar de este historial, ya con Jaime González Aguadé al frente de la CNBV, la Junta de Gobierno de la autoridad reguladora anunció en marzo del 2014 la autorización para la fusión de la sofipo, la casa de cambio y la unión de crédito para dar paso a la constitución de Banco Progreso con un a anomalía más: César Duarte como su futuro accionista.

Más irregularidades

Ya con la autorización para la constitución del banco, la unión de crédito fue seguida muy de cerca por la autoridad y esto hizo que se descubrieran más irregularidades, que incluso favorecían a organismos gubernamentales.

Un principio fundamental de las uniones de crédito es realizar operaciones únicamente con aquellos socios que cumplan con los requisitos para serlo; sin embargo, éste fue quebrantado por la Unión de crédito Progreso, ya que informes de la CNBV de enero del 2015 detallan diversas irregularidades, entre las que destacan, con cifras a septiembre del 2014, que seis entidades no cumplían con los términos para ser considerados socios de la entidad financiera.

Las entidades gubernamentales señaladas en el oficio número 132-C/1210/2015, fueron la junta Central de Agua y Saneamiento estatales de Chihuahua, las juntas municipales de Agua y Saneamiento de los municipios de Chihuahua, Delicias y Meoqui; así como Delicias.

Asimismo, dichos reportes elaborados por Ubaldo Zárate y revisados por Mónica Hernández de la CNBV arrojaron que la unión de crédito renovó créditos sin que, como la ley lo marca, se pagara 25% sobre el monto original para ser renovados.

Con la duda de si existieron más irregularidades uno de estos reportes vislumbró la situación de la entidad en ese momento, cuando ya había sido aprobada la constitución como banco: Derivado de la visita de inspección especial que se le practicó a la unión de crédito se observó que la información financiera que presentó al 30 de septiembre del 2014, posiblemente contiene desviaciones que podrían afectar su situación financiera .

Meses después, en marzo del 2015, Jaime González Aguadé explicó en un medio nacional que la CNBV no encontró ningún problema para autorizar la constitución del banco.

Con todas estas irregularidades, la autorización para la constitución de Banco Progreso ya se había dado y todo parece que el exgobernador de Chihuahua, quien presuntamente generó un daño patrimonial al estado de 6,000 millones de pesos, se convertiría en accionista de un banco.

La unión chihuahuense que quiere ser banco

  • La Unión de Crédito Progreso fue constituida en 1976 por 64 socios y es una de las entidades financieras de más arraigo en Chihuahua.
  • En el 2010, la unión de crédito reconoció la existencia de un fondo que operó irregularmente durante muchos años en ésta, lo que significó el primer paso para buscar ser banco.
  • Banco Progreso es resultado de la fusión de la Unión de Crédito Progreso con la sociedad financiera popular (sofipo) Akala y Casa de Cambio Única.
  • En el 2014, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la fusión de la sofipo con la unión de crédito y la casa de cambio.
  • A pesar de la aprobación de la fusión, estas tres entidades continúan operaciones de manera normal hasta que Banco Progreso tenga el aval para operar.
  • Jaime Herrera Corral, quien fuera director general de la unión de crédito, también fue secretario de Hacienda del gobierno de César Duarte en Chihuahua.
  • A pesar de negar conflictos de interés, Herrera Corral se mantuvo como representante legal de la entidad al mismo tiempo de sus funciones como funcionario de gobierno estatal.
  • En el 2012, César Duarte creó un fideicomiso donde metió 65 millones de pesos con la instrucción de adquirir acciones del banco cuando inicie operaciones.
  • A inicios del 2016, la CNBV documentó más irregularidades a la unión de crédito; sin embargo, al tener una respuesta de la entidad, sólo consideró estas observaciones como atendidas, sin iniciar un proceso de sanción en su contra.
  • La Unión de Crédito Progreso es la cuarta más grande del sector por número de activos de 91 entidades.
  • Las uniones de crédito tienen el propósito de facilitar servicios financieros sólo a sus socios en condiciones más favorables.

González Aguadé explica que aún se debe conocer a los accionistas

Se revisa el estatuto orgánico del banco : CNBV

Aunque la aprobación de la constitución de banco Progreso se dio a conocer en marzo del 2014, en la actualidad la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) todavía tiene pendientes aspectos por revisar para dar el aval a esta entidad para su comienzo de operaciones.

De acuerdo con Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, para dar el aval de la operación de Banco Progreso, el organismo a su cargo tiene primero que autorizar el estatuto orgánico de la entidad bancaria; es decir, conocer a sus accionistas, de los cuales uno de ellos podría ser el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y la tenencia accionaria que tendrían.

Lo que nosotros tenemos que autorizar ahora es el estatuto orgánico del banco, (pero) para autorizarlo tenemos que conocer a los accionistas y las tenencias. Los estamos analizando y es por eso, entre otras cosas, que no hemos dado la autorización para operar , acotó el funcionario.

Asimismo, agregó que debido a que este banco proviene de la fusión de dos intermediarios, la sociedad financiera popular (sofipo) Akala y la Unión de Crédito Progreso se analiza cómo sería la convergencia de estas dos entidades para la operación de la entidad bancaria.

Seguimos revisando la parte operativa. A diferencia de otras autorizaciones (para banco), ésta es una fusión de dos intermediarios. Estamos analizando cómo terminaría la fusión, cómo está la sofipo y la unión de crédito para en su momento poder dar (el aval) (...) la verdad es que todavía no estamos en esa condición (de dar el aval) y es por eso que no se ha creado el banco.

Hoy el Banco Progreso no existe en el sentido legal , expresó.

Moody’s alertó

A pesar de que en el 2010, y años posteriores, la Unión de Crédito Progreso tuvo serias deficiencias e incluso Moody’s alertó en el 2014 sobre la exposición potencial de esta entidad a conflictos de intereses de sus accionistas con algunos funcionarios de Chihuahua, en el 2016 la entidad logró mejorar su situación financiera.

De acuerdo con un reporte de HR Ratings, en los últimos meses la unión de crédito mejoró su situación financiera gracias a que recibió capital por 71.3 millones de pesos así como por las utilidades generadas.

HR Ratings considera que el Índice de Capitalización se mantiene en niveles adecuados mientras que la razón de apalancamiento se encuentra en niveles moderados para la sana operación de la unión de crédito , refirió.

A febrero de este año, la unión de crédito contaba con 1,505 socios y activos por 3,937 millones de pesos.