El proyecto de reforma en pensiones que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto con el sector privado va por buen camino, pues al aumentar las aportaciones de 6.5 a 15%, se incrementará la pensión de millones de trabajadores, indicó Pablo Antolín, economista principal de la unidad de pensiones privadas y asuntos financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Nosotros le damos la bienvenida a esta medida de subir la contribución total; nos parece el camino adecuado y que sean los empleadores (los que asuman el aumento). En todo sistema de jubilación deben participar las tres partes: el individuo, el empleador y el Estado”, dijo en entrevista con El Economista.

Uno de los aspectos que destacó es la reducción de semanas de cotización de 1,250 a 750 para que más personas puedan tener acceso, al menos, a la pensión mínima garantizada, la cual será en promedio de 4,345 pesos, si se aprueba la reforma.

“Ese era uno de los aspectos que destacamos en el estudio que hicimos para México hace cinco años, si no se contribuía un número determinado (de semanas) no tenías derecho a una pensión, lo cual no es correcto. Entonces, la reforma va en línea con lo que lanzamos en el estudio”.

De acuerdo con el estudio de la OCDE, con las contribuciones que actualmente se hacen para el ahorro del retiro de 6.5%, los trabajadores tendrán una pensión que representa apenas 26% de su último salario. “Se puede lograr una tasa de reemplazo de 50% con una probabilidad de 75 a 90%, aportando en promedio de 13 a 18% durante 40 años”.

Otro aspecto que recomienda atender la OCDE es la fragmentación del sistema de pensiones (conformado por 3,000 regímenes); la pensión universal y la baja densidad de cotización, que se refiere al tiempo que una persona cotiza al sistema por estar en el mercado formal laboral.

Siempre habrá un costo laboral

Con respecto a si el proyecto de reforma podría generar un efecto adverso sobre el empleo formal y los salarios de los trabajadores por el aumento del costo laboral que asumirán las empresas, Antolín consideró que debe existir un equilibrio entre lo que aporta la empresa y el trabajador.

“Ayudar a los trabajadores a ahorrar para su jubilación siempre va a implicar un aumento del costo laboral sin lugar a dudas. Pero si se piensa en un costo de cero, entonces tampoco habría un sistema de jubilación. Hay que mantener el equilibrio en las aportaciones”.

Para evitar que las empresas realicen malas prácticas como no registrar salarios reales ante el IMSS, se debe contar con una mayor supervisión de las autoridades correspondientes, comentó el representante de la OCDE.

En el caso de los trabajadores independientes, Antolín mencionó que no es un reto sólo de México, sino de todos los sistemas de pensiones en el mundo, pues cada vez están surgiendo nuevas formas de trabajo como las que ofrecen las plataformas digitales de transporte y entretenimiento.

Fondos de pensiones no resolverán todos los problemas

Para el representante de la OCDE, las reformas y propuestas que han surgido en diversos países de América Latina para que los trabajadores puedan disponer de sus fondos de pensiones para paliar la crisis generada por el Covid-19, no es la mejor idea.

“Los sistemas de pensiones no están para resolver todos los problemas (...) en el caso de una pandemia como la que vivimos, es el Estado el que tiene que ayudar a los trabajadores que sufren desempleo y reducción de sus ingresos”.

En el caso de Chile, donde se aprobó sacar 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones, criticó el hecho de que el retiro lo puede hacer cualquier persona y sin ningún pago de impuesto. “Quizá ayude a quienes perdieron sus ingresos en el corto plazo, pero en el largo plazo no habrá recursos para financiar la pensión”.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx