Las finanzas públicas del país seguirán presionadas por el gasto que ejerce el gobierno en pensiones y jubilaciones, pese a la reforma, respecto al tema, que fue aprobada a inicios de diciembre por legisladores.

La reforma a pensiones, aprobada en el 2020 por el Congreso tal cual la mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene un impacto para reducir o mejorar la situación del gasto que se ejerce en el tema, por lo que este tema seguirá siendo una “bomba de tiempo” en el país, señalaron analistas.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que la reforma sólo se enfoca a atender el problema de las semanas de cotización de la Ley de 1993, mientras que, en la actualidad, la presión se ejerce por los trabajadores que se pensionaron con la Ley de 1973.

“Esta reforma busca resolver el problema de las semanas de cotización para la Ley de 1993 para que, al bajarlas, más trabajadores puedan cumplir con las semanas que se exigen para recibir una Pensión Mínima Garantizada (PMG), además de incrementar el aporte que se destina a la jubilación de manera paulatina, para llegar a 15% del salario del trabajador”, indicó.

En este sentido, Alejandra Macías, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseveró que el gobierno dejó pasar la oportunidad para implementar una reforma integral, que considerara no sólo a aquellos trabajadores en el IMSS, sino también a los del ISSSTE, empresas productivas del Estado —como Pemex y CFE—, así como los sistemas de pensiones de universidades, empresas, estados y municipios.

“La idea de una reforma integral es justo que incluya los cuatro pilares en pensiones y que se pudieran normar todas las pensiones bajo una misma ley, que hubiera algún tipo de instituto de pensiones que regule todos los sistemas y los vaya homologando poco a poco”, agregó.

De esta manera, no sólo ayudaría a aliviar a las finanzas públicas, sino también a disminuir la desigualdad que existe entra las distintas pensiones que se entregan, tanto por pilar como por institución, ya que algunas no corresponden al ahorro que ha hecho el trabajador a lo largo de su vida laboral.

“El problema de la no sostenibilidad del gasto en pensiones no va a desaparecer y el problema es que entre más gastemos en pensiones, menos vamos a gastar en salud, educación, infraestructura, y varias cosas que necesitamos en este país para salir de la crisis y para crecer. El gasto en pensiones crece, anualmente, entre 5 y 7% real. Básicamente crece porque más personas se pensionan, porque las pensiones se actualizan con la inflación, porque va aumentando la no contributiva”, aseveró la investigadora del CIEP.

Costo fiscal no es claro

El costo fiscal de las modificaciones aprobadas por los legisladores no es claro, comentó Alejandra Macías y agregó que nunca se expuso una proyección, al menos en el corto y mediano plazos, de qué impacto tendría.

De acuerdo con un análisis del CIEP, los cambios como la redistribución de la cuota social, el aumento en la cobertura y el monto de la PMG representan incrementos en los recursos presupuestarios necesarios para financiarlos en el corto, mediano y largo plazo.

“La reforma tendría un costo fiscal más alto en mediano y largo plazos, ya que se prevé un aumento en el presupuesto del programa PMG, el cual existe desde el 2007. En el 2021 se destinarán 5,000 millones de pesos a este programa, lo que equivale a 4.2% del gasto total en pensiones. Adicionalmente, al aumentar la cobertura por la disminución de semanas cotizadas, incrementará el número de personas que demandarán recursos cuando sus ahorros en su cuenta individual se agoten, los cuales corresponden a un ahorro vinculado con la tasa de cotización de 6.5 por ciento”.

Sin perspectiva de género

Otro de los problemas que no se atendió con la reforma aprobada fue el de la perspectiva de género, añadió Mariana Campos, quien explicó que desde México Evalúa se propuso incluir la perspectiva de género para que las mujeres no estuvieran obligadas a cumplir con el mismo número de semanas de cotización que los hombres.

“A las mujeres, por la labor que la sociedad nos ha encomendado como madres, se nos dificulta mucho mantener el empleo formal a la hora de tener hijos. Además, el tema de los cuidados del hogar, de los hijos, de adultos mayores o personas con discapacidad, usualmente, recae en las mujeres, lo que complica mantener la vida laboral”.

Anteriormente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las mujeres, al tener una esperanza de vida más alta, tendrían que ahorrar una mayor cantidad dinero que los hombres para alcanzar el mismo monto de pensión que recibirán para su retiro.

En su análisis, en un ahorro similar para ambos géneros, los hombres tendrían una pensión de 3,899 pesos mensuales para su retiro a los 65 años, mientras que las mujeres alcanzarían un monto de 3,644 pesos.

ana.martinez@eleconomista.mx