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OAPAS y TSJDF, los acreedores de Ficrea
EL tribunal Superior de Justicia de Coahuila no aparece en la lista.
La sentencia de quiebra de Ficrea contiene una lista de 4,372 acreedores de la entidad, entre los que destacan Banco Santander, como fiduciario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y Banco Multiva, que invirtió recursos públicos del Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan en esta financiera popular.
De acuerdo con la lista, que no es definitiva, Ficrea le debe a Banco Santander, fiduciario del TSJDF, 110 millones 675,973 pesos; mientras que a Banco Multiva, 60 millones 899,818 pesos, que son propiedad del Organismo de Agua de Naucalpan.
Estos dos adeudos son los más grandes que se encuentran en esta primera lista, en donde no aparecen los 125 millones 600,000 pesos que el Tribunal de Justicia Superior de Coahuila afirma invirtió en Ficrea. Ni siquiera hay una cantidad similar correspondiente a un acreedor que pudiera indicar que esta inversión se realizó por medio de una persona física u otro organismo.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ficrea era una entidad que por ser sofipo tenía prohibido por ley captar recursos de organismos gubernamentales.
TSJDF alertó
Desde el 14 de enero del 2015, el TSJDF indicó que Banco Santander, en calidad de fiduciario del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de Ficrea y sus directivos responsables, con relación a la inversión de 110 millones de pesos.
Respecto de la inversión en el municipio de Naucalpan, el primer síndico, Rafael Ranero, informó que durante la gestión del entonces alcalde David Sánchez Guevara se invirtieron 60 millones de pesos en Multiva, que fueron a su vez depositados en Ficrea.
Sobre la inversión del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en Ficrea, en un inicio se había informado que ésta había sido de 90 millones de pesos; sin embargo, en septiembre pasado, la diputada Sonia Villarreal Pérez, coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local, informó que tras una revisión, el fraude fue de 125 millones 600,000 pesos.
