Los grandes tenedores de bonos de Banco Popular trabajan en un contrainforme que determine el valor que tenía el banco antes de su resolución, señalan fuentes jurídicas conocedoras del caso. Según su opinión, el negocio de Popular contaba con valor en el mercado, ya que había varias entidades valorando realizar ofertas por la entidad, aunque nunca se materializaron.

La Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo encargado de la resolución de los bancos en crisis, echó un jarro de agua fría a los afectados por la caída de Popular al hacer público esta semana que no compensará ni a accionistas ni a bonistas.

La institución se apoya en el tercer informe de valoración de Deloitte sobre la resolución de Popular, que concluye que tanto los accionistas como los bonistas de la entidad no hubiesen podido recuperar sus inversiones en caso de que la entidad, en lugar de haber sido vendida a Banco Santander por 1 euro, hubiese entrado en un proceso de liquidación, en que las pérdidas hubieran ascendido hasta los 34,000 millones de euros.

Además, advierte el informe, el Fondo de Garantía de Depósitos hubiese tenido que asumir hasta 2,200 millones en pérdidas y podría haber habido contagio a otras entidades con debilidades.

Los accionistas y bonistas afectados por la resolución de Popular han reaccionado airadamente ante estas conclusiones. Apuntaron que no son realistas, otros las calificaron de “irrelevantes” y pusieron en duda la independencia de Deloitte.

Los grandes bonistas están actuando jurídicamente en varios frentes, aunque su línea de actuación principal pasa por invalidar el proceso de resolución llevado a cabo por la JUR. Con este objetivo, iniciaron acciones en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la JUR y la Comisión Europea. Los fondos demandantes son Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit.

Bajo su criterio, la crisis de liquidez por la salida de depósitos que acaba acelerando el proceso de resolución de Popular se deriva de las filtraciones previas propiciadas por la JUR sobre los problemas de la entidad. La presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, señaló en una entrevista en Bloomberg TV el 23 de mayo del 2017, dos semanas antes de la caída de Popular, que la entidad estaba “bajo vigilancia”. Esta noticia se vio amplificada una semana después por la filtración a Reuters que, citando a “una fuente europea”, señalaba que la JUR había lanzado una alerta sobre Popular.

Los grandes fondos apuntan que tras estas filtraciones se produjo una salida masiva de depósitos que condujo a la entidad a una crisis de liquidez que llevarían a la resolución. Fuentes cercanas a la institución europea señalan que la salida masiva de depósitos había comenzado antes.

En España iniciaron un proceso, ahora en suspenso, contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria como brazo ejecutor de la resolución, y también están en la causa penal que se dirime en la Audiencia Nacional. También han iniciado reclamaciones judiciales en Estados Unidos (EU) contra Santander, con el objetivo de obtener, a través de los juzgados estadounidenses, acceso a mayor información clave sobre el proceso, al considerar que los jueces de EU son más garantistas que los españoles.

Fuentes europeas consultadas señalan que el reciente informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), poniendo en cuestión las cuentas de Banco Popular en el 2016, resta posibilidades a la estrategia de los grandes bonistas con las instituciones europeas. La CNMV considera que las cuentas del 2016 no expresaban la imagen fiel del banco y han abierto la puerta a hacer una revisión contable de ese ejercicio, que podría ampliarse a ejercicios anteriores e incluir análisis forenses para la detección de posibles fraudes.

Estas dudas sobre las cuentas de Popular demostrarían que la situación de la entidad era delicada antes de la resolución y se vio agravada por el cambio de dirección en la entidad y la incertidumbre existente en el mercado sobre sus planes de futuro y sus necesidades de capital para reforzar su solvencia.