La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) instaron a los bancos de la zona euro a establecer “topes” en caso de que la cobertura de un crédito moroso con provisiones esté por debajo de una trayectoria predefinida, dependiendo del tiempo que el crédito lleve clasificado como moroso, lo que podría derivar en un aumento de 73,000 millones de euros en provisiones adicionales.

Así se desprende de un estudio realizado por BBVA Research sobre la situación de la banca, donde se refirió al addendum, a la guía sobre préstamos dudosos de la institución monetaria que se aplica a los bancos directamente supervisados por la autoridad presidida por Mario Draghi.

Concretamente, esta medida afecta a los préstamos nuevos o existentes que se convertieron en morosos después del 1 de abril del 2018, aunque el BCE está considerando introducir normas adicionales para los que se clasificaron como tales antes de esa fecha.

Mediante este addendum, el BCE anima a los bancos a cerrar los déficits de provisiones contabilizando el nivel máximo de provisiones posible conforme a la norma contable aplicable o, si eso no es suficiente, ajustando su capital de nivel 1 ordinario por iniciativa propia. De lo contrario, el banco central tiene la potestad de aplicar un tope más estricto decidido por su supervisor.

La banca deberá rendir cuentas en el 2021

De esta forma, los créditos morosos, sin importar si hace más de 90 días de su vencimiento o si únicamente resulta improbable que se paguen, deben tener una cobertura de 100% en dos años si no tienen colateral —o para la parte de la exposición no cubierta por la garantía— o en siete años, si están garantizados con colateral y siguiendo una trayectoria estrictamente cuasilineal, o para la parte de exposición no cubierta por la garantía.

En el 2021, será la primera verificación de cumplimiento de este addendum, dado que el primer requisito es después de dos años de antigüedad de los morosos.

Con el objetivo de estimar el impacto potencial de éste, en BBVA Research simularon cómo habrían evolucionado las provisiones si hubiera entrado en vigor en enero del 2015. De acuerdo a sus cálculos, esta normativa podría requerir un aumento de 73,000 millones de euros en provisiones adicionales durante 10 trimestres: 26,000 millones de euros para créditos de familias y de 47,000 millones de euros para créditos de empresas.

Mayor impacto en empresas

Según explica la entidad, este mayor impacto en el crédito a empresas corresponde, en gran medida, a las mayores pérdidas en caso de impago y al alto porcentaje de exposiciones garantizadas con propiedades inmobiliarias dentro de la cartera de crédito a familias.

Dado el mayor impacto del addendum en la cartera de crédito a empresas, cabe esperar una mayor presión sobre las entidades para vender este tipo de exposiciones dudosas frente a los créditos a familias en situación irregular, explica BBVA Research. Además, los bancos pueden acabar siendo más indulgentes en su política de concesión de créditos a clientes corporativos.

En cuanto a la cartera minorista (familias), BBVA Research estima que el addendum requeriría un aumento de las provisiones prudenciales de aproximadamente 20 y 25% en la mayoría de los países de la zona euro a lo largo de los 10 trimestres analizados, con mayor impacto en Suecia, Países Bajos, Francia y España, en términos relativos.

Los mayores impactos se observarían en Francia e Italia (un alza de más de 8,000 millones de euros en estos dos países), seguidos de España (3,000 millones) y el Reino Unido (2,000 millones). En Italia, se aprecia una alta tasa de impago tanto en términos absolutos como el nivel de morosidad.