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Diputados amplían límite de depósitos
Personas morales podrán depositar hasta $7.5 millones en estos intermediarios.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cedieron a las peticiones de las sociedades financieras populares (sofipos) y aceptaron ampliar el límite en los depósitos de 1 millón de pesos, que se establecía en la iniciativa original, a poco más de 2 millones de pesos en personas físicas y de 5 millones a cerca de 7.5 millones en empresas.
De acuerdo con la copia final de la adenda, se acordó que los topes en los ahorros no aplicarán de manera retroactiva. El monto máximo para personas físicas será el equivalente a 400,000 unidades de inversión (Udis) y para empresas de 1400,000 Udis.
Legisladores de la oposición insistieron en que la iniciativa para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular deberá subirse al pleno para su discusión en la sesión del miércoles.
Otro de los acuerdos que se pactaron fue una ampliación de seis meses en el plazo para que la única sociedad financiera comunitaria (sofinco) que cuenta con autorización se convierta en sofipo y se apoye su proceso de transición.
Las sofincos básicas, que son aquellas que no requerían la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), podrán continuar en operación hasta que se extingan de manera natural o se puedan convertir en sofipos.
Como parte de los ajustes a la propuesta, los legisladores pidieron que se ofrezcan facilidades para apoyar el tránsito de sociedades financieras a bancos, para aquellas que así lo deseen.
En la reservas al dictamen, los legisladores reconocen que los límites que se plantearon en la propuesta original para los ahorros en las sofipos y de las sociedades cooperativas, no atienden de manera adecuada la realidad bajo la que operan estas entidades, lo que podría resultar en detrimento de las mismas, obstaculizando el fortalecimiento del sector .
Socaps están inconformes
Por su parte, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) mostraron su desacuerdo en que su fondo de protección (Focoop), creado para cubrir el seguro de depósitos hasta 132,000 pesos por ahorrador en caso de la disolución de una de estas entidades, se una con el fondo con el que cuentan las financieras populares (sofipos) para que en un futuro éste sea administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, tal y como lo contempla la iniciativa.
Tomás Carrizales Villegas, presidente del Comité Técnico del Fondo de Protección Cooperativo (Focoop), declaró que en caso de que se apruebe dicha iniciativa, que también reforma la Ley para Regular las Actividades de Socaps (LRASCAP), los 800 millones de pesos con los que cuenta dicho fondo prácticamente se perderían al juntarlos con el Fondo de Protección de las Sofipos (Prosofipo).
Carrizales Villegas detalló que de los 800 millones de pesos que se encuentran actualmente en el Focoop, 600 millones de pesos corresponden a las aportaciones que desde el 2010 han hecho las socaps autorizadas y sólo 200 millones de pesos a las contribuciones del gobierno federal.
Desde el inicio de este fondo, en el 2010, el gobierno se comprometió a que por cada peso que las cooperativas aportaban realizaría una aportación similar, pero hasta la fecha no ha cumplido , acotó el directivo del Focoop.
Sofincos se niegan a desaparecer
Las sociedades financieras comunitarias (sofincos) se niegan a desaparecer del sistema financiero mexicano tal y como lo contempla la nueva iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que socios de éstas bloquearon una de las entradas a la Cámara de Diputados, recinto donde se discute dicha ley.
Ayer, en las afueras de San Lázaro, cerca de 400 personas socias de las 25 sofincos existentes en el país, así como de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se aglutinaron a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro para expresar su inconformidad por la también llamada ley Ficrea, que contempla la desaparición de estas entidades dedicadas al ahorro y crédito popular en comunidades rurales.
Durante su estancia, los inconformes explicaron que 25 sofincos son las que operan en el país y sólo una SMB Rural se encuentra autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que las demás por su bajo nivel de activos son consideradas de nivel básico.
Estas 25 sofincos atienden a 77,418 socios, representan activos totales por 279 millones 174,218 pesos y su cartera de crédito asciende a 201 millones de pesos con una captación total en depósitos por 188 millones 165,089 pesos , se explicó en un comunicado.
Además, dicho documento indicó que del total de membresía de las sofincos, 70% de sus socios son indígenas nahuas, otomíes, chinantecos, zapotecos, mixtecos, tzeltales, tzotziles, totonacas, mixes, mazatecos, huaves, chontales y tlapanecos, que se encuentran en 330 municipios de alta marginación en 11 estados de la República.
Paralelamente, representantes de estas sofincos acudieron a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dejar una carta que explica que la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular castiga a campesinos e indígenas.
