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Política

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¿Ya vinculaste tu celular a tu CURP? El plazo vence el 30 de junio

La vinculación de líneas celulares con la CURP se convirtió en un requisito obligatorio en México durante 2026.

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Ilustración EE: Nayeli Tenorio

Redacción El Economista

Desde enero de 2026, los usuarios de telefonía móvil en México deben asociar su línea telefónica a una persona física o moral mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) o, en el caso de empresas, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La disposición forma parte de los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para identificar a los titulares de las líneas móviles. 

La medida cobró relevancia conforme se acerca la fecha límite establecida por las autoridades: el 30 de junio. De acuerdo con la CRT, quienes no completen el trámite antes del vencimiento podrían enfrentar la suspensión del servicio telefónico y de datos hasta regularizar su situación. 

¿En qué consiste la vinculación?

El registro obliga a que cada número telefónico se asocie a una identidad verificable. Para ello, los usuarios deben proporcionar datos como nombre completo, CURP y número telefónico, además de acreditar su identidad mediante los mecanismos definidos por cada operador. 

El proceso puede realizarse de forma presencial en centros de atención de las compañías telefónicas o mediante plataformas digitales habilitadas por los operadores. Las empresas de telefonía son las responsables de recabar y resguardar la información de sus clientes. 

Las autoridades señalaron que no se trata de un padrón administrado directamente por el gobierno federal. Según la CRT, la información permanece bajo resguardo de las compañías telefónicas y sólo podría ser requerida conforme a los procedimientos legales aplicables. 

Cada persona física puede vincular hasta 10 líneas telefónicas a su CURP, mientras que las personas morales pueden registrar múltiples números utilizando su RFC.

¿Cuál es el objetivo?

Las autoridades justificaron la medida como una herramienta para combatir delitos cometidos a través de líneas telefónicas anónimas, como extorsiones, fraudes y secuestros virtuales. La intención es dificultar que los delincuentes utilicen números sin identificar para cometer ilícitos.

La regulación también busca eliminar el anonimato en la contratación de líneas móviles, una práctica que, según la autoridad, dificulta las investigaciones relacionadas con delitos cometidos a través de llamadas o mensajes telefónicos. 

Además, desde el 9 de enero de 2026 los nuevos chips o líneas deben quedar asociados a una identidad antes de utilizar plenamente los servicios de telecomunicaciones. 

Críticas y preocupaciones

Organizaciones especializadas en derechos digitales y privacidad cuestionan la medida. Entre las principales preocupaciones se encuentran la seguridad de los datos personales, los riesgos de filtraciones y la efectividad real del registro para disminuir la incidencia delictiva. 

Advierten que la concentración de información personal vinculada a millones de líneas telefónicas exige mecanismos sólidos de protección y ciberseguridad para evitar accesos indebidos o vulneraciones de datos.

También señalan posibles dificultades para sectores de la población que enfrentan barreras de acceso a tecnologías digitales o a documentos de identificación, especialmente en comunidades rurales o apartadas. 

Pese a estas observaciones, las autoridades reiteran que la obligación se mantiene vigente y que, hasta ahora, no contemplan una prórroga general para el proceso de vinculación. 

¿Qué ocurre si no registras tu línea?

De acuerdo con la regulación vigente, los usuarios que no vinculen su número dentro del plazo establecido perderán temporalmente el acceso a los servicios de telefonía y datos móviles. No obstante, las autoridades indicaron que el número telefónico podrá recuperarse una vez que se complete el procedimiento correspondiente. 

La CRT informó recientemente que millones de líneas aún no fueron registradas, por lo que mantiene campañas de información para promover el cumplimiento de la medida antes de la fecha límite, que será el 30 de junio. 

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