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Política

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Presos que no tienen sentencia saturan cárceles

Causa en Común encontró precariedad del personal penitenciario, ninguna entidad federativa cuenta con un servicio profesional de carrera para custodios y que únicamente cuatro estados capacitan a personal para esta función.

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 Ilustración: El Economista

Arturo Rojas

El sistema penitenciario mexicano acumula sobrepoblación, falta de personal de custodia profesionalizado y miles de personas encarceladas sin sentencia. En septiembre de 2026, 122,549 personas privadas de la libertad permanecían sin una resolución condenatoria, 44.3% de una población penitenciaria nacional de 276,873 personas, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) retomadas por Causa en Común.

En su informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales”, presentado este 28 de octubre en colaboración con la organización Perteneces, Causa en Común dio a conocer que del total de personas encarceladas, 258,844 fueron hombres, equivalentes a 93%, y 18,029 son mujeres, 7 por ciento.

Por fuero, 242,370 personas están recluidas por delitos del ámbito común y 34,503 por delitos federales.

Capacidad penitenciaria

A septiembre de 2026, los centros penitenciarios estatales registraban una sobrepoblación de 38,796 personas, equivalente a operar 19% por encima de su capacidad instalada. En total, 20 entidades federativas tenían más personas recluidas que espacios disponibles.

Los casos más elevados reportados en el diagnóstico fueron Nayarit, con 257% de sobrepoblación; Estado de México, con 125%; Morelos, con 115%; Sonora, con 108%, y Quintana Roo, con 103%.

La saturación ocurrió en un contexto de reducción del número de centros penitenciarios estatales: de 298 en 2015 a 261 en 2026, con base en los datos recopilados en el material del informe.

Causas del hacinamiento

Para Causa en Común, el hacinamiento no puede explicarse únicamente por la falta de espacios. También está relacionado con decisiones de política criminal y con el uso de la prisión preventiva oficiosa, que permite encarcelar de manera automática a personas acusadas de determinados delitos mientras continúa su proceso judicial.

El informe planteó que esta medida se ha utilizado de manera expansiva ante las deficiencias de investigación de las fiscalías. En ese contexto, advirtió que la prisión preventiva puede prolongar el encarcelamiento de personas cuya responsabilidad penal todavía no ha sido determinada mediante una sentencia.

También se señaló que al menos una quinta parte de las personas que permanecen sin sentencia llevaría dos años o más esperando una resolución, según las cifras del diagnóstico.

Arturo Rojas

Reportero y licienciado en Ciencias de la Comunicación

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