Organizaciones alertan sobre posible restricción al amparo ambiental

Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos expresaron su preocupación por el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Yasmín Esquivel, que buscaba restringir el acceso de asociaciones civiles y colectivos al juicio de amparo en materia ambiental, al exigirles acreditar afectaciones directas para poder acudir a los tribunales.

El documento, relativo a la contradicción de criterios 217/2021, iba a ser discutido este jueves 9 de octubre por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, el asunto fue retirado de la lista a solicitud de la propia ministra Esquivel, según informó durante la sesión el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

“La contradicción de criterios número 217/2021, también tenemos solicitud de audiencia para escuchar a los interesados en este tema y este es un asunto de la Ministra Esquivel Mossa, creo que ella misma, también, tiene algunas peticiones en este sentido”, mencionó el ministro presidente.

Según las ONG firmantes, el proyecto proponía un criterio que limitaba la legitimación activa de las asociaciones civiles defensoras del medio ambiente para promover juicios de amparo, al considerar que el objeto social de una organización no basta para acreditar el interés legítimo.

“El papel (de las organizaciones) en la defensa del derecho a un medio ambiente sano no depende de una afectación individual ni de un vínculo directo con lo que se reclama, sino de su misión institucional en la promoción y defensa del interés público ambiental”, explicaron.

Las organizaciones entre las que se encontraron CEMDA, Greenpeace México, Fundar, Artículo 19, México Evalúa, la Red TDT y el Centro Prodh, entre otras, señalaron que el proyecto de Esquivel Mossa contradecía el principio de progresividad y vulnera el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

También señalaron que esta iniciativa judicial coincide con lo que calificaron como la ofensiva legislativa en el Congreso, donde se aprobó una reforma a la Ley de Amparo que busca restringir el interés legítimo y limitar las suspensiones de actos de autoridad.

Las organizaciones pidieron a la Corte no retomar el proyecto en los mismos términos y llamaron a las ministras y ministros a reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo, acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.